Reforma fiscal urgente: Cada vez menos excusas para negarse

16/04/2021
Mikel Noval, responsable de Estudios de ELA
La semana pasada el Fondo Monetario Internacional (FMI) propuso que los gobiernos aplicasen un impuesto específico a las rentas altas y a los patrimonios (un Impuesto de Solidaridad). Este impuesto, según Vitor Gaspar, director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, contribuiría a reducir las desigualdades sociales y financiaría las necesidades perentorias derivadas de la emergencia sanitaria y de la crisis económica, que han provocado un aumento generalizado de los niveles de déficit y deuda pública.

El mismo día Joe Biden hizo pública su propuesta de reforma fiscal, centrada en el aumento del impuesto sobre sociedades: subir el tipo nominal del 21 al 28%; establecer un tipo mínimo efectivo del 15% para los beneficios obtenidos fuera de Estados Unidos, para acabar con la práctica de las grandes empresas de utilizar los paraísos fiscales. Biden también quiere establecer un tipo mínimo del Impuesto sobre Sociedades del 21% a nivel mundial. Según el actual presidente de Estados Unidos “no es aceptable que 91 de las 500 mayores corporaciones del país pagaran cero en impuestos federales en 2019”.

Estas propuestas nos parecen positivas. Pero nos dejan un sabor agridulce. Dulce porque pueden ayudar a que se haga realidad en la CAPV y en Navarra una reforma fiscal que suponga un aumento de impuestos a las rentas altas, a los beneficios de empresas y a los patrimonios y grandes fortunas, como ELA viene demandando con urgencia.

Pero, por otro lado, en el debate político no hay ninguna voluntad de abordar una reforma fiscal de este tipo. En mayo de 2020 ELA propuso varias medidas sobre impuestos. Entre ellas, dos recargos específicos, uno en el Impuesto sobre Sociedades y otro en los impuestos sobre el patrimonio y las grandes fortunas. En la línea de lo propuesto por el FMI, el recargo sobre los patrimonios, progresivo y situado entre el 1 y el 10% para quienes ya declaran en el impuesto, permitiría recaudar 2.000 millones en la CAPV y 500 millones en Navarra. No solo en Estados Unidos hay gente que tiene mucho dinero.

La respuesta dada por nuestros gobernantes no pudo ser más penosa. Negativa rotunda, y negativa siquiera a abrir el debate. Urkullu, Chivite, Rementeria, Olano y González pasaron por la derecha a la patronal. El Comité Ejecutivo de Confebask propuso en ese mismo mes de mayo “un recargo fiscal temporal y finalista” durante un periodo de tiempo determinado para poder hacer frente a la devolución de la deuda “en la que habrá que incurrir necesariamente para salir de la crisis”. Confebask más favorable que Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra o Diputaciones. Ya nada sorprende.

La subida de impuestos sigue siendo una raya roja de nuestros gobernantes. Esa negativa es fruto de una mezcla de neoliberalismo dogmático y de una preocupante falta de capacidad para ver que las instituciones necesitan, sí o sí, bastantes más ingresos de los que ahora tienen. Esto, que es una evidencia en todo el mundo (de ahí las propuestas del FMI o de Biden, que no se realizan por convicción ideológica sino por pura necesidad), lo es más en Hego Euskal Herria, donde el nivel de recaudación a través de los impuestos está muy por debajo de la media europea (tenemos un déficit estructural de 6.000 millones al año en la CAPV y de 2.000 en Navarra).

Es necesario coger el tren de la reforma fiscal. La caída de recaudación como consecuencia de la Covid 19 se está compensando, de manera parcial y temporal, por el aumento de la deuda. Pero es una ilusión pensar que eso pueda ser así de manera permanente. El nivel de deuda pública es ya demasiado elevado. Además, como ocurrió tras la crisis de 2008, tras unos primeros años de cierta permisividad con el gasto público, va a volver la exigencia del cumplimiento de los límites de déficit y deuda pública y de contención del crecimiento del gasto (la regla de gasto), dando lugar a recortes sociales. La consciencia de los límites de utilización de la deuda pública explican también las propuestas del FMI y de Biden.

La connivencia entre el poder político vasco y las grandes empresas está detrás de la negativa a que éstas paguen impuestos. ELA ha mostrado que, como en Estados Unidos, las principales sociedades vascas pagan entre poco y nada en el Impuesto sobre Sociedades. Un escándalo, ante el que los gobernantes miran para otro lado, o, lo que es peor, cierran filas apoyando a empresas como Petronor, que entraría en el grupo de empresas cuyo comportamiento Joe Biden considera inaceptable, por no pagar ni un euro en el Impuesto sobre Sociedades en 2019.

No estaría mal escuchar a los políticos vascos mencionados anteriormente hablar así de nuestras empresas. En vez de ello no se cansan en hacerles la ola, en sacarse todas las fotos que pueden con sus directivos, y en entrar a la carrera de ver quién es más favorable a empresas como Iberdrola, Petronor o Euskaltel. La supeditación del poder institucional a los intereses particulares de las empresas vascas no cuida ni las formas.

También es bastante triste ver que la izquierda política de Hego Euskal Herria está muy por detrás del FMI y de Biden a la hora de abanderar en el plano institucional y en el de la opinión pública la necesidad de una reforma fiscal urgente. Estaría bien que todo esto sirviese de aldabonazo para que EH Bildu o Elkarrekin Podemos fijasen la reforma fiscal como una de sus prioridades, tanto en la CAPV como en Navarra. Que Biden sea más duro, claro y ambicioso que las fuerzas políticas de izquierda vascas debería hacer pensar y actuar a más de uno o una.

Establecer recargos impositivos, durante uno o varios años, no es una locura. Ya se ha hecho antes. En 1983 el Gobierno Vasco decidió aplicar un recargo en el IRPF, durante un ejercicio. Ese recargo fue progresivo, entre el 1,7% y el 6,3%. Es interesante resaltar que se aplicó por decisión del Gobierno Vasco, al amparo de la Ley de Armonización. Otros ejemplos los tenemos en Alemania (con el Impuesto de Solidaridad, para financiar la reunificación, que ha durado casi 30 años, y ha sido de un 5,5% en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades) o en el que impuso Rajoy durante varios años en el IRPF.

Nos reafirmamos en la urgencia de abordar una reforma fiscal de calado. ELA está desarrollando una campaña para exigirla. Tenemos propuestas, razonables y realizables. Es competencia de las instituciones de Navarra y de la CAPV aprobar esta reforma fiscal. Las propuestas del FMI y de Biden muestran que cada vez hay menos excusas para negarse a ello.