Lo que hay tras la regla de gasto
Zapatero reformó la Constitución Española (el artículo 135), a través de un procedimiento exprés en el verano de 2011, para dar rango constitucional al cumplimiento de los objetivos de déficit público marcados en la Unión Europea, y priorizar el pago de la deuda sobre cualquier otro aspecto del presupuesto público (pensiones, sanidad, educación,…).
Posteriormente, en 2012, Rajoy aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, que iba más allá aún que la reforma de Zapatero. Esta Ley establece que el Congreso y el Senado aprobarán los límites de déficit y deuda pública que deben cumplir todas las instituciones. Asimismo, aprobarán la denominada regla de gasto, que es el tope máximo de crecimiento nominal que pueden tener los presupuestos de todas y cada una de las instituciones. Es decir, esta Ley supone establecer tres límites al crecimiento presupuestario: el déficit, la deuda y la regla de gasto. Estos son los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria que se votan en Madrid.
El gobierno de Pedro Sánchez en ningún momento ha puesto en tela de juicio este marco legal, que es un instrumento esencial para imponer las políticas de recorte y antisociales, y que tienen como objetivo básico la reducción permanente del peso del sector público y fomentar el negocio con las necesidades sociales. Así, no solo no ha planteado modificar la Constitución para revertir la reforma del artículo 135, sino que ni siquiera propone reformar la ley de Estabilidad Presupuestaria. Su apuesta y compromiso con un marco presupuestario restrictivo y antisocial y con los recortes acordados con la Comisión Europea es clara, como han reiterado el nuevo presidente y sus Ministras de Economía y Hacienda.
Pero es que, además, los Objetivos de Estabilidad para 2019 no suponen cambio alguno respecto a los presentados por el Gobierno anterior (y que fueron aprobados hace un año con los votos de PP, Ciudadanos y PNV). La máxima expresión del continuismo que se plantea se constata en el apartado de la regla de gasto. Sánchez proponía que en 2019 dicha regla de gasto limite el crecimiento de los presupuestos de todas las instituciones al 2,7% en términos nominales, exactamente el mismo valor que se recogía para ese año en la senda aprobada en julio de 2017.
La no aprobación de los Objetivos de Estabilidad no va a tener efectos reales a la hora de elaborar los presupuestos de las instituciones para 2019. El Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra van a tener superávit, así que no le hubiese afectado la miserable subida propuesta de dos décimas (por cierto, igual que hacía Rajoy cuando llegaba la hora de proponer). Y van a tener que ver limitada la subida presupuestaria al 2,7%, por la regla de gasto. Como dijo Erkoreka, portavoz del Gobierno Vasco, el pasado 17 de julio, el aumento del déficit “debería ir acompañado de un ajuste de la regla del gasto porque de lo contrario no tendría efectos”. Pues bien, no ha habido ningún cambio en este aspecto.
Visto todo esto, es incomprensible que el PNV se haya convertido en el único que vote a favor la posición de Pedro Sánchez. No solo es criticable desde el punto de vista de que los Objetivos propuestos suponen continuar con la misma política presupuestaria de los recortes aplicada en los últimos años.
También porque el marco general antes mencionado supone, de facto, la eliminación de la capacidad de decidir una política presupuestaria propia en nuestro ámbito territorial. Con la Ley de Estabilidad Presupuestaria las cosas cambian: si se recauda más no se puede gastar más (para eso está la regla de gasto), y si se recauda menos a recortar. Votar a favor de los Objetivos es también votar a favor de esta vulneración del autogobierno, otra más.