La brecha salarial, ejemplo práctico del blanqueo morado
Además de ser un número rojo, la brecha salarial nos hace tener presente que el mercado laboral está radicalmente dividido en función del sexo; por otra parte, las instituciones ni siquiera hacen mención de la precariedad de condiciones de trabajo y vida que soportamos las mujeres en el mercado laboral y fuera de él. Porque la precariedad se extiende cada vez más en el supuesto oasis vasco, y nos afecta especialmente a las mujeres.
En el caso de la CAPV el Gobierno Vasco ha puesto en marcha una estrategia para reducir la brecha salarial, y su meta es situar este territorio para 2030 entre los cinco países europeos con la brecha más reducida. El objetivo es ambicioso; sin embargo, ¿qué está ocurriendo en la realidad? ¿Cómo transformar las condiciones de trabajo y vida de las mujeres cuando a nuestros trabajos se les sigue reconociendo un valor social y económico menor en comparación con el de los hombres?
En el caso de los gobiernos y administraciones vascos, en muchos casos son ellos los causantes de la brecha salarial: al impulsar la privatización de los servicios públicos se subcontratan muchos trabajos que deberían recibir la misma remuneración, y en esas actividades las mujeres somos mayoría: residencias de mayores, limpieza, comedores escolares...
Ante esta situación existen casos prácticos de reducción de la brecha salarial, y en este sentido hacemos una referencia especial de las luchas y conflictos abiertos o pasados en los que se ha hecho frente a la brecha salarial de trabajos precarizados y feminizados. Las limpiadoras de juzgados y comisarías de Gipuzkoa –en su mayoría mujeres– hicieron huelga durante 280 días para reducir en un 70% la brecha con respecto a los trabajadores de limpieza viaria (hombres en su mayoría). También las trabajadoras de limpieza subcontratadas por el Ayuntamiento de Elorrio tuvieron que ir a la huelga durante cinco meses, y lograron que los salarios del colectivo se incrementase en un 20,76%. Por otra parte, no podemos olvidar al colectivo de limpiadoras subcontratadas por la UPV y el departamento de Educación, que han denunciado una brecha salarial del 13% en comparación con las trabajadoras empleadas directamente por la administración, al grito de “a igual trabajo, igual salario”. Junto con estos ejemplos del sector de la limpieza, la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene en este momento una oportunidad inmejorable para acabar con la brecha salarial existente en las residencias de la tercera edad y, de paso, solucionar una huelga que ya lleva más de 220 días.
Además de las huelgas y conflictos, ELA ha lanzado a las administraciones vascas propuesta concretas en torno a la brecha salarial:
Salario mínimo de 1.200€; jornadas semanales de 35 horas; que no se admitan salarios inferiores en los servicios privatizados o subcontratados por las administraciones; garantía del derecho de subrogación; incrementos salariales mayores en los sectores feminizados, con el fin de que los trabajos de igual valor sean remunerados de manera igual; impulso de políticas públicas por un empleo de calidad, para combatir la precariedad que soportan las mujeres; desarrollo de servicios públicos gratuitos y universales de cuidados; reparto paritario de los trabajos domésticos y de cuidados, así como reconocimiento de su valor social y económico; o que las medidas de conciliación no sean a costa de los salarios o las posibilidades de desarrollar una carrera profesional...
Los gobiernos y administraciones vascos tienen una oportunidad inmejorable para hacer frente a la brecha salarial mediante sus actuaciones, y no limitándose a las meras declaraciones y análisis teóricos. La cuestión oscila entre el blanqueo morado y las verdaderas políticas feministas eficaces: esperemos que echen mano de las segundas.