Marta Vera obtiene el respaldo de sus sindicatos afines para defender la reforma ilegal de Atención Primaria de Nafarroa
El sindicato ELA muestra su radical rechazo ante el anuncio de la consejera de Salud, Marta Vera, de seguir adelante con la imposición de su reforma de Atención Primaria y Urgencias Rurales, pese a que el informe jurídico oficial del Parlamento de Navarra ha ratificado lo que ELA ya denunciaba en su recurso: este plan es ilegal.
ELA ya adelantó hace meses que este plan modifica gravemente las condiciones laborales de todos los trabajadores/as de Atención Primaria e incumple el pacto firmado por unanimidad en 2008 por el que se crearon los Servicios de Urgencias Rurales (SUR).
ELA solicita de nuevo la paralización inmediata de esta reforma impuesta desde el Gobierno y la minoría sindical (Satse, CCOO, UGT y Afapna). Entre otras cuestiones, esta reforma impone a decenas de profesionales jornadas continuas de 12 horas (de 8 de la mañana a 8 de la tarde), abonando el exceso de jornada como guardia y no como hora extra. Se trata, en definitiva, de una medida de recorte y ahorro que empeora la atención sanitaria y precariza enormemente las condiciones laborales. Tras estas actuaciones, no es creíble la apelación de alguno de los sindicatos firmantes a la creación de 12 puestos (que serán en precario).
Además, esa imposición de horas extras encubiertas supone ocupar unos 200 puestos de trabajo que se deberían cubrir si el Gobierno de Navarra aplicara la jornada de 7 horas y 20 minutos legalmente establecida. Por si esto fuera poco, los letrados del Parlamento han certificado que incumple la Ley Foral 2/2013, por no haber evaluado las necesidades de atención sanitaria en las zonas rurales y por haber prescindido de la participación de profesionales, entidades locales y colectivos sociales.
Y por si ello no bastara, el Gobierno de Navarra ha incumplido el mandato legal de someter este Plan a votación en el Parlamento. “Por tanto -concluye el dictamen jurídico-, no cabe ninguna duda de que se ha incumplido la ley foral”, lo que conlleva las siguientes consecuencias: “La adopción de resoluciones ilegales por los responsables de la Administración, además de responsabilidades políticas, puede acarrear responsabilidades personales en los órdenes civil, administrativo, disciplinario e incluso penal”.
Así las cosas, todavía es más incomprensible el papel de Satse, CCOO, UGT y Afapna, firmantes de este acuerdo ilegal y responsables de seguir dando cobertura a una medida que puede derivar en responsabilidades penales. En otras palabras, estas organizaciones se ponen del lado del Gobierno de Barcina a la hora de saltarse las leyes, en este caso para imponer recortes y perjudicar la atención sanitaria en las zonas rurales. Lamentablemente, en lugar de rectificar, Satse, CCOO y UGT persisten en su error, pero a partir de ahora a sabiendas de que están respaldando un plan ilegal.