Centros de enseñanza de iniciativa social: un buen acuerdo
Supone tanto mejoras en las condiciones laborales, así como en la educación del alumnado. Recoge, entre otros, un mayor número de horas para la preparación de las clases y materias a impartir, para el seguimiento del alumnado tanto por parte de las y los docentes como por parte de las especialistas de apoyo educativo que atiende al alumnado con necesidades especiales; más profesores y profesoras en las prácticas de F.P. para garantizar la seguridad de los y las alumnas; reducciones de jornada para el personal de administración y servicios; incrementos salariales para 2024 del 16% que garantizan y superan el IPC y sin vinculación a otras referencias limitativas; y medidas concretas para garantizar el mantenimiento del empleo. Mejoras concretas, identificables, y sea dicho de paso, que en proporción en ningún otro sector de la educación se han conseguido.
Tan objetivamente buenos son que el 100% de la representación sindical ha suscrito el acuerdo. ELA, con un 58% de representación en mesa, STEILAS con un 18%, CCOO con un 14%, y UGT con un 2%, firmaron dicho acuerdo la madrugada del 5 de enero. Incluso LAB, con un 8% en este sector y que se ha desmarcado en su discurso en estas movilizaciones por razones que más adelante trataremos de explicar, y que a priori optó por no firmar en la noche que el 92% de la representación sindical así lo hizo, no ha tenido más opción que suscribirlo tras haberlo compartido con su afiliación.
Sin embargo, tras la firma, se han publicado distintas opiniones sobre cuáles han sido las claves para alcanzar este buen acuerdo.
El Gobierno Vasco y LAB insisten en que el acuerdo en iniciativa social ha sido posible gracias al acuerdo sobre condiciones laborales que en el contexto de la Ley de Educación suscribieron en junio. Y a la homologación salarial que recoge el acuerdo – que no de condiciones laborales - de los y las trabajadoras de la red concertada (ikastolas y centros de enseñanza de iniciativa social) con las de la red pública. Sin embargo, obvian que esta última cuestión no se ha incluido en el acuerdo de fin de huelga de iniciativa social, por una razón muy evidente: con la homologación se pretende que aceptemos dejar de lado la referencia del IPC en la negociación de los salarios en toda la educación, y capar la capacidad de negociación salarial en la red concertada.
También obvian que en el acuerdo del Gobierno Vasco y LAB no hay ni una sola medida real sobre el resto de condiciones laborales para la red concertada (solo salariales), ni garantías para acabar con la elevadísima tasa de temporalidad en la red pública (lo que supone inestabilidad de claustros y proyectos educativos). Tampoco hay un plan concreto para el mantenimiento del empleo para todo el sistema educativo, ni intención alguna para transitar a un sistema educativo de una única red pública, euskaldun y soberana. Razones todas ellas que llevaron a ELA a no apoyar dicho acuerdo. Igualmente, recordemos que LAB suscribió aquel acuerdo no por sus contenidos, sino para escenificar un apoyo sindical a la posición entonces favorable de EH Bildu a la Ley Educativa Vasca. Por tanto, difícilmente puede sostenerse el argumento de que el acuerdo de fin de huelga de iniciativa social ha sido posible gracias al acuerdo de junio.
No obstante, dicho acuerdo explica, por ejemplo, la firma del preacuerdo en ikastolas impulsado por Lakua y LAB en vísperas de las huelgas de enero en iniciativa social. LAB firmó dicho preacuerdo en solitario exaltando las supuestas virtudes de la ya mencionada homologación salarial, que ELA no comparte. Con un 25% de representación en ikastolas, ELA no suscribió el preacuerdo por las mismas razones por las que ha liderado los 14 días de huelga y la negociación en los centros de iniciativa social, impulsando concentraciones en las propias Ikastolas: por insuficiente en el resto de materias, por perder la referencia del IPC y abortar la capacidad de negociar en el sector la cuestión salarial. Ha quedado claro que el Departamento de Bildarratz ha querido utilizar tanto el acuerdo de junio como el de las ikastolas para condicionar a la baja la negociación en iniciativa social, y obligar a las trabajadoras del sector a asumir que sus salarios se iban a decidir en otro ámbito y sin referencia al IPC.
Kristau Eskola, patronal mayoritaria, alega que el acuerdo ha sido posible gracias a un ejercicio de responsabilidad por su parte. Sin embargo, a pesar de que incluso algún sindicato pretenda alimentar la idea ya demasiado manida de que ELA ralentiza los conflictos por intereses meramente afiliativos, lo cierto es que estos contenidos no han estado encima de la mesa hasta después de 14 días de huelga, a pesar de que el convenio llevaba 3 años caducado y se han llevado a cabo más de 16 mesas de negociación. La verdad es que la patronal fuerza a sus trabajadoras y trabajadores a realizar duras dinámicas de huelga antes de hacer propuestas que posibilitan acuerdos. Conviene recordar que el acuerdo que sirvió de base para el anterior convenio también se firmó tras 29 días de huelga.
Si los contenidos hubiesen estado encima de la mesa hace un año, ELA, con casi un 60% de representación en el sector, los hubiese firmado sin un solo día de huelga. Por tanto, el argumento de la patronal alegando un supuesto ejercicio de responsabilidad no explica ni el proceso, ni lo acordado.
Por tanto, este buen acuerdo ha sido posible gracias a la mayoría de ELA en el sector, por su capacidad para sostener las huelgas a falta de contenidos gracias a su capacidad de movilización, al gran trabajo de sus delegadas y delegados, y su indispensable caja de resistencia. El año que viene nos tocará volver a negociar un nuevo convenio, y volvemos a insistir: si los contenidos son buenos, como en este acuerdo, no tendremos que volver a la calle. Porque actuar con responsabilidad significa apostar por el alumnado y el personal profesional de los centros para ofrecer el mejor servicio posible, y para ello se necesita un buen acuerdo.