Sobre el registro policial en Laborantza Ganbara

Jean-Noël Etcheverry. Responsable en Iparralde de la Fundacion Manu Robles Arangiz

Profunda conmoción ante la citación de Michel Berocohirigoin en dependencias policiales y el registro de la sede de Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG) en Ahinize-Monjolose.

El 22 de setiembre, ante la denuncia presentada por el Prefecto, el más alto representante del Estado, el Fiscal de Baiona ha iniciado una investigación para desmostrar que la asociacion EHLG tiene como objetivo sustituir a la Cámara de Agricultura oficial.

El mero hecho de interrogar a Michel Berocohirigoin en la comisaria de Baiona ha chocado a amplios sectores de Iparralde, y ha sido interpretado como un paso más, muy agresivo por parte del Estado en sus repetidos ataques en contra del proyecto Laborantza Ganbara.

La personalidad de Michel Berocohirigoin es unánimamente respetada y reconocida en el País Vasco norte. Su recorrido personal, enraizado desde siempre en la acción sindical pública y en el rechazo de cualquier método violento, su posición de responsable agrícola elegido con la mayoría de los sufragios en los comicios sindicales de Iparralde, su papel de interlocutor al mas alto nivel (con el ministro del interior y del ordenamiento del territorio Nicolas Sarkosy hace poco, por ejemplo) explican la importancia de la conmoción provocada por esa noticia.

También ha causado gran indignación el registro de la sede de Ainhitze-Monjolose. El hecho de mandar policías a hacer un registro en busca de documentos oficiales editados por EHLG, que son totalmente públicos y disponibles en todos lugares de Iparralde, desmuestra un claro intento de criminalizar un proyecto que cuenta con un amplio respaldo en el país desde los abertzale a muchos electos de la derecha francesa, pasando por representantes del Partido Socialista o de los sindicatos mayoritarios como ELB o la CFDT.

El Estado, por mediación del Prefecto había ya atacado públicamente à EHLG, con una famosa carta de amenazas explicitas remitida a sus promotores y a la totalidad de los alcaldes de Iparralde justo antes de la inauguracion de la sede de Ainhize-Monjolose el pasado 15 de enero. Esa carta amenazaba con querellas jurídicas tanto a los promotores del proyecto como a los ayuntamientos que lo apoyaran mediante subvenciones. En los últimos meses efectivamente, el Prefeto ha interpuesto querellas ante del Tribunal administrativo en contra de 27 ayuntamientos que han decidido otorgar esas ayudas a pesar de las amenazas.

El paso dado este 22 de septiembre es si cabe aún más grave pues intenta ilegalizar un proyecto que es la resultante de una lucha ejemplarizante, no-violenta, en torno a una reivindicación una Cámara de Agricultura específica para Ipar Euskal Herria- que cuenta con el apoyo del 70 % de los alcaldes de Iparralde. Con medios propios, movilizados por y en Euskal Herria, se ha conseguido la puesta en marcha de una estructura que quiere llevar a cabo el trabajo que hubiera tenido que desarrollar esa institución especifica rechazada por el Estado: desarrollar una agricultura sostenible y adaptada a las realidades y necesidades del País Vasco. La actitud beligerante del Estado sólo podría traer frustración y desesperación en cuanto a las posibilidades de tener evoluciones mínimas en Iparralde.

A pesar de esa voluntad de crispar la situación por parte del Prefecto, el consejo de administracion de EHLG ha dado a conocer públicamente su negativa a entrar en esa lógica, en una dinámica anti-represiva o en una actitud de respuesta a esas provocaciones.

Por el contrario, EHLG entiende perseguir mas tranquilamente que nunca los ejes de trabajo que han sido iniciados en numerosos sectores de la vida agrícola de Iparralde, cumpliendo así su papel de institución al servicio de las necesidades concretas y cotidianas de la mayoría de los agricultores vascos. La asociación EHLG-ren Lagunak, por su parte, iniciará en los próximos días una nueva campaña de recogida de fondos financieros en apoyo a EHLG, como la mejor manera de responder a las agresiones por parte del Estado.