Plataforma Batera y Colectividad Territorial de Iparralde
La organización colectiva de Francia está estructurada en diferentes niveles: de menor a mayor, ayuntamientos, departamentos y regiones. A ellos se suman las mancomunidades (que dependiendo de el tamaño pueden ser asociaciones populares o asociaciones urbanas) y, por encima de todos, el Estado. Son, pues, cinco capas organizadas en una tarta administrativa, cada una con sus respectivas competencias. Durante las últimas décadas, Ipar Euskal Herria ha buscado su lugar en esta organización con la ayuda de la plataforma Batera.
La plataforma Batera nació en 2002 con el objetivo de aunar y estructurar las fuerzas militantes en torno a cuatro reivindicaciones: la cooficialidad del euskera, la creación de una cámara agrícola, la universidad y el Departamento Vasco. En aquella época, el País Vasco francés carecía de reconocimiento institucional y de competencias decisorias. En este contexto, la lucha por un departamento territorial fue el primer objetivo.
París cerró la puerta a esa reivindicación, pero, a través de un cambio legislativo, apareció otra opción: la colectividad territorial con estatus especial. Este tipo de estructura permite adaptar la tarta administrativa clásica teniendo en cuenta la realidad y las peculiaridades de determinados territorios. Así ha ocurrido en París, Lyon, Córcega o Alsacia, unificando estructuras administrativas y reconociendo competencias especiales. A partir de 2012, la plataforma Batera adaptó la reivindicación y comenzó a trabajar en el proyecto de Colectividad Territorial de Iparralde. Se consiguió una amplia mayoría social y política sobre esta petición, pero París volvió a cerrarle las puertas.
En 2017, para dar respuesta, en parte, a la demanda de institucionalización de Ipar Euskal Herria, se creó Euskal Hirigune Elkargoa. A pesar de ser un instrumento limitado, por primera vez Iparralde tuvo su propia institución, para decidir a escala territorial. Euskal Hirigune Elkargoa es una mancomunidad gigantesca que agrupa a los 158 munipios de Iparralde. Su funcionamiento es muy lento y sus competencias, es decir, las áreas con capacidad de decisión, son limitadas. Sin embargo, a través de esta herramienta, el País Vasco francés ha demostrado ser capaz de trabajar a esa escala. En algunas áreas (transportes públicos, planificación de la transición ecológica, etc.) se ha superado el potencial de la herramienta. Pero, tal y como se preveía desde el principio, una mancomunidad no cumple la reivindicación de la plataforma Batera: no satisface la necesidad de una competencia de organización y decisión a nivel de Iparralde, ni sustituye lo que supondría una colectividad territorial de estatus especial.
Mejoras significativas de la Colectividad Territorial
Una Colectividad Territorial podría traer mejoras sustanciales a Ipar Euskal Herria, a nivel democrático, organizativo y competencial. En cuanto a la democracia, la primera gran ventaja sería el voto directo. En la actualidad, y especialmente en las elecciones locales que tendrán lugar en marzo de 2026, la ciudadanía no nombra directamente a los y las representantes de dicha Comunidad Vasca. Votan para elegir a los concejales y las concejalas de los pueblos, y en función de los resultados de estos votos se designan los y las representantes de la Comunidad. Como consecuencia de esta organización, los temas de la citada Comunidad Urbana pasan a un segundo plano en el debate público. De crearse la Colectividad Territorial, se organizarían votos directos: los consejeros y las consejeras serían elegidos directamente por la ciudadanía, y los debates políticos se estructurarían en torno a proyectos de ámbito territorial.
También a nivel organizativo, una Colectividad Territorial podría traer importantes avances. Es más flexible que una mancomunidad y, siendo de estatus especial, tendría la capacidad de adaptarse a las necesidades de un territorio. La plataforma Batera lleva las reflexiones a este nivel para ilustrar un sistema en parte similar al que ya se aplica en la metrópoli de Lyon: contar con instancias que representen a los municipios del territorio –y a sus electos/as– junto a los consejeros y las consejeras elegidos/as por voto directo, al mismo tiempo en que se creen espacios donde la sociedad civil sea representada y escuchada.
Por último, en el ámbito competencial también serían posibles grandes avances. La Comunidad Urbana Vasca no sólo tiene pocas competencias, sino que en muchas ocasiones tiene competencias compartidas, y hay que actuar con colectividades de otro nivel, cuyas prioridades y perspectivas son diferentes. La política lingüística es un claro ejemplo de ello. La denominada Euskal Hirigune Elkargoa quiere y necesita apoyar el euskera, pero no gestiona las escuelas de primer ciclo (EPA y FP) que dependen de los ayuntamientos, los colegios que dependen del departamento (FP6 – ESO3) o los liceos que dependen de la comarca (ESO3 a bachillerato). Para llevar una política lingüística completa y coherente, se han tenido que crear instrumentos como Euskararen Erakunde Publikoa, que agrupa a las instituciones con competencias lingüísticas –estado, comarca, departamento y Euskal Hirigune Elkargoa–. Esta herramienta podría ser potencialmente eficaz, pero en los últimos años no se ha avanzado, ya que las estructuras con centros de decisión en París, Burdeos o Pau no dan al euskera la prioridad que le dan los y las habitantes de Iparralde. Una Colectividad Territorial que tuviera la competencia de política lingüística podría transformar profundamente esa situación. Problemas similares se dan en las relaciones transfronterizas, en lo social, en lo agrario y en otras políticas.
En la primavera de 2025, la plataforma Batera ha retomado la reivindicación de la Colectividad Territorial, con el objetivo de lograr una nueva mayoría social y política, y dar un salto significativo en el nivel de institucionalización de Iparralde.