El virus que nos hizo ver desnudo al rey (vasco)

28/03/2020
Igor Eizagirre - Responsable de GIZALAN en ELA
A pesar de que los responsables políticos, empresarios y dueños del capital nos han querido hacer creer que estaba cubierto con hermosas vestimentas, hace décadas que dirigentes, patronal e inversores dejaron en paños menores nuestro sistema de bienestar, reservando para ellos los mejores piezas. Acercando la magnífica fábula de Andersen “el traje de emperador”, más conocida como “el rey desnudo”, a nuestra coyuntura actual, la crisis del Coronavirus ha dejado desnuda la mentira, ha evidenciado nuestra cruda realidad. Ya no pueden ocultar lo que toda la ciudadanía vemos y sufrimos.

La falta de medios para realizar test rápidos y masivos, de mascarillas y guantes necesarios para evitar o limitar los contagios, la falta de personal en el sector socio-sanitario y sanitario, la escasez de equipos de cuidados especiales, el dilema de tener que decidir a quién poner y a quién no respirador... Nos han dejado desnudos, especialmente a quienes menos recursos tenemos y más necesitamos de los servicios públicos para desenvolvernos en nuestro día a día, incluso en algunos casos para sobrevivir, especialmente cuando nos golpean crisis tan graves como ésta.

Los servicios públicos son la conquista de la lucha desarrollada durante años por la clase trabajadora, con el fin resolver de alguna manera las desigualdades e injusticias que genera el capitalismo.

En el camino hacia la justicia social y con el fin de garantizar el bienestar y el desarrollo básico de todas las personas, necesitamos que la educación, la sanidad, los cuidados, la protección social, la justicia, la defensa de los derechos básicos, la seguridad y todo aquello que resulte fundamental para la vida y el conjunto de la sociedad esté blindado frente el interés capitalista y los intereses partidarios.

Sin embargo, los diferentes gobiernos, siguiendo intereses económicos, ideológicos o partidistas, apenas han desarrollado muchos de estos servicios públicos o los han dejado en manos de empresas privadas. De hecho, han privatizado, externalizado o subcontratado servicios que deberían ser públicos.

Con el pretexto de la legislación básica, el límite de déficit y la regla de gasto, han descapitalizado los servicios públicos y transferido el dinero de la ciudadanía a manos del capital, convirtiendo el sector público en un ámbito de negocio.

Da cuenta de ello el que el presupuesto del gobierno de Lakua para 2020 destine únicamente el 13% de la riqueza que generamos (PIB) a servicios públicos, 2,6 puntos menos que en 2009, 2.135 millones de euros menos. Y en el caso del ejecutivo navarro 3 puntos menos que en 2008, 675 millones menos. ¿Puede el lector pensar cómo podríamos mejorar nuestros servicios públicos con 2.810 millones más cada año?

Estas políticas nos han situado a la cola de Europa en la inversión pública en educación, sanidad o prestaciones sociales básicas en relación a la riqueza que generamos.

Y a ello se suma el hecho de que nuestro sistema tributario es uno de los más injustos de Europa y que con respecto a la media de la Unión Europea regalamos 8.000 millones de euros cada año a los más ricos. ¡8.000 millones cada año! ¿Cuántas trabajadoras y trabajadores del ámbito sanitario, de los cuidados, de limpieza, de educación, trabajadoras y trabajadores sociales, camas de hospital, unidades de cuidados intensivos, respiradores, mascarillas, test... hubiéramos tenido de haber invertido todo ese dinero?

La consecuencia es que en sanidad, en educación, en el ámbito de los cuidados, en las tareas sociales... estamos trabajando con miles de profesionales menos, con servicios y personal privatizado y supeditado a las ganancias de las empresas que las gestionan, con enormes cargas de trabajo para abordar el trabajo ordinario y con recursos absolutamente insuficientes. Ni que decir tiene para hacer frente a situaciones excepcionales. Tal y como está quedando de manifiesto estos días, recortes que intentamos compensar con una implicación y esfuerzo personal inmenso, pero que de ninguna manera resultan aceptables en una sociedad que quiera ser justa.

Además, detrás de estos datos generales se esconden decenas de miles de personas con contratos temporales, jornadas parciales o que no alcanzan los 1.200 euros mensuales. Generalmente mujeres y personal de empresas subcontratadas. Según los cálculos del sindicato, en nuestro país hay más de 120.000 personas que ofrecen servicios públicos esenciales para el conjunto de la sociedad en empresas privatizadas o subcontratadas. Es decir, miles y miles de personas trabajando en educación, sanidad, ofreciendo cuidados, protección social, justicia o seguridad, pero en condiciones muy precarias.

Se está escuchando mucho que esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia y necesidad de los servicios públicos, incluso en boca de quienes han desarrollado las políticas de recorte. Y así es. Pero que no nos engañen. Esta crisis no ha hecho cambiar de intereses o de ideología a los dueños de la capital, a los empresarios y a los políticos que está a su servicio. De aquí a unos meses, con la excusa de la deuda pública provocada por la crisis, intentarán nuevamente imponer políticas de recorte y desmantelar aún más los servicios públicos.

Debemos prepararnos para hacerles frente. Pero además, debemos aprovechar lo que esta crisis ha puesto en valor para dar nuevos pasos. Si queremos poner la vida en el centro, debemos sacar del ámbito privado los trabajos que la sostienen, dejar de exclavizar a las mujeres por ello, acabar con la temporalidad y la precariedad, necesariamente tenemos que hacer públicos muchos trabajos y servicios ocultos y privatizados, conseguir incrementar significativamente la inversión en servicios públicos, con más personal, en buenas condiciones y con más y mejores recursos. Vamos a dejar al rey desnudo y vestir al pueblo.