No a esta reforma, porque consolida los recortes de 2011 y da nuevos pasos en esa misma dirección

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1. La reforma sí contiene recortes

Se pretende construir un discurso hegemónico sobre la reforma, señalando en primer lugar que no contiene recortes. Esto es falso. Se recortan las pensiones que van a cobrar las personas menores de 50 años, al pasar de calcular la cuantía de las nuevas pensiones con los últimos 25 años a calcularla con 29 (eliminando 24 meses), tras un periodo transitorio.

Negar este recorte es faltar a la verdad. Hay que tener en cuenta, además, que esta medida supone profundizar en un proceso de aumento progresivo del número de años que se tienen en cuenta, en el que los 29 años no son el escenario final, al igual que no lo son los 25 actuales ni los 15 que existían en 2011 o los 8 anteriores.

2. La reforma abre la vía a recortes en el corto plazo

Otra de las grandes mentiras de la reforma es que se garantiza el sistema a largo plazo. Sin embargo, la realidad es que lo acordado muestra que en marzo de 2025, y luego cada 3 años, se da la postestad a la Airef, agencia neoliberal que presidió en su día el Ministro Escrivá, para valorar la situación del sistema de pensiones y plantear medidas, que sin duda van a ser la base de recortes futuros.

3. No se da marcha atrás en ninguna medida de recorte de la reforma de 2011

En 2011 Zapatero acordó con CCOO, UGT y la CEOE un fuerte recorte de las pensiones: pasar la edad de jubilación de 65 a 67 años; pasar de tener en cuenta 15 años para el cálculo de la pensión a tener en cuenta 25; recorte de las jubilaciones anticipadas. A un gobierno progresista se le debe exigir dar marcha atrás en los recortes de derechos aprobados por los gobiernos anteriores. Sin embargo, nada de eso se plantea en esta reforma. La edad de jubilación no se toca. La jubilación anticipada se empeoró en la reforma de 2021, y no solo no se vuelve de 25 a 15 años para calcular la pensión, sino que se pasa de 25 a 29.

4. Las pensiones mínimas siguen estando por debajo del umbral de la pobreza

Otro de los temas en el que la propaganda está sustituyendo a la realidad es en lo que hace referencia a las pensiones mínimas. Si bien es cierto que se ha acordado una mejora progresiva durante 4 años, es evidente que esta mejora es muy pequeña, y que apenas se va a notar en estos cuatro años. Además, aunque han marcado en los medios de comunicación la referencia de los 1.200 euros, se falta absolutamente a la verdad, ya que muchas pensiones mínimas estarían hoy, de aplicarse los criterios acordados para 2027, por debajo de los 900 euros, e incluso por debajo de los 800.

5. La brecha de género se perpetúa

Las medidas para reducir la diferencia existente entre las pensiones de las mujeres y las de los hombres son apenas imperceptibles. Incluso se puede indicar que medidas como pasar de 25 a 29 años para calcular la pensión perjudican más a las mujeres que a los hombres.

6. Una reforma tutelada por la UE y que no se corresponde con los tiempos actuales

La Comisión Europea, órgano no elegido democráticamente, ha avalado la reforma del sistema de pensiones aprobado por el gobierno de coalición español del PSOE y Unidas Podemos. Una aprobación que la Comisión Europea había fijado como condición para que el Estado español recibiera el tercer desembolso de 9.000 millones de euros del total de 70.000€ en concepto de subvenciones vinculadas al fondo Next Generation para el trienio 2021-2023.

La reforma del sistema público de pensiones no deriva de un debate democrático abierto a todos los agentes sociales, porque se aprueba a través de un decreto ley (a pesar de la trascendencia social de la medida) y porque es fruto de la extorsión del órgano de gobierno de la Unión Europea.

7. Una reforma de pensiones regresiva que profundiza en la privatización del sistema público

La reforma de pensiones es regresiva, y se enmarca en un planteamiento en el que se están impulsando los planes privados de pensiones, como hizo el gobierno de Pedro Sánchez en julio de 2022, aprobando los denominados Planes de Pensiones de Empleo, que consisten en la promoción, mediante la negociación colectiva, de planes de pensiones privados en cada sector, gestionados por entidades financieras o aseguradoras, y que pretenden utilizarse para avanzar en la estatalización de la negociación colectiva.

Por todo ello ELA, CIG y La Intersindical hemos decidido impulsar una dinámica de movilización propia en nuestros territorios, para rechazar esta reforma y exigir la jubilación a los 65 años, que se tengan en cuenta 15 años para calcular la pensión y se apruebe por ley de forma inmediata una pensión mínima de 1.260 euros, que es aproximadamente el importe equivalente al 60% del salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europea.

Hacemos un llamamiento a los partidos políticos a que rechacen los recortes y se comprometan a no dar por buena ninguna reforma que no recoja estas medidas.

Esta dinámica va a tener diferentes hitos, que van a ser: el 29 de marzo en Galiza, el 4 y el 20 de abril en Euskal Herria y el 30 de marzo en Catalunya.