Ley de extranjería: precariedad

“Nadie pone a su hijo en un barco salvo que el agua sea más segura que la tierra”. Esta frase de la poeta anglo-somalí Warsan Shire es conocida desde hace años y protagonista de tuits y pancartas en manifestaciones en favor de los derechos de las personas refugiadas.

Esta es la pesadilla por la que miles de personas tienen que pasar para llegar a un lugar donde poder vivir en mejores condiciones. Muchas reconocen que si hubiesen sabido la violencia que les espera en el lugar de destino, no se hubiesen subido a la barca jamás.

La vara de medir con la que se mide a personas migradas y no migradas es muy diferente 

Las violencias que se sufren, no solo como persona refugiada, sino como persona migrada, son innumerables; violencia racial, violencia sexual, violencia institucional, etc. La persona migrada vive constantemente vigilada, amenazada, constantemente teniendo que justificar por qué hacen lo que hacen, por qué reciben la ayuda social que reciben, la vara de medir con la que se mide a personas migradas y no migradas es muy diferente.

Las personas migradas para conseguir los papeles alegando arraigo social necesitan estar empadronadas durante 3 años. Durante 3 años, tienen que subsistir, tienen que sobrevivir, pero sin los derechos básicos que tenemos el resto. No pueden acceder a un contrato de trabajo, a una vivienda y tienen limitadas las ayudas sociales. Este es el castigo por el que tienes que pasar si eres una persona migrada.

Inspección de Trabajo debería ser la competente de perseguir estas situaciones de explotación. Sin embargo, no da ninguna garantía

Sabemos que están ahí, que existen, de hecho, incluso sabemos que si no fuese por ellas, nuestras abuelas estarían malcuidadas o nuestros suelos estarían sucios, pero ellas intentan pasar lo más desapercibidas posible ya que si la policía las descubre las podrían deportar. Aún así, hay quien se atreve a decir que no se adaptan, que solo se juntan entre ellas, que crean guetos…no hay quien acierte.

Hay gente que se acerca al sindicato para trasladar su situación, mejor dicho su explotación. Las condiciones en las que trabajan son deplorables, “todo vale”: jornadas interminables, personas hacinadas en un piso mientras acaban alguna obra, salario ínfimo, a veces incluso les quitan parte del salario a cambio de un futuro contrato laboral. La situación para el sindicato es frustrante por impotente. Son situaciones muy delicadas donde no se puede decir a la ligera “todo saldrá bien” o “ya verás como ganamos este caso”, está en juego el presente y futuro de una persona, por lo que hay que ser muy cuidadosas. La Inspección de Trabajo debería ser la competente de perseguir estas situaciones de explotación. Sin embargo, no dan ninguna garantía.

En Euskal Herria tenemos 41 inspectores, mientras que para alcanzar la media Europa necesitaríamos 121

Hay una falta de recursos muy alta en la Inspección de Trabajo. En Euskal Herria tenemos de media un tercio del personal inspector que existe en Europa. En la CAV hay 41 inspectores/as mientras que para alcanzar la media europea necesitaríamos 120 y en Nafarroa hay 15 cuando para alcanzar la media en Europa se necesitarían 41. La responsabilidad de las Instituciones Públicas, por tanto, es total. Cierran los ojos ante la cruda realidad de las personas migradas.

Transcurridos los tres años mencionados, tampoco es un camino de rosas. En primer lugar, necesitas tener un precontrato, es decir, una promesa de que te harán un contrato. Y ahí es donde empieza todo el periplo burocrático para conseguir el permiso de residencia temporal. Además, este proceso conlleva coste económico, ya que mucha gente se ve abocada a contratar un abogado o abogada privada para que le facilite el papeleo. 

La criminalización no cesa, menos aún cuando se trata de la justificación de las ayudas sociales. Desde la derecha y extremaderecha se utiliza a la persona migrada como chivo expiatorio y cuando la situación económica es mala o sube el desempleo no dudan en señalar a las personas más vulnerables “nos quitan el trabajo”, “hay que ayudar a las personas de aquí, no a las de fuera”, vamos, el “America first” de Trump o en versión vasca “Euskadi, lehena” del PNV. 

La reforma sobre la Renta de Garantía de Ingresos aprobada por Gobierno vasco plantea que el personal de Lanbide entre en las casas de las personas perceptoras de la RGI para comprobar si esa es su vivienda habitual 

En los últimos meses la situación se ha agravado. Hace dos meses se aprobó la reforma sobre la Renta de Garantía de Ingresos por parte del Gobierno vasco, con la abstención de EP y EHBildu. Dicha Ley plantea que el personal de Lanbide entre en las casas de las personas perceptoras de la RGI para comprobar si esa es su vivienda habitual. Eso mismo sería impensable con otro tipo de prestaciones como la del desempleo o la de jubilación. Antes de la entrada en vigor de esta ley, que será a finales de marzo, la Ertzaintza se ha adelantado a hacer ese trabajo.

Desde ELA, reivindicamos la abolición de la Ley de Extranjería, ya que es la que condena a las personas migradas a la precariedad y las despoja de los derechos básicos. En verano del 2022 el Gobierno español modificó el Reglamento de dicha Ley. Esta modificación fue duramente criticada por ELA, ya que no se hizo desde el punto de vista de los derechos humanos, sino desde un punto de vista utilitarista y productivista por la falta de mano de obra en algunos sectores.

Para denunciar la vulneración constante de los derechos de las personas migradas se ha iniciado desde ELA una campaña con diferentes testimonios de personas afiliadas y delegadas del sindicato. Estas dan cuenta de las dificultades por las que han tenido que pasar en el proceso de migración y el periplo administrativo para conseguir trabajo y permiso de residencia. Esta campaña culminará el día 21 de marzo, día internacional en contra del racismo, con una movilización que se realizará en la Delegación del Gobierno Español en Bilbo. En la misma gritaremos con fuerza “Eskubide guztiak denontzat!”.