Rementeria: la explotación laboral como norma

Su versión no es una más, sino la débil justificación de una decisión política deliberada y consciente para perpetuar condiciones laborales de explotación y un deficiente servicio público para las personas más débiles de la sociedad, todo ello con un único objetivo: salvaguardar los beneficios de unas cuantas empresas, algunos cuyos titulares pertenecen al círculo político del propio Rementeria. Y la perpetuación de la huelga hará todavía más ricos a quienes se lucran con la privatización de este servicio: la Diputación que preside Unai Rementeria ha abonado más de 5 millones de euros a estas empresas por servicios no prestados. Por ese desagüe se van los impuestos de la ciudadanía vizcaína (esos impuestos que tanto preocupan al diputado) y los salarios que no cobran las trabajadoras mientras ejercen su derecho fundamental a la huelga. Por eso sabe tanto Unai Rementeria de empresas de éxito, porque ese éxito se lo deben a él y a sus decisiones políticas.

Si lo de Unai Rementeria no puede ser una versión más, la de las trabajadoras del sector tampoco lo es. Estas mujeres sufren esa realidad cada día, desde hace años, salarios muy bajos y horarios de explotación, contratos temporales y jornadas recortadas: pobreza a cambio de cuidar personas. Estas trabajadoras no opinan desde fuera, como el diputado general de Bizkaia, ni dan versiones. Están dentro del problema, no pueden escaparse, ni abrir una puerta de escape para ver el asunto con cierta distancia o seguridad.

Su vida es conflicto. Pero no ahora, que están en huelga, sino desde que empezaron a trabajar en un servicio público subcontratado desde la Diputación que ahora preside Rementeria. Fue entonces cuando arrancó un conflicto que ahora aflora públicamente en forma de huelga, porque ahora es cuando el colectivo de trabajadoras ha reunido fuerzas para no seguir sufriendo en silencio.

Y eso es lo que molesta a Unai Rementeria: se ha roto el silencio. Ya no hay sumisión.

Hace unas semanas, en Santurtzi, prohibieron a un militante de ELA entrar a un encuentro vecinal con Rementeria al que estaba invitado, porque sabía que no iba a estar de acuerdo con lo que el diputado general dice y hace. Porque no se iba a callar, como tampoco se callan las trabajadoras de residencias. En su artículo (“Mi versión”, hay que recordarlo), el diputado general apunta a las trabajadoras de residencias (en realidad, a cualquier colectivo que se organice para defender sus derechos) como enemigas a las que hay que doblegar: les intenta meter miedo (“pasará otro año más de conflicto...”, llega a amenazar), y lo peor, las trata como ciudadanas de segunda, subalternas, manipulables, sin iniciativa ni capacidad política. Les falta al respeto… y lo hace porque son mujeres, mujeres que no se callan y que no ceden al chantaje ni de la Diputación ni de sus empresas amigas (unos ejemplos: el grupo Igurco obtuvo 3 millones de beneficios entre 2014 y 2015; Aita Menni y Sanitas se repartieron un millón y casi dos millones de euros respectivamente entre 2013 y 2014).

Y no ceden porque “el chantajista siempre vuelve”, como amenaza Rementeria en su escrito.

Hoy, desgraciadamente, líderes políticos llegan a altos puestos de responsabilidad demostrando autoritarismo; despreciando, en este caso, a miles de trabajadoras. Está claro quiénes chantajean y meten miedo a las trabajadoras: las empresas que despiden a mujeres por hacer huelga (con sentencias que han declarado nulos dichos despidos) y quien apoya políticamente esa estrategia de enconar el conflicto y no tomar en cuenta las ofertas de ELA para alcanzar un acuerdo que mejore el servicio y las condiciones laborales.

Porque, al parecer, en el marco mental del diputado general de Bizkaia la explotación laboral no se discute. Es el estado natural de las cosas.

Igor Eizagirre, secretario general de ELA-Gizalan (Servicios Públicos)