La temporalidad hay que combatirla, no maquillarla

30/05/2025
Izai Bujanda Cambra - Responsable de Gizalan Nafarroa
En palabras de la Consejera de Función Pública, el 16,36% del personal de la Administración es temporal. Según el último informe publicado por la Cámara de Comptos (Cuentas Generales de Navarra 2024/19), sin embargo, la eventualidad es del 47%. Es sorprendente la diferencia porcentual, cuando el dato debería ser único y verificable.

¿Cómo saber entonces cuál es el porcentaje real? Podemos pensar que la Cámara de Comptos no tiene un interés especial en tergiversar los datos, mientras que el Gobierno tiene un grave problema con la temporalidad, ya que está muy lejos de cumplir los mandatos de las instituciones europeas, esto es, que el porcentaje sea inferior al 8%. Para que los datos no sean escandalosos, el Gobierno -este y todos los anteriores- solo aporta tasas de temporalidad respecto a la plantilla orgánica formalmente diseñada, es decir, no incluye las plazas que están fuera de dicha plantilla. En los principales sectores, y especialmente en Educación, son necesarios cada año miles de puestos de trabajo que no figuran en esa plantilla orgánica. Estas plazas se van renovando año tras año, pero Función Pública no las incorpora a la plantilla porque, aunque responden a necesidades estructurales, las trata como si fueran coyunturales. En consecuencia, el Gobierno emite datos de temporalidad como si todas esas personas con contrato temporal no existieran. Concretamente son 8.820 las plazas que forman parte de la realidad de la Administración pero que al estar fuera de la plantilla se excluyen . De esta forma, el Gobierno de Navarra elimina casi el 30% de las personas que trabajan. Por tanto, en esos datos optimistas que aporta la consejera, sería importante concretar de dónde saca el Gobierno el porcentaje y explicar así la diferencia con el dato que arroja la Cámara de Comptos.

La temporalidad es uno de los mayores problemas que tiene la Administración, tanto por el perjuicio que genera en las vidas de los y las trabajadoras, como por el impacto negativo que provoca en la calidad de los servicios públicos. Además, es el primer paso hacia la privatización de los servicios públicos, ya que los puestos de trabajo no estabilizados pueden amortizarse en cualquier momento. ELA ha promovido movilizaciones en los últimos años con el fin de acabar con esta situación y ha hecho propuestas concretas para que la temporalidad se sitúe por debajo del 8%. El sindicato ha recibido un no rotundo por parte del Gobierno de Navarra, dado que la propuesta incide en las competencias que se arroga el Estado. Dicho de otro modo, el Gobierno de Navarra no puede estabilizar al personal público necesario porque Madrid impone anualmente la oferta de empleo que debe haber en cada comunidad. ELA tiene claro que esta situación es una injerencia contra el autogobierno. Por eso, al suponer el Estado español un freno en la mejora de nuestros servicios públicos, el sindicato ha pedido reiteradamente a los partidos de aquí que defiendan en Madrid las competencias navarras.

La estabilización de los y las empleadas públicas fue, entre otras, una de las reivindicaciones que nos llevó a la huelga el 9 de abril. Ese día los cinco sindicatos de la Mesa General participamos en la movilización a favor de los servicios públicos en todas las Administraciones de Navarra.

Después de esa jornada, el Gobierno lanzó la propuesta de un Decreto-ley, convalidado la semana pasada por el Parlamento y que, en principio, debería incluir "medidas urgentes para reducir la temporalidad". El Gobierno ha hecho mucha propaganda en defensa de esta nueva norma, como si fuera una especie de respuesta a las reivindicaciones sindicales.

En este contexto resulta especialmente dañino que el sindicato LAB haya votado a favor del decreto. En las reuniones de la Mesa General, Función Pública no explicó en qué medida el decreto ayudará a reducir la temporalidad, porque no había hecho ninguna previsión para ello. Por ello, los sindicatos que hicimos la huelga deberíamos colocarnos frente al Gobierno hasta que se aprueben medidas eficaces y no a su lado, como ha hecho LAB.

Mediante este Decreto se endurecerán los requisitos que debe reunir el funcionariado para acceder a las excedencias. Este aspecto también lo hemos denunciado, ya que supone un paso atrás en los derechos reconocidos. Pero lo que ELA quiere denunciar especialmente es que este Decreto -que ahora se tramitará como Ley- no ayudará a reducir la temporalidad. Nos parece preocupante que el decreto siga adelante en el Parlamento con los apoyos explícitos de PSN, Geroa Bai y EH Bildu y con la abstención de Contigo Zurekin, y que esta medida se anuncie como una apuesta firme en el camino a la reducción de la temporalidad, cuando el Gobierno de Navarra no está adoptando medidas significativas. El Gobierno sabe perfectamente lo que debería hacer; convocar ofertas públicas de empleo masivas, garantizando que los miles de trabajadores y trabajadoras que trabajan actualmente no se vayan a la calle.

Mientras no lo haga, ELA seguirá presionando. De entrada, cuestionando los datos maquillados que aporta el Gobierno. Además, no dando por bueno el marco jurídico y político, es decir, oponiéndonos a las normas restrictivas que impone el Estado. El Gobierno nos tendrá enfrente mientras no apruebe medidas que mejoren las condiciones del personal y la calidad de los servicios públicos. Serán necesarias más movilizaciones y huelgas para conseguir medidas que mejoren el bienestar de los y las empleadas públicos, así como en el de la sociedad en su conjunto.