Confrontar la desigualdad lingüística

09/10/2024
Pello Igeregi, responsable de Euskera de ELA - Igor Eizagirre, Secretario General de ELA-Gizalan
Agentes políticos, judiciales y sindicales lideran una batalla contra la equiparación de requisitos lingüísticos entre el euskera y el castellano. UGT y CCOO han impulsado varias demandas judiciales en dicho sentido. Basan su batalla en una concepción muy singular del acceso a las administraciones. Para lograr una plaza en Osakidetza se exige, por ejemplo, el grado en medicina. Quienes no han estudiado en la Facultad de Medicina no sufren ninguna discriminación ni ninguna imposición, simplemente no han adquirido el conocimiento requerido. Porque no existe un derecho universal a trabajar en las administraciones y se debe elegir a quienes mejores aptitudes demuestren. Esta lógica tiene una excepción en Euskal Herria: el euskera.

CCOO y UGT demandan eliminar los requisitos de euskera, pero el conocimiento de los dos idiomas oficiales es el único punto de partida posible para elegir libremente el idioma en el que se reciba el servicio o se pueda trabajar. El conocimiento de un solo idioma impone su uso y coarta la libertad para hablar otro idioma. Se puede aprender euskera, y se puede estudiar medicina; sin embargo, exigir el conocimiento de un idioma oficial como el euskera, según UGT y CCOO, resulta excluyente y el de medicina, no. Lo que es cierto es que cualquier médico será mejor médico si puede atender a la población en su idioma de elección.

Las administraciones soportan una temporalidad brutal y miles de personas llevan décadas trabajando sin plaza fija. Muchas no conocen el euskera. CCOO y UGT acordaron con el Gobierno español que estas personas deban superar un nuevo proceso selectivo para lograr la estabilidad y si no cumplen algún requisito de los puestos ofertados corran el peligro de perder el empleo. Esos requisitos pueden ser de todo tipo, pero CCOO y UGT, después de poner en peligro a toda la plantilla temporal de las administraciones, únicamente han demandado eliminar el requisito del euskera. En este sentido, cabe recordar que incluso el Consejo de Europa ha advertido de que solo el 11% del personal de las administraciones de la CAPV “tiene un conocimiento práctico del euskera”.

ELA ha defendido en todo momento la consolidación de todas las personas y un régimen transitorio para quienes solo conocen el castellano, para que puedan aprender euskera con todos los apoyos necesarios. En el caso de las personas cercanas a la jubilación, ELA quiere una exención total. Pero CCOO y UGT no están solicitando que se consolide excepcionalmente a las personas monolingües; exigen que se eliminen para siempre los requisitos lingüísticos para muchas plazas. Es decir, quieren normalizar que únicamente se obligue a conocer el castellano y que el servicio en euskera se deba recibir por vías excepcionales.

¿Qué es una vía excepcional? Es solicitar en un juzgado ser juzgado en euskera, sabiendo que el grueso de la judicatura no conoce el euskera y es muy conservadora (la misma judicatura que está sentenciando contra el euskera o que Pedro Sánchez está criticando) y, en consecuencia, tener menos opciones de lograr una sentencia justa. O tener que decirle a un médico en urgencias que quieres que venga alguien que te atienda en euskera. Es, al fin y al cabo, tener que significarse y tomar iniciativas en situaciones de enorme vulnerabilidad.

Prácticamente el 100% de la población conoce el castellano porque toda la población está obligada a conocerlo. En el fondo, a ELA le gustaría eliminar todos los requisitos de conocimiento de euskera de las administraciones, como ocurre con el castellano, salvo con una excepción muy reveladora: A las personas de otras nacionalidades se les exige el C2 de castellano, incluso en el caso de que no lo vayan a necesitar en su trabajo: una persona de Hendaia que ha estudiado Filología Vasca no puede acceder a un puesto en una escuela pública de Irún dando clases de euskera sin un conocimiento de C2 del castellano (el máximo exigible). El objetivo es claro: el castellano debe ser el único idioma de trabajo habitual y el uso del euskera será siempre excepcional.

En definitiva, para no tener que exigir requisitos de euskera en la Administración, el euskera debería gozar de los mismos mecanismos de reproducción que tiene el castellano. Quienes lideran la batalla contra los requisitos lingüísticos son los mismos que se han mostrado en contra de generalizar el modelo D en enseñanza, el único que ofrece la opción de terminar la enseñanza obligatoria conociendo tanto el euskera como el castellano. Posteriormente, CCOO y UGT defenderán que las personas a las que han hurtado la oportunidad de conocer el euskera son discriminadas por no hablarlo.

Transitar hacia un bilingüismo universal es el punto de partida para la igualdad y contra las discriminaciones lingüísticas. No se puede aceptar que el castellano sea el único idioma de conocimiento obligatorio y, en consecuencia, el único idioma de uso generalizado. La igualdad de derechos exige equiparar el estatus del euskera con el castellano. La generosidad, paciencia y flexibilidad con todas las personas que trabajan en las administraciones son obligatorias y de justicia, pero no se pueden normalizar discursos supremacistas que dan por buena la discriminación que sufrimos quienes hemos optado por vivir y trabajar en euskera, o de quienes quieren aprenderlo.