La Troika ya es de ‘los nuestros’

09/03/2020
Mitxel Lakuntza (secretario general de ELA)
El Congreso de los Diputados aprobó recientemente los objetivos de estabilidad presupuestaria (2020-2023) propuestos por el Gobierno, entre ellos la regla de gasto (porcentaje máximo de incremento del presupuesto, que afecta a todas las instituciones, incluidas las vascas). Para 2020, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos proponía un aumento del 2,9%, apenas una décima más del 2,8% aprobado por Rajoy para 2020. Dicho de otra forma, si el presupuesto de un Ayuntamiento, Diputación o Gobierno autonómico fue de 100 millones en 2019, este año como mucho podrá ser de 102,9 millones, no más, por mucho superávit que tenga. Todo el dinero que esté por encima, será para los bancos (amortizar deuda, para quienes prefieren el eufemismo).

Así lo impusieron Zapatero y Rajoy en aquella modificación del artículo 135 de la Constitución, perpetrada en agosto de 2011 obedeciendo a Merkel y Sarkozy. De allí proviene la Ley de Estabilidad Presupuestaria y todas las políticas de austeridad (recortes, anulación del autogobierno...) posteriores. Pues bien, como paso previo a los Presupuestos del Estado de 2020, el Congreso acaba de aprobar la regla de gasto del 2,9% gracias al voto a favor de PNV (que se suma, por supuesto, a la propuesta de PSOE y Unidas Podemos), pero sobre todo gracias a las abstenciones de ERC (aritméticamente imprescindible), BNG y EH Bildu (en ambos casos, sus abstenciones no eran necesarias).

Es duro tener que recordar, sobre todo a partidos de izquierda, que aprobar la regla de gasto (2,9%) supone dar por buena la misma dosis de austeridad del gobierno de Rajoy, con un 0,1 de incremento. La regla de gasto busca la pérdida de peso del sector público: una insuficiente dotación de recursos deteriora los servicios públicos y agrava el recorte de las prestaciones sociales (pensiones, etc.). Así, el Gobierno español asume la política presupuestaria de la Troika. Es imposible que los presupuestos sean sociales si tienen que cumplir esa restricción presupuestaria. En ese viaje han embarcado todos los partidos que permitieron aprobar esa regla de gasto en el Congreso.

Cabe recordar que en los últimos años, las instituciones de Hego Euskal Herria están teniendo un importante superávit presupuestario, pero la regla de gasto topa sus presupuestos. El Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra acordaron con Rajoy una regla de gasto del 2,7% en 2019 y del 2,8% para 2020 (es decir, que su presupuesto en ningún caso aumentaría por encima de esas cifras, las mismas que Rajoy impuso al resto de CCAA). Ahora, ese tope será del 2,9%, y volverán a venderlo como un acuerdo. ¿Hasta qué punto la propaganda puede sostener estas cesiones vendiéndolas como victorias?

ELA considera inaceptable que PNV, Elkarrekin Podemos y EH Bildu avalen esta política de austeridad, que da por bueno el artículo 135 impuesto en 2011 por Zapatero y Rajoy. Lo aprobado en el Congreso impone los límites presupuestarios de las instituciones de la CAPV y Navarra para los próximos años. Ello supone naturalizar los ataques al autogobierno y la prohibición de hacer políticas propias en Hego Euskal Herria.

No hay novedad en la posición del PNV, coherente con su posición habitual, favorable a las políticas presupuestarias de austeridad. Hay que recordar que los votos de ese partido fueron necesarios para aprobar los objetivos de estabilidad de Rajoy. Sin embargo, la justificación de EH Bildu para dar luz verde a los objetivos de la ministra Calviño es especialmente preocupante; es una explicación muy parcial y con un efecto limitado para que los ayuntamientos con superávit puedan aumentar sus inversiones sostenibles. Esa pequeña flexibilidad ya existe, pero está muy restringida legalmente.

EH Bildu celebra como una buena noticia una medida muy escasa y de dudosa aplicación práctica, mientras da luz verde a la principal medida de disciplina presupuestaria diseñada por la Troika, que limita la soberanía de nuestro país e impide políticas alternativas.

A todas luces, es una decisión política incoherente, pero sobre todo es una renuncia a los principios básicos de la izquierda, y tiene una trascendencia enorme por sus efectos negativos en la vida diaria de millones de personas que llevan años sufriendo las consecuencia de la mal llamada crisis.

¿Es compatible dar apoyo público a una huelga general y al mismo tiempo respaldar las medidas de la Troika? ¿No habría que hacer justo lo contrario? Para desarrollar políticas progresistas e impedir que los presupuestos de las instituciones vascas se decidan en Madrid, los esfuerzos deberían dirigirse a derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria (2012), algo que debería ser prioritario para cualquier fuerza de izquierdas y soberanista.

Todo lo demás es propaganda, y de la mala.