Cuando las palabras no se corresponden con los hechos

Ejemplo de ello es lo sucedido con la sentencia ganada por ELA en el TSJPV sobre la estabilización en el consorcio Haurreskolak. Esta sentencia resuelve que el Gobierno Vasco ha incumplido la Ley de Estabilización (Ley Iceta) aprobada también con los votos favorables de los dos partidos que gobiernan en Gasteiz, EAJ y PSOE. Ya que según la sentencia, para cumplir con esta ley se deben convocar al menos 77 plazas más de educadoras, un 30% más.

El portavoz del ejecutivo de Lakua Bingen Zupiria anunció que el Gobierno Vasco recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. Es decir, el gobierno responsable del sector público con la tasa de temporalidad más alta de Europa y del Estado -más del 40%- recurrirá una sentencia que le permite alcanzar lo que asegura quiere conseguir, es decir, la reducción de la temporalidad.

Una decisión incoherente con lo manifestado, pero desgraciadamente muy coherente con los pasos dados hasta la fecha por el Gobierno Vasco que nos han dejado la siguiente situación: la temporalidad del sector público vasco triplica al del sector privado. En Osakidetza, más de 24.000 empleados y empleadas son temporales, la mitad de la plantilla, y en educación 16.900 personas. Además, hay 120.000 trabajadoras y trabajadores en servicios esenciales del sector público que están privatizados. Destaca el sector de cuidados, con el 90% de los servicios privatizados. Estos datos demuestran que el mantra de la colaboración público-privada no es más que una apuesta por privatizar lo público. Además, nuestro país se encuentra a la cola del empleo público, ya que en la Unión Europea el 20% de las y los trabajadores son públicos, en el Estado el 17% y en nuestro país el 15 %.

A pesar del ello, el Gobierno Vasco ha mostrado nula voluntad y cero transparencia a la hora de negociar los procesos de consolidación. Su objetivo es claro: ofertar el menor número de puestos y consolidar el menor número de personas trabajadoras. Por ejemplo, en Osakidetza las plazas ofertadas a estabilizar son 3.700 plazas, cuando la temporalidad es de 24.600 personas, de las cuales 9.600 personas tienen una antigüedad superior a 8 años. En consecuencia, el 85% de las y los temporales quedan fuera del proceso de estabilización. En cuanto a educación, se ofertan 4.916 puestos, cuando la temporalidad es de 16.900, de los que 6. 500 temporales tienen una antigüedad superior a 8 años. Por tanto, el 70% de las y los temporales queda fuera del proceso.

Ante esta realidad, ELA no solo tiene recurridos los procesos de consolidación de Osakidetza, y de Educación (docente funcionario y el de educadoras de Educación Especial ), sino también el de la Administración de Justicia y el de la Administración General. La pregunta es qué decisión adoptará el ejecutivo de Lakua si los juzgados vuelven a dar la razón a ELA: si optará por valerse de estas sentencias para atajar el problema de la temporalidad, o recurrirá para frenar la consolidación, manteniendo la temporalidad. Todo ello, además, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado de manifiesto el abuso sistemático de la temporalidad en el estado y exige soluciones.

ELA seguirá defendiendo la reducción de la temporalidad al menos hasta el 8% a través de procesos de consolidación, tanto en los juzgados, como en las calles y en las mesas. Vocación por la que, junto con otros sindicatos, convocó huelgas en el sector público en octubre, diciembre y marzo.

Por todo ello, ELA pide que al nuevo Gobierno Vasco que sus declaraciones vengan acompañadas con actuaciones y medidas que muestren una voluntad real para afrontar el problema de la temporalidad. Porque apostar por la consolidación es también apostar por unos servicios públicos de calidad.