Reforma fiscal o recortes

La crisis está afectando directamente a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores, que han perdido ya su empleo o han visto mermados considerablemente sus ingresos al estar en situación de ERTE. Todo indica que en los próximos meses el paro y la inseguridad laboral van a crecer, por lo que vamos a sufrir una convulsión social de magnitudes difíciles de prever.

Todo ello en un escenario previo que estaba lejos de ser aceptable, ya que, por ejemplo, la pobreza y la desigualdad aumentaban, también los años de crecimiento (la Encuesta de Pobreza publicada por el Gobierno Vasco muestra que en 2018 había más de 130.000 personas en pobreza grave, un 46% más que en 2008).

Hasta ahora, la respuesta de las instituciones no está a la altura de la gravedad de la crisis. Inmersas en una inercia de autocomplacencia, publicidad y propaganda, están en fase 0, sin apenas actuaciones concretas. El resultado es que, detrás del espejismo del Teleberri (el No-DO se queda corto), la gente no ve ninguna mejora en su situación. En cualquier entorno se repite una frase, con distintas variantes y calificativos: “Dicen que hay ayudas, pero es mentira”.

Es hora de reaccionar, se requiere una respuesta contundente, un fuerte incremento del presupuesto del Gobierno Vasco y del Gobierno de Navarra. En salud, educación, cuidados, mejoras sustanciales en las prestaciones sociales, garantizar el acceso a la vivienda y a los servicios básicos, etc.

Para ello hay que aumentar los ingresos. Es urgente una reforma fiscal que incremente los ingresos de las haciendas de Euskal Herria. Dicha reforma debe ser justa, es decir, tiene que suponer un aumento de los impuestos que pagan las rentas altas, las empresas y el capital.

Si se renuncia a ello ni siquiera se va a poder mantener el actual nivel presupuestario. Tras la crisis de 2008 se produjo un fuerte aumento del déficit público, causado por una importante pérdida de recaudación (no por un aumento del gasto). Ese déficit se convirtió en deuda, y después la deuda se convirtió en la prioridad para tener que pagar los intereses, recortando así el gasto social. Si no queremos que la historia se repita hay que aumentar los impuestos, y de manera justa.

Los responsables políticos del Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales y del Gobierno de Navarra dicen que no es momento de abordar una reforma fiscal. No es verdad. No hacer nada es volver a optar por los recortes. Ya están apuntando en esa dirección. En la reciente entrevista a Iñigo Urkullu, publicada en este mismo periódico, el Lehendakari no dudó en calificar a quienes trabajan en la administración pública como privilegiados, mostrándose favorable a que asuman sacrificios (es decir, recortes salariales). Es lo mismo que pocos días después ha planteado la Consejera Arantxa Tapia. No lo vamos a aceptar.

Tras la crisis de 1929 o tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se puso en marcha el denominado Estado del Bienestar en diversos lugares del mundo, se adoptaron medidas de financiación muy importantes: condonación de la deuda pública, tipos impositivos del 90% a las rentas más altas, un impuesto sobre el patrimonio del 50% a partir de ciertos niveles… Estamos en un momento similar, que requiere medidas de calado.

Se deben adoptar medidas estructurales (para corregir las diferencias estructurales de presión fiscal, ya que estamos a la cola europea) y medidas coyunturales (que permitan recaudar en este momento una cantidad de dinero importante, a través de recargos puntuales). Y estas medidas deben basarse en la justicia fiscal: que paguen quienes más tienen.

¿Qué planteamos? Un aumento de los impuestos a las rentas altas, a las empresas y al capital. En el Impuesto sobre Sociedades deben eliminarse las deducciones, y aplicarse un recargo equivalente al 20% de los beneficios que obtuvieron las empresas en 2019. En el Impuesto sobre Patrimonio un recargo progresivo, entre el 1 y el 10% de la base imponible de este impuesto. Solo con estas medidas se recaudarían 3.750 millones más en la CAPV y otros 900 en Navarra. A ello habría que añadir el efecto de aumentar la progresividad del IRPF, lo que incluiría eliminar la tarifa especial del capital y elevar el tipo marginal máximo al 60%.

Todas estas medidas permitirían compensar, y con creces, la pérdida de ingresos estimada, para aumentar de manera importante los programas sociales y potenciar la necesaria orientación del sistema productivo desde una perspectiva social y ecológica. La conclusión es clara: es urgente una reforma fiscal justa para afrontar la crisis económica y social.