Servicios públicos, privilegios y otros sarcasmos

La trabajadora de ambulancias, el celador, la auxiliar de enfermería, la médico que te atiende de madrugada cuando acudes a urgencias sin cobrarte nada y sin preguntar por un seguro privado, sin importarle el color de tu piel, el saldo de tu cuenta corriente, tu identidad de género u orientación sexual, es trabajadora de los servicios públicos; también lo es el profesor o la educadora que, de modo incondicional, trata de enseñar a tu hijo o hija conocimientos universales y básicos para la vida; la persona que ofrece cariño y conversación a tu padre, le ayuda a cenar y le limpia el culo antes de acostarlo; el conductor de bus que te da la posibilidad de desplazarte a otra localidad sin necesidad de tengas coche, sea por propia opción o porque no te llega ni para uno de segunda mano; las mujeres que limpian las calles de tu ciudad, los edificios públicos, colegios o centros de salud antes de su apertura o a su cierre para que estén bien limpios cuando acudas a ellos; quien te ayuda a hacer los trámites para cobrar la RGI; la trabajadora o educadora te ayuda a rehacer tu vida social cuando atraviesas dificultades económicas, sociales o psíquicas; la periodista incisiva de medios públicos pone en aprietos a gobernantes y empresarios...

Estas trabajadoras y trabajadores y estos Servicios Públicos, junto con otros muchos, garantizan servicios básicos para la sociedad y la vida a toda persona, cualquiera que sea su situación socioeconómica, origen, ideología, creencia, género u orientación sexual.

Y precisamente con el fin de que puedan garantizar esos servicios públicos para toda la gente de modo objetivo e imparcial, deben tener blindado su empleo, para no verse sometidas al poder político o intereses económicos de turno que incesantemente quieren recortarlos, eliminarlos o convertirlos en fuente de negocio.

Estos puestos de trabajo exigen buenas condiciones laborales; mejor dicho, las mejores condiciones laborales, para atraer y mantener en ellos a las y los mejores profesionales.

Si estos puestos de trabajo no están blindados o sus condiciones laborales no son buenas, tal como está ocurriendo en Euskal Herria cada vez en mayor medida, se pone en riesgo el propio servicio público y también la calidad que ofrece, esto es, el acceso de las personas más necesitadas a servicios básicos para la vida.

Ser trabajador o trabajadora pública no es un derecho, sino un servicio a la comunidad. El derecho, cualquiera que sea mi situación, identidad u opciones vitales, es tener acceso a los servicios públicos que me posibiliten vivir bien.

Las personas que trabajan en el sector público no son privilegiadas; el privilegio o, más bien, la conquista histórica de la clase trabajadora es disponer de unos servicios públicos básicos para todas y todos; servicios que prestan y garantizan las empleadas y empleados públicos.

Todo esto es lo que se debe garantizar; y para ello es necesario que todos los servicios básicos para la vida sean públicos; que los puestos de trabajo de estas personas estén blindados, con contratos fijos y buenas condiciones laborales (las mejores).

Dicho esto, quiero aportar dos datos:

En primer lugar, cuatro de cada diez personas ocupadas en los Servicios Públicos están contratadas por empresas privadas, o lo que es lo mismo, subcontratadas por las administraciones públicas. Las trabajadoras de las residencias, las limpiadoras de casi todos los edificios públicos, las empleadas y empleados de los transportes públicos, el personal de cocina y monitoras de comedores escolares, los jardineros, la plantilla de las infraestructuras culturales y deportivas, las educadoras de calle... La mayoría mujeres, en condiciones muy precarias.

En segundo lugar, la mitad del personal en el sector público es temporal y, por tanto, sus puestos de trabajo penden de un hilo.

Ni gobernantes ni empresarios tienen necesidad de los servicios públicos o de las personas que trabajan en ellos. Tienen suficiente dinero, contactos y poder para satisfacer sus necesidades e imponer sus intereses. Por eso han puesto en la diana los Servicios Públicos y a las personas que trabajan en ellos. Por eso quieren recortarlos o eliminarlos. Eso les da más control y poder sobre la ciudadanía, además de extender su nicho de negocio.

El resto de la ciudadanía, la clase trabajadora, quienes sufrimos las múltiples opresiones y no tenemos posibilidad de satisfacer nuestras necesidades con dinero, somos quienes necesitamos unos servicios públicos amplios, sólidos, universales y gratuitos. Para nosotras y nosotros son imprescindibles trabajadoras y trabajadores públicos competentes, objetivos y blindados frente a intereses políticos y económicos. Unos servicios públicos y empleadas públicas que sigan satisfaciendo las necesidades básicas para la vida, y que cubran muchos otros sectores que hoy están en manos del negocio privado (cuidados, energía, producción y distribución de alimentos, vestimenta, finanzas, moneda, cultura, ocio, tecnología, telecomunicaciones…).

Para defender y reforzar todo esto, ¡viva la huelga de los servicios públicos!¡Gracias a todas y todos los que hasta ahora, en estos días y en el futuro, defendéis vuestras condiciones de trabajo y lucháis por la mejora de los servicios públicos!