Los ricos pagarán menos en la CAPV que en el Estado español por el impuesto a las grandes fortunas

Cabe recordar que el impuesto a las grandes fortunas es de carácter temporal y que, en un principio, el PNV y el PSE rechazaron su aplicación en las diputaciones vascas. De hecho, el PNV no votó a favor de su aprobación en el Congreso. Finalmente, ambos partidos realizaron una propuesta para incluir el tributo en el Concierto en 2022, pero no se reguló para las diputaciones, siendo la CAPV la única Comunidad Autónoma en donde los ricos no pagaron ni un euro por este impuesto.

Su regulación debía cerrarse en 2023 y la propuesta del PNV y PSE para los tres territorios era muy insuficiente: un tributo como complemento del Impuesto de Patrimonio y que apenas afectaria a 65 personas, con una irrisoria recaudación prevista de 2,5 millones de euros. Finalmente, Elkarrekin Podemos ha llegado a un acuerdo con la coalición para que el impuesto se aplique en Araba y Gipuzkoa, donde el PNV y PSE no tienen mayoría y así “endurecer” la propuesta inicial de ambos partidos. De esta forma, el tipo más alto del impuesto (un 3,5%) se comenzará a aplicar a partir de los 14,5 millones de euros y no de los 16 que pretendía la propuesta inicial. De la misma forma, en el tramo anterior (12,8 millones de euros) se aplicará un 2,5% en Araba y Gipuzkoa, mientras que en Bizkaia será un 2%, dado que el PNV y PSOE no necesitan a Elkarrekin Podemos para aplicar el impuesto.

A pesar de estos cambios, el impuesto a las grandes fortunas para la CAPV está lejos del que se va a aplicar en el Estado español, donde el tipo máximo se aplica a partir de los 10,6 millones (y no de los 14,5 millones de la CAV). Queda claro que, una vez más, el Concierto Económico se utiliza para beneficiar a las grandes fortunas y a dar un tratamiento más ventajoso a quienes más tienen.

ELA demanda justo lo contrario: una utilización del Concierto y del Convenio Económico para aumentar notablemente los impuestos a pagar por las rentas altas, los patrimonios, el capital y por los beneficios de las empresas, además de para perseguir el fraude fiscal, que se concentra en las rentas no salariales.