ELA, la mejor garantía (también) en los tribunales #Landeia
Han cambiado sustancialmente el modelo de relaciones laborales, aumentando el poder unilateral de las empresas en la determinación de las condiciones de trabajo, de las contrataciones y de los despidos. Se puede afirmar que el papel equilibrador y compensador de diferencias del derecho laboral se ha ido haciendo añicos reforma tras reforma.
Pese a ello los servicios jurídicos de ELA aprovechan cada día todos los resquicios que ha dejado la reforma para tumbarla en los Tribunales. Tenemos claro que a pesar de la flexibilidad introducida, las empresas no pueden actuar con total impunidad y evitar el control judicial de sus decisiones. Nuestro servicio jurídico constituye en estos tiempos un instrumento esencial para complementar la acción sindical del sindicato en su lucha estratégica contra la precariedad laboral.
Las políticas de recortes aplicadas en los últimos años han supuesto un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos, así como de sus condiciones de trabajo. Los datos hablan por sí mismos: la destrucción de empleo es cercana al 14%, la tasa de temporalidad superior al 35%, la pérdida del poder adquisitivo está en torno al 16%, la estrategia privatizadora se mantiene, no se ha reducido la brecha salarial... La coartada utilizada es casi siempre la obligación de cumplir la legislación básica del Estado, pero lo cierto es que no deja de ser una excusa que esconde la falta de voluntad política real para revertir esta situación.
En este contexto los servicios jurídicos de ELA han ganado importantes sentencias, como la que obliga a Osakidetza a abonar el salario que adeuda a su plantilla por la carrera profesional; la que obliga al Gobierno Vasco a valorar los puestos de trabajo del personal de Justicia, algo que debía estar hecho desde 2012; o la reciente sentencia por la que el Gobierno de Navarra se va a ver abocado a pagar por atrasos salariales una media de 1.000 euros a unos 750-800 agentes de la policía foral. Hablamos de más de 150 millones de euros en total.
Estos casos tienen varios elementos en común que van más allá del montante total que puedan suponer. Estamos hablando de una clara vulneración de derechos laborales, y que tanto el Gobierno Vasco como el Gobierno de Navarra han mostrado una nula voluntad negociadora, lo que ha obligado al sindicato a acudir a los tribunales para revertir estos recortes, recortes aplicados unilateralmente y sin ninguna justificación legal.
ELA tiene muy claro que unos servicios públicos de calidad solo son posibles con buenas condiciones laborales. Por ello llevamos años denunciando, movilizándonos y utilizando todas la herramientas sindicales y jurídicas a nuestro alcance para revertir los recortes laborales. Y así seguiremos, porque la defensa de los servicios públicos no es sólo cosa de quienes trabajan ahí, afecta al bienestar y calidad de vida de todas las personas que vivimos en Euskal Herria.