El comienzo y el final de la vida, lastrados por la precariedad

En los primeros y los últimos pasos que damos en nuestras vidas necesitamos alguien que nos acompañe y nos cuide. La vulnerabilidad de las niñas y niños más pequeños y de las personas mayores, en muchos casos, es total. La dependencia hacia las personas que las atienden es algo vital.

Esta dependencia implica que en los casos en los que estos cuidados y educación no se den desde el ámbito familiar tengamos que dejar a nuestros hijos, hijas, madres o padres en manos de profesionales que se dedican a ello.

Esto es lo que hacen en las escuelas infantiles y en las residencias de la tercera edad. Educar, cuidar, asear, alimentar, cambiar los pañales, jugar, entretener, y, en definitiva, acompañar a nuestros familiares.

Todo el mundo queremos que estos sean servicios profesionales y de calidad. Todo el mundo menos el Gobierno de Navarra y la patronal. Porque sus prioridades son otras: priorizan el beneficio económico a costa del servicio y la precariedad de las trabajadoras y trabajadores.

No podemos dejar en manos de empresas privadas y fondos buitre a las personas que necesitan ser cuidadas, ni perpetuar la precariedad a quienes cuidan a los niños y niñas más pequeñas. No se puede atender a las personas mayores con un cronómetro en la mano, ni a las más pequeñas con unos ratios inasumibles.

Las movilizaciones y huelgas que se están desarrollando en Navarra tanto en las escuelas infantiles como en las residencias de la tercera edad no persiguen otra cosa que fijar unas condiciones que permitan que el servicio que se ofrece sea el mejor posible. No se puede dar un buen servicio con unas condiciones precarias.

En el sector de las residencias el Gobierno de Navarra ha tomado el papel de mero espectador. Ha pasado un año desde que comenzó la negociación del Convenio de Residencias de Navarra, y mientras la patronal se dedica a hacer propaganda y no poner ningún contenido encima de la mesa, el Gobierno de Navarra muestra una pasividad inaceptable. Este convenio es fundamental para hacer frente a la precariedad laboral y caminar hacia un modelo de cuidados público, universal y gratuito.

Algo parecido sucede con las escuelas infantiles: la mayoría son de titularidad municipal, pero es el Gobierno de Navarra quien pone las condiciones y establece cuántos niños y niñas debe atender cada educadora. No es lo mismo atender a 16, como sucede en Navarra, o a 8 (media de la Unión Europea).

Tanto las residencias como la educación infantil funcionan porque se sustentan en el dinero público. El Gobierno de Navarra tiene la responsabilidad de gestionarlas. Está en sus manos erradicar la precariedad que sufren las trabajadoras: tienen salarios que no llegan a 1.000 euros, jornadas parciales, alta temporalidad y rotación y una fuerte carga psicosocial. Y estas condiciones de precariedad no son ninguna casualidad tratándose de sectores que se encargan de atender el inicio y el final de la vida. Son dos sectores feminizados donde la precariedad es estructural.

Las huelgas y movilizaciones que se están llevando a cabo tanto por el Convenio de Residencias de Navarra como por unas escuelas infantiles de calidad deben impulsar un cambio histórico en estos sectores. Deben servir para hacer frente a la precariedad que sufren las trabajadoras. Por eso, ELA es parte activa en ambas luchas y, por eso, interpelamos directamente a la responsabilidad del Gobierno de Navarra.