6.500 trabajadoras, rehenes de la Diputación de Gipuzkoa

Una vez más hay que recordar que ELA ha agotado durante este tiempo las vías para lograr una interlocución a todos los niveles con la Diputación de Gipuzkoa (titular y responsable último del servicio), a fin de abrir una vía de diálogo y lograr un acuerdo duradero y democrático (es decir, firmado por la mayoría). ELA alcanzó incluso un principio de acuerdo con varias patronales que la Diputación boicoteó.

Desgraciadamente, todos los intentos han sido estériles. Ni una mísera reunión. ¿Y por qué?
Porque la Diputación de Gipuzkoa busca lisa y llanamente castigar a ELA y utiliza para ello de rehén a las trabajadoras. La inquina de los mandatarios de la Diputación contra ELA viene de lejos: ven a ELA y a las trabajadoras de las residencias como un enemigo del modelo asistencial que quieren perpetuar (negocio para las empresas a costa de la calidad del servicio público, y basado en la explotación laboral).

Ese modelo se nutre en un 90% de financiación pública (los impuestos de la ciudadanía guipuzcoana), pero su propaganda trata de esconder unas condiciones laborales y una atención asistencial muy precarias (90 minutos cada 24 horas para las y los usuarios). La ecuación es muy sencilla: dinero público, malas condiciones laborales y una atención deficiente suponen un negocio seguro y el reparto de dividendos.

Ese modelo corrió serio peligro durante la pandemia, que puso al descubierto sus carencias asistenciales y su caracter neoliberal. Las acciones de los servicios jurídicos de ELA buscaron garantizar la salud de las trabajadoras y tambien de los y las usuarias (no hará falta recordar que el primer material de aislamiento que les facilitaron las empresas fueron unas bolsas de basura...). Aquellas actuaciones también ponían en riesgo el modelo del PNV para las residencias, y por ello fueron duramente criticadas por Markel Olano: era muy consciente de que el modelo se les podía venir abajo.

Quizá por ello, la Diputación orquestó una doble estrategia: por una parte, presentó “en sociedad” el plan estrategico de residencias, llamado “Libro verde: la transición hacia la residencia del futuro”, que no cuestiona el modelo actual y cuyo objetivo es un lavado de cara post-pandemia. Y por otro lado, diseñaron el plan para la rendición de las trabajadoras... ¿Hasta dónde ha llegado la Diputación de Gipuzkoa en su objetivo de castigar a ELA y a las trabajadoras? Hasta avalar acciones antidemocráticas como acordar un convenio en minoría (con el 8% de la representación sindical: ¿se aceptaría eso en cualquier parlamento?) que ningunea la voluntad de las 6.500 trabajadoras que votan en las elecciones sindicales. Ello muestra qué cultura democrática tienen muchos de nuestros gobernantes...

Ese acuerdo en minoría es profundamente discriminatorio (con el carnet de UGT tendrás más derechos...), usurpa el derecho de huelga e impone al 92% restante la modificación de los artículos sobre calendarios, contratos, salud laboral, vacaciones, la aplicación o no del convenio, subrogación... Desgraciadamente, esta actuación es reincidente: en 2010, la Diputación de Gipuzkoa avaló otro convenio de eficacia limitada que el Tribunal Supremo sentenció contrario al Estatuto de los Trabajadores y a la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Regresando a 2022, ahora el atropello antidemocrático ha subido varios niveles. Diputación, UGT y tres patronales querían imponer a las trabajadoras no afiliadas a UGT que su adhesión personal al convenio incluyera la renuncia a la huelga, un derecho fundamental inherente a la persona y por ello irrenunciable. El chantaje llegaba al punto de imponer un plazo máximo para la adhesión personal, así como otros artículos manifiestamente ilegales, por regular condiciones laborales con proyección y eficacia de generalidad; tales materias no pueden regularse en un convenio de eficacia limitada, como por ejemplo, jornadas de trabajo, calendarios, funciones, etcétera.

Tan grande era el abuso antidemocrático que tras la denuncia de ELA, el pasado 25 de septiembre los firmantes del acuerdo retiraron esos artículos para evitar un varapalo judicial de grandes dimensiones. Y todo ello avalado por la Diputación de Gipuzkoa, a la que habría que preguntar: “¿Hasta cuándo va a utilizar como rehenes de sus políticas clientelares y neoliberales a las miles de trabajadoras y usuarios/as de las residencias?”.