Nadie es ilegal

Por un lado, Marine Le Pen (líder de Agrupación Nacional) proclamó que se trata de una “victoria ideológica”, dentro de la lógica de la ultraderecha, al profundizar en la criminalización de las personas migrantes y en el incremento de las violaciones de derechos fundamentales. Esto ha supuesto un cisma dentro del ‘macronismo’, cuyo ala izquierda considera que se ha llegado demasiado lejos. De hecho, el ministro de Sanidad ha decidido dimitir.

El texto incluye medidas como extender a 5 años (de los actuales 6 meses) el periodo de espera para que las personas inmigrantes puedan acceder a ciertas ayudas sociales como las de vivienda o de carácter familiar. Suprime el derecho automático al trabajo para las personas solicitantes de asilo y se crea el delito de residencia ilegal en suelo francés, permitiendo expulsiones más rápidas. Asimismo, se habilita regularizar a personas inmigrantes para que puedan trabajar en sectores donde falta mano de obra aunque limitan la cuantía a 10.000 personas. Según diferentes ONG, se trata de la ley más regresiva de las últimas décadas.

Uno de los focos de tensión durante la tramitación de esta ley ha sido el del recorte de las ayudas sociales, una de las principales exigencias de la ultra derecha, que ha conseguido lo que quería. Ello coloca a Le Pen cada vez más cerca del Elíseo. Los sondeos ya dan a su formación una estimación de voto de casi del 30%, con casi 10 puntos de diferencia sobre Macron.

Por otro lado, la Unión Europea ha aprobado el pacto de Migración y Asilo tras años de negociación. Organizaciones pro derechos humanos coinciden en que supondrá mayor violación de derechos para las personas migrantes y, como ha expresado Amnistía Internacional, “provocará el aumento del sufrimiento” para quienes solo buscan un refugio. Ha primado la criminalización frente a la solidaridad y el respeto a los derechos humanos.
El acuerdo consta de 5 reglamentos diferentes. El elemento principal es la reforma del Reglamento de Dublín, que asignaba al Estado de primera entrada (principalmente Italia, Grecia y España) la responsabilidad de las solicitudes de asilo. A partir de ahora, dichos Estados podrán solicitar la ayuda de otros Estados miembros cuando prevean una llegada masiva de migrantes. No obstante, algunas ONG advierten de que esto podría eternizar la espera de las personas migrantes y su retención en las fronteras.

Otra de las medidas más perjudiciales es que los Estados podrán negarse a acoger migrantes a cambio de abonar una penalización de 20.000 euros por cada migrante no admitido. De esta forma, se destierra para siempre el sistema de cuotas obligatorias defendida por algunos Estados durante años.
Este acuerdo refuerza, además, la dependencia de la UE respecto a Libia, Túnez, Turquía o Albania. En lugar de destinar recursos económicos a la acogida digna de migrantes y su integración, se destina dinero a países cuyo único objetivo es retener a migrantes dentro de sus fronteras, sin importar las consecuencias en materia de derechos humanos. Supone eludir la responsabilidad y externalizar el control de fronteras y la represión.
Ahora, tanto los 27 Estados como el pleno del Parlamento Europeo tendrán que refrendar el acuerdo.

La evolución de la UE sigue la de sus países más fuertes, como Alemania, que ha pasado de las “puertas abiertas” de Merkel (2015) al “tenemos que deportar más rápido” de Scholz (2023). La ultraderecha italiana de Meloni es una de las que abandera la lucha en contra de la inmigración. Como muestra, el pacto alcanzado entre Roma y Albania: Italia construirá en el país balcánico centros de acogida para migrantes rescatados en sus aguas territoriales. Se trata de la última ocurrencia de Meloni para deportar migrantes de forma encubierta. Sin embargo, ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional de Albania.

El tema de la inmigración vertebra a la ultraderecha en toda la UE. En épocas de crisis, como las vividas en los últimos años (Covid, la guerra de Ucrania), las derechas no dudan en identificar a la persona migrante como el chivo expiatorio. Mientras las desigualdades sociales crecen y las grandes empresas multiplican sus beneficios, los Gobiernos estatales y de la UE se dedican a perseguir a personas que se están jugando la vida lanzándose al agua para huir de una situación desoladora. No se veía este auge de la xenofobia desde la guerra en Siria, cuando la UE recibió miles de migrantes. En esta última década, la aversión por la acogida de personas migrantes ha ido de la mano de la ascensión de la ultraderecha. Europa se ha movido hacia postulados más conservadores.

ELA ve con preocupación estos hechos ya que en el Estado Español la ultraderecha cada vez se esconde menos, lanzando mensajes racistas, machistas, LGTBIfóbicos etcétera. En Euskal Herria, aunque no exista un ascenso electoral de la extrema derecha, también aumentan estos mensajes. Por ello, como sindicato tenemos que combatir la xenofobia y el racismo, tanto en los centros de trabajo como en el resto de la sociedad. ELA va a seguir movilizándonos en favor de las ayudas sociales, las pensiones, los servicios públicos y en contra de todo tipo de discriminaciones. Han pasado 5 años desde que se puso en marcha la campaña “Inor ez da ilegala”, impulsada por Argia y puesta en marcha por un colectivo de personas manteras de Bilbo para organizarse y poder vender en la calle legalmente. Desde entonces, se han recaudado alrededor de 30.000 euros gracias a la venta de productos (prendas, bolsos...) con el lema “Inor ez da ilegala”. La iniciativa ha hecho visible la reivindicación de las personas migrantes y ha demostrado que Euskal Herria es un pueblo solidario y reivindicativo. No hay duda de que esta iniciativa sigue más vigente que nunca, al igual que el lema “todos los derechos para todas las personas”.