Nuevo estatus: activar la ventana de oportunidad

27/11/2025
Nuevo estatus: activar la ventana de oportunidad
Unai Oñederra, responsable estrategia soberanista de ELA
“Muy débiles, muy divididos, muy despistados y muy acomplejados nos tienen que ver los españoles centralistas para atreverse a derogar de facto el Estatuto y quedarse tan campantes”.

Esta frase podría haberse dicho ayer mismo, pero no es así. Ha cumplido ya 28 años: la pronunció el 18 de octubre de 1997 el entonces secretario general de ELA, Jose Elorrieta, en Gernika, en el acto “El Estatuto ha muerto”.

Y digo que la frase tiene plena actualidad porque lo que está ocurriendo en Hegoalde, poniendo las cosas una detrás de otra, es muy preocupante. 

Por ejemplo, la ofensiva judicial contra el euskera que estamos sufriendo: El TSJPV ha confirmado la sentencia que anuló los perfiles lingüísticos en euskera para el organismo KABIA de Gipuzkoa; el departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha prohibido la apertura de una línea D; la Diputación de Gipuzkoa ha rebajado la obligatoriedad de algunos perfiles lingüísticos... 

La ministra de Sanidad española Mónica García ha rechazado que el euskera sea reconocido como mérito en las pruebas para el MIR. Literalmente dijo que esa medida rompería la equidad a nivel del estado. Pero ¿no teníamos la competencia plena en sanidad? No: no tenemos competencias para regular la formación especializada del personal sanitario. Igual que no podemos regular las condiciones de las personas que trabajan en la sanidad, porque nos las han arrebatado.

La viceconsejera de empleo público del Gobierno Vasco que, una vez más, el proyecto de ley de Presupuestos para 2026 dejará en manos de Madrid las necesidades de empleo y salarios de su personal. O sea, que las condiciones de las personas que trabajan en el sector público aquí se decidirán en el Estado. Ocurre lo mismo con el techo de gasto para los presupuestos de nuestras administraciones públicas.

Han pasado más de cuatro décadas desde que se aprobaron los estatutos de la CAPV y de Nafarroa, este último sin referéndum; a estas alturas en Hego Euskal Herria no tenemos posibilidad de llevar adelante las políticas que queremos y necesitamos. El Estado ha ido erosionando nuestras competencias mediante leyes básicas y el Tribunal Constitucional, tal como el Gobierno Vasco ha documentado en el libro "La erosión silenciosa". No somos más que dos más entre las 17 autonomías del Estado; nos han convertido en simples gestores de las políticas que se deciden en Madrid. 

Y cuando tratamos de mejorar la realidad impulsando iniciativas legislativas populares (ILP) nos cierran el paso, como ha pasado con la ILP para que el Salario Mínimo Inteprofesional (SMI) se decida aquí. El Gobierno de Navarra rechazó incluso la posibilidad de que se recogieran firmas, y el de Gasteiz ha rehusado debatirlo, después de que los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru presentasen en el Parlamento casi 140.000 firmas en apoyo de la iniciativa. Según el PNV, “No queremos competencias delegadas”. ¿Pero acaso hay alguna competencia que no sea delegada?

Antes de esta negativa el gobierno había mostrado la misma cerrazón ante las 145.000 firmas que llevó el movimiento de pensionistas para que las pensiones mínimas fuesen equiparadas con el salario mínimo. 

En esta situación, en vez de realizar un diagnóstico honesto nos dicen que estamos ante una ventana de oportunidad. Al parecer, hay una verdadera oportunidad para dar un salto en el estatus político porque en el Estado existe una mayoría democrática y plurinacional. Además, nos explican las claves para que la operación tenga éxito: la negociación entre las cúpulas de PNV, EH Bildu y PSE-EE debe ser secreta; es imprescindible que el PSE-EE esté en el acuerdo (se le reconoce el derecho de veto), y la ciudadanía y agentes sociales solo deben participar al final, cuando se firme el acuerdo. 

Ya me perdonaréis, pero en esas condiciones la propuesta no me parece creíble. ¿Quién está detrás de la ofensiva judicial contra el euskera? CCOO, UGT, PSE-EE y PSN. ¿Quién ha rechazado que se valore el euskera en el MIR? SUMAR. ¿Qué partido nos niega la competencia para regular aquí las condiciones de trabajo del sector público y definir el techo de gasto presupuestario? El PSOE. ¿Quiénes han impedido el debate democrático sobre la mejora de las pensiones más bajas y el salario mínimo, que apoyaban casi 300.000 firmas? PNV, PSE-EE y PSN.

Para dar pasos firmes con un nuevo estatus hacia una República Vasca que responda a las necesidades de las mayorías sociales, es fundamental empezar por un diagnóstico honesto del autogobierno. Hay que explicar a la ciudadanía lo que está pasando: El centralismo español está ganando, y si no confrontamos con él, estamos acabados. 

Al parecer, 28 años más tarde, los centralistas españoles nos siguen viendo débiles y acomplejados. Y diría que eso no se arregla en torno a mesas secretas de negociación, sino motivando, organizando y sacando a la calle a la gente. Tenemos que reforzarnos. Tenemos que desacomplejarnos. Organicémonos, luchemos y construyamos alternativas por esa Euskal Herria libre, solidaria, igualitaria, sostenible y euskaldun. Si queremos un nuevo estatus que responda a las aspiraciones y necesidades de la clase trabajadora de nuestro país, tenemos que empezar a movernos.