Los acuerdos del Gobierno vasco, las Diputaciones y el PNV con Rajoy continúan con las políticas de ajuste y suponen un ataque al autogobierno

El 11 de julio el gobierno de Rajoy sacó adelante, gracias al voto del PNV, el denominado techo de gasto, que en realidad es un corsé para limitar la capacidad de decisión del conjunto de las administraciones del Estado español, incluidas las de Hego Euskal Herria (Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra, Diputaciones Forales y Ayuntamientos).

Como ELA vaticinó en la valoración de dicho acuerdo, el Gobierno Vasco tardó apenas tres días en comprometerse con el Gobierno de Rajoy a que en 2018 el déficit del Gobierno de Urkullu no supere el 0,4% del PIB. También asume que el límite de déficit sea para 2019 el 0,1% del PIB, y eliminar el déficit en 2020. Estos porcentajes para el límite de déficit son los mismos que el Gobierno de Rajoy ha impuesto para los tres próximos años a todas las Comunidades Autónomas, con el voto en contra de las gobernadas por el PSOE, el Gobierno de Catalunya y el de Cantabria.

La concreción de este acuerdo tuvo su materialización en los Acuerdos alcanzados el 19 de julio de 2017 en la Comisión Mixta del Concierto Económico (CMCE), formada por el Gobierno español, el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones de la CAPV. Dentro del mismo se presentan otras medidas que reflejan la voluntad del Gobierno Vasco para continuar aplicando políticas neoliberales, de ajuste y de recortes. Es el mismo modelo antisocial que aplica el PP en el conjunto del Estado. Así:

El Gobierno Vasco y las Diputaciones se han comprometido a cumplir la denominada “regla de gasto”. Cabe recordar que el acuerdo alcanzado entre el PP y el PNV el 11 de julio establece que el presupuesto de todas las instituciones (incluidas las de Hego Euskal Herria) crezca en 2018 como máximo el 2,4% en términos nominales (muy por debajo del crecimiento nominal de la economía, que se puede estimar en alrededor del 5%, con la consiguiente pérdida del peso del gasto público en la economía).

El Gobierno Vasco ha ratificado su compromiso con dicha limitación. De hecho, lo acordado el 19 de julio en la CMCE hace referencia al Plan Económico Financiero 2017-2018 que ha presentado el Gobierno Vasco. Es un plan que no se ha hecho público. La única referencia conocida sobre el mismo está en la página web de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), de ámbito estatal, organismo que evalúa si el Gobierno Vasco cumple o no con la regla de gasto. Según el documento de Airef, el Gobierno Vasco prevé aumentar su gasto en 2018 en solo el 2%, aún menos que lo fijado por Rajoy.

Este año la recaudación de las haciendas de la CAPV está creciendo por encima de lo esperado (dato que se debe confirmar a lo largo del año). Sin embargo, la regla de gasto implica que ni siquiera en el caso de que las instituciones vascas tengan ingresos suficientes podrán incrementar el gasto. Y lo mismo ocurriría los próximos años. Los mayores ingresos obtenidos, en su caso, se tendrían que destinar al pago adelantado de la deuda pública, impidiendo que se pueda aumentar la inversión social. Se puede llegar al absurdo de que una institución no tenga deuda que amortizar y, con necesidades sociales o de inversión que realizar, se vea obligada a destinar sus ingresos al ahorro.

Se ataca frontalmente uno de los contenidos del Concierto Económico. Siempre se nos ha dicho que el Concierto permite a las instituciones vascas tener sus propios ingresos para poder decidir sus propios gastos. La regla de gasto es justo lo contrario a eso. ¿Para qué sirve poder tener más ingresos si se acepta que el gasto no puede crecer?

Una de las consecuencias de que el Gobierno Vasco siga aceptando la regla de gasto y la prioridad del pago de la deuda va a ser el deterioro progresivo de los servicios públicos y el recorte de las prestaciones sociales. En vez de reducir el enorme diferencial de dotaciones presupuestarias que tenemos en Sanidad o Educación respecto a la media europea, la distancia va a crecer. Asimismo, los ajustes van a continuar mediante las licitaciones a la baja con el consiguiente deterioro de las condiciones de trabajo en las subcontratas; negando la negociación colectiva en el sector publico; destruyendo empleo...

Las conclusiones de todo esto son:

El PNV permite con sus votos continuar con la política de limitar el gasto público y a la vez dar prioridad al pago de la deuda sobre el resto de actuaciones de las instituciones, así como limitar las competencias de todas ellas. Esta política se puso en marcha con la reforma del artículo 135 de la Constitución en 2011 y se concretó con la nefasta Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012.

La aprobación de estas medidas es un paso necesario para seguir aplicando las políticas de ajuste y los recortes masivos en el espacio social.

Que el Gobierno Vasco acepte para 2018-2020 los mismos límites de déficit público que Rajoy ha impuesto al resto de Comunidades Autónomas (al igual que ha sucedido en los ejercicios anteriores), y que además pretenda hacer creer a la sociedad de que ese “acuerdo” es consecuencia de la bilateralidad, es un insulto a la inteligencia. Y en todo caso ejemplifica que esa supuesta bilateralidad se basa en aceptar lo que Madrid impone, lo cual se parece más a la sumisión que a otra cosa.

Los acuerdos alcanzados en la CMCE suponen eliminar la capacidad de las instituciones de la CAPV para decidir su propia política presupuestaria, lo que supone un ataque frontal al Concierto Económico y al autogobierno.

ELA denuncia la falta de información y de transparencia con la que las instituciones vascas han abordado una cuestión de tanta trascendencia. Esto se debe al interés que tiene el poder político y económico en profundizar en su deriva neoliberal y antisocial a través de la imposición de este tipo de políticas. Solo alimentando la ignorancia de la ciudadanía se pueden seguir aplicando estas políticas.

ELA exige a todas las instituciones de Hego Euskal Herria que hagan sus presupuestos teniendo en cuenta las necesidades sociales existentes, y no acepten la limitación que supone la regla de gasto.

ELA solicita a las fuerzas políticas progresistas que rechacen este acuerdo. Nos parece imprescindible que se haga oposición política y social a esta política. Es inaceptable que la discusión del Cupo se mezcle con el resto de la política presupuestaria y fiscal para que el PP y el PNV refuercen su posición antisocial, tanto para que el PNV apoye al PP en Madrid, como para que el PP haga lo mismo con el Gobierno del PNV y PSE-EE.