“Sin conflicto no hay buen acuerdo”

27/03/2018
Mari Cruz Elkoro, Secretaria General de Zerbitzuak, responsabiliza a las distintas administraciones de la precariedad en las subcontratas públicas

- ¿Por qué las subcontratas públicas son un sector estratégico de lucha sindical?

- Zerbitzuak es un observatorio de precariedad laboral. Se dan todos los ingredientes: convenios estatales con condiciones de miseria; contratos a tiempo parcial, casi siempre dirigidos a mujeres; subcontratación en el ámbito privado; el outsourcing como nueva modalidad de explotación laboral; subcontratas en el ámbito público cada vez más precarias… Las subcontratas públicas, donde trabajan muchísimas mujeres, es un ámbito de precariedad laboral.

ELA puso en marcha en 2014 dos Iniciativas Legislativas Populares para dignificar las condiciones de las entorno a 50.000 personas que trabajan en este ámbito. Queríamos establecer unas condiciones mínimas que fueran garantizadas por ley: subrogación como elemento de estabilidad en el empleo, garantizar que como mínimo el convenio de aplicación fuera el convenio sectorial y establecer sanciones para las empresas incumplidoras. Y no fue posible porque la mayoría parlamentaria rechazó la ILP en la CAPV y la que se aprobó en Navarra dejaba fuera una parte importante de las subcontratas públicas.

- ¿Cómo influyen las política de recortes de las administraciones públicas?

- Las diferentes administraciones toman decisiones que inciden de manera muy grave en las condiciones de trabajo de quienes trabajan en las subcontratas. Una política que incentiva que los servicios se presten a precios muy bajos. Priman el precio por encima de la calidad del servicio y por encima de las condiciones de trabajo, con consecuencias muy negativas: pérdida de empleo por cambios en las empresas que realizan los servicios en los sectores donde no se garantiza la subrogación, reducciones del tiempo de trabajo en jornadas ya de por sí reducidas, que el convenio colectivo sectorial deje de aplicarse en favor de convenios de empresa con salarios muy bajos, jornadas muy altas y pocas coberturas sociales, dobles escalas salariales porque se imponen peores condiciones a las nuevas contrataciones… El objetivo es combatir la precariedad trabajando centro a centro, institución a institución y subcontrata a subcontrata.

- No podemos olvidar que la responsable última es la Administración…

- Es la contratante principal, quien decide si se subcontrata o no un servicio, quien decide en qué condiciones se va a prestar (precio) y qué empresas son adjudicatarias. Es lamentable la calidad ética de las empresas que en muchas ocasiones resultan adjudicatarias y el trato y las condiciones que imponen a las trabajadoras y trabajadores. Y lo peor es que esto se permite por parte de los responsables políticos.

- En las subcontratas hay muchos intereses económicos y políticos en juego…

- Hablamos de un gran negocio que se lo reparten entre unas cuantas empresas en función del sector. Un negocio que se nutre de dinero público y que ha ido fomentando redes clientelares y reparto y gestión del empleo en estos ámbitos. Por eso, cuando tenemos un conflicto en alguna de las subcontratas del ámbito público, sabemos que además de reivindicar condiciones laborales estamos tocando otro tipo de intereses. Las huelgas en estos ámbitos en general suelen ser duras, demasiado largas en ocasiones. Por ello son tan complicadas.

- ELA está llevando a cabo esta pelea en solitario en la mayor parte de los casos. ¿Por qué?

- Para esta batalla hace falta una organización potente con discurso y práctica en este sentido. Y para ello se necesita la caja de resistencia, para que las trabajadoras y trabajadores puedan soportar el conflicto. Hablamos de sectores muy precarios donde en general la gente no tiene colchón económico.

- Algo básico como el derecho al mantenimiento del puesto de trabajo cuando hay un cambio de empresa –la subrogación– sigue siendo el caballo de batalla en muchos convenios.

- Estamos peor que hace cuarenta años. La nueva Ley de Contratos Públicos limita la posibilidad de regular la subrogación si esta no viene recogida en el convenio sectorial de referencia. Desde el ámbito político se cercena el derecho al empleo estable para todo lo que depende de la administración.

Por otro lado, las grandes empresas cada vez externalizan más servicios sin garantizar el empleo estable. Empresas como Petronor, Iberdrola o Kutxabank tienen hoy más personas trabajando para ellas que personal propio. Uno de los sectores más perjudicados es el de Oficinas y Despachos y los Servicios Auxiliares. Hoy, estos trabajadores/as reivindican en la negociación colectiva, entre otras materias, el derecho a mantener su empleo ante decisiones de cambios de contratas.

- Recordabas que el Parlamento navarro sí aprobó la ILP de ELA, pero quedaron fuera un tipo de subcontratas públicas. Esa situación se ha intentado subsanar con la ley de Contratos Públicos. ¿Eres optimista?

- No. Éste en un caso claro de que el gobierno del cambio debe demostrar que ese cambio es real; con hechos, no sólo con gestos a la galería o buenas palabras. En la ILP que se aprobó quedaron fuera los llamados contratos de servicios de la administración. Llevamos tiempo negociando con el cuatripartito en el gobierno este tema. Y lo cierto es que recibimos buenas palabras, pero poco más. Sin ir más lejos, la Comisión de Hacienda y Política Financiera del Parlamento de Navarra aprobó el 28 de febrero la creación de una ponencia legislativa sobre el proyecto de Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra. Han decidido paralizar la tramitación de la ley en el Parlamento y trabajar en ponencia, lo que nos hace ser pesimistas sobre el resultado final. Nos parece una tomadura de pelo.

 


 

 Conflictos con nombre propio

Zerbitzuak tiene un gran reto en la subcontratación pública, hoy convertida en un gran foco de precariedad laboral. Si se revisan los últimos conflictos y huelgas llevados a cabo en la federación, se comprueba que la mayoría se han desarrollado en este ámbito: Museo de Bellas Artes, Limpiezas y Polideportivo de Zarautz, Polideportivos de Navarra, Polideportivos de Araba, Polideportivo de Erandio, varios centros de limpieza viaria y jardinería de ayuntamientos de Eskumaldea, Limpieza Viaria de ayuntamientos de Ezkerraldea, Palacio Euskalduna, Tolosaldea bus, OTA de Rentería, OTA de Bilbao…

En casi todos ellos (algunos todavía siguen en marcha), ELA ha conseguido convenios muy buenos e incrementos salariales muy importantes. La clave de estas victorias sindicales ha sido tener el sindicato orientado a este trabajo y Caja de Resistencia para soportar el conflicto. También ha sido decisiva la repercusión mediática y el momento. No basta con tener razón, la estrategia es vital.

OTA Bilbao: En el conflicto de la OTA de Bilbao, la UTE formada por dos empresas pirata –EYSA y CYCASA– ha utilizado a siete despedidos como rehenes de la negociación. Un chantaje en toda regla para obligar a la gente a aceptar cuatro años más, a añadir a los seis que llevaban, de congelación salarial. En este conocido contexto de negociación con un un chantaje puro y duro de por medio, ni el ayuntamiento de Bilbao ni el Gobierno Vasco han movido un dedo en favor de los trabajadores/as.

Polideportivo de Erandio: Más de cuatro meses de huelga, con unas reivindicaciones muy básicas: negociar un convenio de empresa para mejorar los contratos, consolidar las horas, cuidar la salud laboral, regular el descanso entre jornadas... La pelea, sin embargo, se prevé larga y dura. Estamos ante un gerente que se niega a negociar y un ayuntamiento que no le obliga a ello, a pesar de que más del 25% de los socios del polideportivo se han dado de baja.

Tolosaldea bus: La plantilla de Tolosaldea Bus está en huelga desde el 27 de enero para reivindicar un convenio de empresa que dignifique sus condiciones laborales. La precariedad laboral que padecen está poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino también la de las y los usuarios de las líneas. Los trabajadores/as han denunciado que la empresa está incumpliendo los pliegos que marcaron las condiciones de licitación, pero ni el ayuntamiento de Tolosa ni la Diputación Foral de Gipuzkoa toman cartas en el asunto. No sólo eso, se ponen claramente del lado de la empresa al exigir servicios mínimos o seguir abonando por unos servicios que no se están prestando por la huelga. Así las cosas, la empresa sigue aferrada a su posición antinegociadora, que tantos beneficios le reporta.