Las últimas medidas anunciadas por los diferentes Gobiernos son escasas e insuficientes, un motivo más para la huelga general

Este es el comunicado conjunto que han leído las y los representantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria que han comparecido públicamente en Bilbao:

Los acontecimientos de las últimas semanas nos ratifican en la pertinencia de convocar la huelga general del 30 de enero. Por un lado, hemos recibido la negativa del lehendakari Urkullu (a diferencia de la presidenta Chivite) a reunirse con las organizaciones sindicales y sociales que componemos la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, alegando que no tenía competencias sobre las reivindicaciones de la Huelga.

No es verdad la falta de competencias que alega el Lehendakari. La convocatoria de la huelga va encaminada a tomar medidas concretas en los ámbitos del empleo, las pensiones y los derechos sociales, y el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra tienen competencias para ello, como por ejemplo para:

• Eliminar la temporalidad en esas Administraciones, que se encuentra a la cabeza europea, llegando al 40%.

• Garantizar al empleo subcontratado el derecho de subrogación, un salario mínimo de 1.200 euros y una jornada máxima de 35 horas.

• Complementar las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros. Los informes jurídicos de los Parlamentos de Gasteiz e Iruñea reconocen esas competencia.

• Medidas contra la brecha salarial.

• Aprobar los contenidos de la ILP contra la pobreza y la exclusión social, que abordaba medidas sobre prestaciones sociales y el derecho a acceder a una vivienda.

• Giro de la política fiscal para erradicar el fraude fiscal y aumentar sustancialmente los impuestos a las rentas altas, las empresas y el capital.

• Trabajar por un marco propio de relaciones laborales, en el que las decisiones sobre la legislación laboral y social se tomen en Euskal Herria.

Asimismo, el Gobierno del Estado español, siguiendo el contenido del acuerdo programático alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos, ha adoptado algunas medidas que afectan a las pensiones (subida del 0,9% en 2020, pero la vez entra en vigor el retraso en la edad de jubilación y el aumento de periodo de cálculo de las pensiones acordado en la reforma de 2011) y al SMI (dando derecho de veto a la patronal, para situarlo en 950 euros en vez de los 1.000 anunciados).

Estas medidas no dan respuesta a las demandas de la huelga general, y apuntan a una forma de gobernar en el que instrumentos como el denominado diálogo social o el Pacto de Toledo recuperan su papel de justificar recortes o de paralizar la recuperación de derechos.

Nos reafirmamos en la necesidad de impulsar la presión y la movilización social como vía para avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales ante cualquier gobierno, con independencia de las fuerzas políticas que lo conformen. En esa dirección, hemos remitido una carta a las organizaciones sindicales CCOO y UGT en las que se les anima a que, desde su propio espacio y planteamiento, se sumen a las convocatorias del 30 de enero.

La huelga general del 30 de enero va a ser muy exitosa. Concita ya el apoyo expreso de miles y miles de trabajadoras y trabajadoras que ya han decidido en asambleas sumarse a la misma. Del mismo modo, la extensión de los comités de huelga por todo el territorio y la participación en los mismos de decenas de organizaciones sociales (además de los sindicatos) hace prever un fuerte nivel de movilización.