Defender el SMI español es muy de derechas
Años de desmantelamiento del derecho laboral hacen que cada vez se parezca menos a su origen. Reducir las indemnizaciones por despido, ampliar el abánico de contratos precarios o la legalización de las ETT son solo algunos ejemplos de lo que supone desmontar el carácter protector del derecho laboral.
El SMI es otra herramienta cohesionadora que utiliza el 90% de países pertenecientes a la OCDE para reequilibrar la posición desfavorable de la clase trabajadora. En definitiva, se establece un nivel mínimo salarial que impide explotaciones extremas, fomenta el reparto de la riqueza y combate la pobreza laboral. El SMI disputa a la patronal la capacidad de imponer su política salarial. Para ello, ese nivel salarial mínimo debe impactar en el tejido socioeconómico.
El 28 de diciembre Iñigo Ansola, presidente del Bizkai Buru Batzar del PNV, decía no entender la convocatoria de una huelga general el 17 de marzo, cuando el SMI español solo afecta al 3% de la población asalariada. Pues, por eso. Si el SMI español solo afecta a un 3% significa que en Euskal Herria no es un factor de reparto de la riqueza, no sirve para mejorar el nivel salarial de quienes peores condiciones de trabajo tienen y no es una herramienta de cohesión social. Establecer un salario mínimo de 1.500 euros mensuales mejoraría directamente las condiciones de vida de 167.000 personas, aproximadamente el 15% de la población asalariada.
Los sindicatos convocantes de la huelga nos hemos reunido con diferentes agentes políticos para presentar la huelga y solicitarles su apoyo. Personas que se dicen de izquierda nos han planteado que un SMI propio es insolidario, aunque únicamente sirva para mejorar el español sin opción de empeorarlo en otros territorios, y que puede llevar a establecer salarios por provincia, o por ciudades, tratando de llevar el debate al absurdo. Ese último argumento lo utilizó el representate del PSE-EE en el Parlamento Vasco para impedir el debate parlamentario apoyado en una ILP que recogió 138.495 firmas (prácticamente los votos que obtuvó el PSE-EE para el Parlamento vasco). Similar argumento utilizó también el PP. Este es el reconocimiento nacional del habla Eneko Andueza, un reconocimiento folclórico que no sirve para mejorar las condiciones de vida de las clases populares.
Igualar el SMI a la baja supone renunciar a que la clase trabajadora vasca tenga una herramienta de reequilibrio y supone en la práctica que la legislación permita a CONFEBASK vetar el establecimiento de un salario mínimo acorde a la realidad socioeconómica de la CAPV. Quienes niegan la opción de obtener una herramienta para disciplinar a CONFEBASK niegan el carácter protector de la legislación laboral para Euskal Herria. En definitiva, permiten a la patronal acumular tasas de ganancia superiores a otros territorios y legalizan una mayor expropiación salarial por parte de las empresas. Son muy de derechas.
CONFEBASK se ha negado a negociar una retribución mínima para todas las relaciones laborales. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su sentencia ha limitado la capacidad de negociar de CONFEBASK a elementos puramente convencionales. Es decir, CONFEBASK no puede acordar con los sindicatos una retribución que sirva de referencia para las indemnizaciones del FOGASA o para la seguridad social, porque eso solo se puede hacer por ley. El campo de juego con la patronal es limitado (por eso, en paralelo, estamos luchando por ganar la competencia legalmente), pero ni siquiera quiere hacer acto de presencia en esa negociación. Lo que no quiere CONFEBASK es establecer una referencia salarial mínima que permita luchar por mejorar el conjunto de salarios y así blindar su tasa de ganancia, a costa de explotar a miles y miles de personas trabajadoras. CONFEBASK tampoco quiere que exista la posibilidad de movilización por un salario propio.
Porque CONFEBASK sabe que la centralización del SMI responde al objetivo de evitar la movilización social. Cuando en 1979 UGT y CEOE acordaron las bases centralistas del Estatuto de los Trabajadores (el que regula el SMI) explicitaron que “CEOE y UGT manifiestan la necesidad de tender, en el próximo futuro, a reducir el número de unidades de contratación (es decir, negociación de convenios) … a fin de reducir tensiones sociales innecesarias”. Pretendían centralizar la negociación laboral para garantizar la paz social y que la patronal pueda imponer las condiciones de trabajo. No es casual, la huelga general del 17 de marzo es la primera huelga general en favor de aumentar el SMI en la historia reciente del estado. Porque romper la centralización es también generar capacidad de lucha y de recuperar el carácter protector del derecho laboral. Aspiramos a la cohesión social y, por ello, necesitamos un SMI propio, quienes lo niegan prefieren que la patronal pueda hacer lo que le venga en gana. Llenaremos las calles y vaciaremos los centros de trabajo para disciplinar a la patronal, por una cuestión de justicia social y solidaridad.