Se copia a Madrid todo lo que no perjudica a la patronal

01/02/2017
¡Vaya con Montoro! El PP ha modificado el Impuesto de Sociedades en el Estado retirando deducciones que permitían a las grandes empresas pagar poco o nada por ese impuesto. La CEOE ha reaccionado criticando duramente la medida del PP. No solo eso, la CEOE, de la que forma parte Confebask, aplaude la decisión de Donald Trump de bajar a la mitad los impuestos de las empresas.

En un gesto inusual, Montoro ha contestado a la CEOE diciendo que es “inexplicable” e “inaceptable” que el porcentaje que pagan las grandes corporaciones sea muy inferior al de las PyMEs. Las grandes empresas pagan un 7,6%, y las PyMEs, más del doble. Todas muy lejos del tipo nominal mínimo del 25%. Montoro explica que esa situación “no se entiende ni se puede aceptar. Así no se puede financiar la cohesión social. La vía para alcanzar los máximos de recaudación previos a la crisis debe venir por el Impuesto de Sociedades”. Montoro no se ha caído del caballo para convertirse al socialismo. No; lo que sucede es que el Estado tiene serios problemas para financiar servicios esenciales y cumplir los objetivos de déficit, y lo de la contribución fiscal de las empresas más importantes es un escándalo: no pagan impuestos.

¿Qué sucede en las Haciendas vascas? Aquí sucede lo mismo que en el Estado, pero sin que tenga las mismas consecuencias. Aquí no se plantea ningún cambio. De lo que hace el Estado español aquí se copia todo, absolutamente todo, menos aquello que pueda perjudicar a la patronal. ¿Por qué no? Porque los impuestos los deciden responsables políticos que trabajan para esas empresas que no pagan impuestos. En Nafarroa y en la CAPV la recaudación por ese impuesto ha caído una barbaridad, y no porque los beneficios empresariales se hayan desmoronado. No; ha sido porque los responsables políticos de las Haciendas y del Gobierno Vasco han llenado el impuesto de agujeros; de deducciones, subvenciones y exenciones para que las empresas, sobre todo las grandes, paguen entre poco y nada. Aquí, menos aún que en España.

Unai Rementeria y Ramiro González, diputados generales de Bizkaia y Araba, han dicho en alguna ocasión que las empresas vascas “pagan menos que las españolas”. Pero sin que de esas palabras se derive acción alguna. El Diputado de Hacienda de Gipuzkoa, Jabier Larrañaga, genuino representante del Tea Party fiscal vasco, actúa como representante de Adegi al defender que la fiscalidad debe tratar con mimo a las empresas.

El Parlamento Vasco, por su parte, encargó a varios catedráticos un informe sobre fraude fiscal. Ya lo hicieron. Dijeron que el fraude en la CAV se puede estimar en unos 3.000 millones de €. ¿Qué ha sucedido tras darse a conocer? Nada. Las Diputaciones dicen que eso no va con ellas. ¿Qué han convertido en prioridad? Reformar la RGI para reducirla. Van a castigar a las personas que malviven por debajo del umbral de la pobreza. Del fraude fiscal, mejor no hablar.

Mientras, la patronal vasca continúa exigiendo que le bajen más los impuestos porque pagan -dicen, faltando a la verdad- más que sus vecinos. Sus mensajes tienen un gran eco en los medios de comunicación -sobre todo en EITB- y en los partidos que defienden sus intereses. Nadie aquí hace de Montoro. Los responsables políticos del Gobierno y de las Haciendas hacen suyo el discurso de la patronal y colaboran para proscribir el debate fiscal, para mantener a los y las ciudadanas en la ignorancia. El saqueo fiscal a las rentas de trabajo no se podría mantener si la cultura fiscal en nuestra sociedad superara unos mínimos.

El PNV, por boca de su presidente, y el propio Lehendakari critican a ELA porque -dicen- desvirtuamos nuestro papel de sindicato metiéndonos “en política”. Para ellos la democracia termina en el voto y en la constitución de parlamentos y gobiernos. No hay nada más. Ellos defienden que no debe haber ninguna crítica social, mucho menos si ésta es organizada. Se elige a los gobernantes, y a callar y dejar hacer. A esta clase política le molesta el sindicalismo que les interpela con plena autonomía. Por eso han decidido primar a la minoría sindical, porque no les reprocha que hagan política neoliberal.

Es preciso insistir: La mayoría de quienes poseen rentas altas, de capital y empresariales no quieren pagar impuestos. PNV, PP y PSE-EE han compartido hasta la fecha que desde el poder político debían acceder a ese deseo. Su alternativa -la de quienes no quieren pagar impuestos- es integral: exigen a los gobiernos ayudas para las empresas, que se les bajen los impuestos y, para cumplir el déficit establecido, reducir el gasto social. Nadie, desde el Gobierno y las Haciendas vascas, dice a la patronal que sus beneficios deben financiar la cohesión social.

¿Dónde está la izquierda política en estos temas? Desaparecida; no en la retórica de izquierdas, pero sí cuando ofrece acuerdos o acuerda con la derecha. Solo hay que analizar el acuerdo de la Diputación Foral de Araba y la aprobación de los presupuestos de Nafarroa. La fiscalidad, como instrumento transformador para el cambio político y social, simplemente no está. Así se explica el diferencial en recaudación, de 6.000 millones en la CAV y 1.800 en Nafarroa. Un hecho que no se destaca en el debate público. Así, la derecha vasca no se verá obligada a ceder ningún terreno y seguiremos sufriendo uno de los sistemas fiscales más injustos de toda Europa.