Currículo de la CAPV: Celaá debe atender las peticiones de la comunidad educativa

A pesar de lo publicado en algunos medios sobre supuestos consensos y avales, es necesario señalar desde un principio que el dictamen tiene poco de benevolente con las intenciones del Departamento.

Desde que conoció su contenido, ELA manifestó que estos proyectos del Departamento dirigido por Isabel Celaá constituyen el intento de materializar, también en el terreno escolar, el principal objetivo del actual Gobierno Vasco en su conjunto, esto es, uniformizar el Estado, haciendo de la CAPV una comunidad más. En este sentido, resultan muy reveladoras las materias que se pretenden modificar a fondo –aquellas que hacen referencia al carácter del euskera y al término Euskal Herria­–, mientras que apenas se plantean cambios de base pedagógica o estrictamente técnica. Resulta cuando menos llamativo que esta urgencia por modificar esos temas venga precisamente de la mano de quienes anuncian que su prioridad son los problemas reales de las personas y no las cuestiones identitarias. La primera decisión de envergadura de este Departamento desmiente esa afirmación.

En primer lugar, resulta obligado señalar que, a pesar de que el Departamento afirme que con estos proyectos persigue “facilitar un bilingüismo integrador acorde con lo dispuesto en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Euskera y la Ley 1/1993, de 19 de febrero , de la Escuela Pública Vasca (…)”, de hecho las modificaciones planteadas convierten en inviable dicho objetivo.

Como bien sabemos quienes trabajamos en el ámbito educativo –y así lo confirman los resultados de todas las evaluaciones realizadas hasta la fecha, y así lo intuyen miles de padres y madres en el momento de matricular a sus hijas e hijos–, sólo una enseñanza que tiene al euskera como lengua preferente y vehicular consigue razonablemente que el alumnado obtenga “una capacitación real para la comprensión y expresión, oral y escrita, en las dos lenguas, de tal manera que al menos puedan utilizarse como lenguas de relación y uso ordinarios”, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Escuela Pública Vasca.

Por tanto, estos cambios que despojan al euskera del rango de lengua preferente y lo sustituyen por una supuesta (que no real) equiparación con el castellano, colocan al euskera en inferioridad de condiciones, habida cuenta de su actual situación diglósica. Se trata, además, de una falsa equiparación, como puede observarse en el trato que se da a una y otra lengua en el tema de las exenciones.

En segundo lugar, el Departamento indica también que por medio de estos proyectos “se han introducido modificaciones relativas al uso del término Euskal Herria” en el currículo. En realidad, cabe decir que se ha procedido prácticamente a su desaparición, pues sólo se mantiene en contadísimas ocasiones, habiendo sido sustituido las más de las veces por el término Euskadi, aunque no faltan también ocasiones en las que se utilizan otros términos sustitutorios (en un caso, hasta por el término planeta) ni otras en las que se opta por la simple y pura eliminación. Esta obsesión por la eliminación del término Euskal Herria o su reducción a una categoría casi folklórica oculta que, a pesar de no configurar en sentido estricto una realidad en el ámbito político-administrativo, tiene sin ninguna duda una dimensión política que no puede ser ignorada, y persigue simple y llanamente la desaparición de cualquier referencia a nuestra realidad nacional en el currículo educativo.

El dictamen ahora aprobado por el Consejo Escolar de Euskadi se centra especialmente en estas cuestiones y, al abordarlas, se muestra, a pesar de lo publicado en algunos medios, inusualmente crítico con los cambios que propugna el Departamento dirigido por Isabel Celaá.

En concreto, entiende que en estos proyectos presentados por el Departamento de Educación ha de quedar claro que “el euskera requiere una atención preferente por parte de los poderes públicos, sobre todo en el ámbito educativo, por ser la lengua oficial cuyo conocimiento es más deficitario en relación a los propósitos recogidos en las leyes” y que debe recogerse también “la dimensión o el sentido social e histórico” del concepto Euskal Herria. En definitiva, el Consejo Escolar está solicitando mantener el carácter preferencial del euskera en el ámbito educativo y reivindica la vigencia del concepto Euskal Herria en toda su extensión, sin limitarlo al ámbito cultural y lingüístico. Con ello solo cabe concluir que, en estas materias que constituyen la base de los cambios planteados, el Consejo Escolar de Euskadi se ha posicionado precisamente en sentido contrario al propuesto por el Departamento.

Además, no está de sobra recordar que el Departamento se ha lanzado a plantear los cambios sin el imprescindible período previo de debate y consulta con el conjunto de los agentes educativos que permitiera, en su caso, un grado de consenso mínimo, casi obligado, en materia tan importante como la que nos ocupa.

Los informes del Consejo Escolar no tienen carácter vinculante. En cualquier caso, Isabel Celaá debe optar entre ignorar o atender, y no de manera superficial, las demandas que el Consejo Escolar le ha hecho llegar. Ignorarlas, dar la espalda a lo que proviene desde el propio ámbito educativo, revelaría una voluntad de hacer camino de espaldas, cuando no de manera enfrentada, a todos los agentes educativos –también a trabajadoras y trabajadores de la enseñanza posicionados mayoritariamente en contra– y crispar innecesariamente la realidad de nuestros centros escolares.

Xabier Expósito

ELA Irakaskuntza