Mejores condiciones laborales en defensa de la escuela pública

Algunas cosas parecen haber estado ahí desde siempre, aunque no siempre sea así. Y son generalmente cosas cotidianas de nuestras vidas a las que no damos excesiva importancia, precisamente porque las tenemos por seguras, pese a ser fundamentales. Es el caso de la educación pública. Hemos integrado de tal forma en nuestras vidas enviar todos los días a nuestros hijos e hijas a la escuela que casi nunca reparamos en ella, ni en los/as miles de profesionales que la hacen posible. Las cuestiones ordinarias no despiertan gran interés. Y, sin embargo, todos los pequeños problemas cotidianos de nuestros centros educativos públicos tienen una gran aunque callada repercusión sobre el alumnado, las familias, el profesorado, el resto de los trabajadores y trabajadoras que los atienden y, por tanto, sobre el conjunto de la sociedad.

Como en el resto de los servicios públicos, la gestión de la administración educativa se basa únicamente en parámetros económicos, al hilo de las recientes corrientes neoliberales y de contención del gasto. En nuestro caso, la partida presupuestaria dedicada a los centros educativos públicos se viene reduciendo significativamente durante los últimos años con respecto a la riqueza del país y se sitúa muy por debajo de la media europea, referencia obligada en otras cuestiones. Por ello, las nuevas necesidades no se ven correspondidas con la necesaria dotación de medios y su responsabilidad y vienen a recaer sobre el obligado voluntarismo profesional de un personal ya bastante recargado de nuevas tareas y funciones.

Esta situación ha llegado ya a un extremo casi insoportable, de tal forma que el hartazgo de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza pública por la falta de consideración con que el Departamento de Educación y el Gobierno Vasco en general les trata está a punto de explotar. Sus condiciones laborales se han ido deteriorando progresivamente no sólo por el aumento de las mayores necesidades a las que deben hacer frente con los mismos o, incluso, menores recursos, sino también por la propia política de recortes que la administración educativa vasca viene sistemáticamente imponiendo.

No es comprensible, si no, que se niegue en redondo, por ejemplo, a contemplar reducciones de la carga lectiva (que no del horario laboral) al profesorado mayor de 55 años, aun a sabiendas de que la edad, la motivación, la salud, el desgaste profesional, la atención al alumnado y la calidad educativa van de la mano. Y menos aún que esta medida ya prevista en el convenio de 2002 no haya sido implementada hasta la fecha. Ni que se pretenda, por el contrario, aumentar las horas lectivas actuales del profesorado que atiende los grupos de diversificación curricular para el alumnado con problemas de aprendizaje.

Tampoco es admisible que el departamento deje sin efecto el compromiso de estabilidad del profesorado interino que ha estado en vigor durante más de veinte años, teniendo en cuenta que casi uno de cada cuatro profesores no son fijos y las negativas repercusiones que esto tiene para la continuidad de las plantillas en los centros, de sus proyectos educativos y en el seguimiento del alumnado. O que en lugar de disminuir el número de alumnos/as por grupo para facilitar la necesaria atención de la cada vez mayor diversidad del alumnado y de sus necesidades educativas, se empeñe en aumentarlo empezando por la difícil etapa de la educación infantil y con el argumento demagógico de que nuestras ratios son las más bajas de Europa, pero obviando que también nuestros resultados se sitúan en el pelotón de cola.

No tiene ninguna justificación el empeoramiento objetivo de las condiciones del profesorado en situación laboral más precaria, los sustitutos y sustitutas, ni que se cuestione incluso su derecho al cobro de las vacaciones. O que este derecho no se le reconozca a los sustitutos y sustitutas con contrato laboral. Ni el hecho de que el poder adquisitivo de los salarios del profesorado haya caído un 15% en la última década, o la obstinada negativa a equiparar las condiciones salariales del personal de cocina y limpieza con sus homólogos de la administración general. Ni que se mantenga un sistema diferenciado de jubilaciones para profesores y profesoras en idéntica situación laboral.

Todas estas cuestiones y otras cuya resolución se viene dilatando ante la pertinaz negativa de la administración educativa provocan que el personal de nuestros centros se encuentre cada vez en peor disposición personal y profesional de hacer frente a los nuevos retos educativos que se les exige. Porque, además, el Departamento de Educación ha demostrado durante estos últimos años una total carencia de voluntad negociadora en todas las mesas del sector, convocando reuniones tan sólo para comunicar imposiciones unilaterales (como convocatorias de oposiciones sin ningún aval sindical) o nuevas restricciones. Resulta curioso que un departamento del Gobierno Vasco demuestre tan poco respeto por la misma negociación colectiva que éste impulsa en muchos otros sectores laborales: como gobierno exige a los demás lo mismo que como patronal se niega obstinadamente a practicar. ¿Cómo, si no, podría entenderse la demora ya de años en la consecución de un nuevo convenio que sustituya al anterior y que, necesariamente, sólo puede ser mejor?

Así las cosas, las movilizaciones de protesta que se mantienen desde el curso pasado y las huelgas que se convocan para noviembre son la única salida que el Departamento de Educación deja a sus trabajadores/as. Sólo a él, por tanto, cabe exigirle las responsabilidades políticas y sociales sobre las perniciosas consecuencias de un conflicto sociolaboral en el sector de la enseñanza pública.

Maribel Maguregi (ELA), Belen Arrondo (STEE-EILAS), Jon Urrosolo (LAB), Luis Santiso (UGT)