Zedarriak: el negocio por encima de los derechos humanos (corrección)
Europa se encuentra sumida en un declive industrial preocupante (con sus efectos también en el tejido económico de Hego Euskal Herria) y algunos foros como Zedarriak, aprovechando la ola reaccionaria y belicista que azota el mundo, han visto en el sector militar una oportunidad de negocio para potenciar la política industrial de nuestro país.
Zedarriak es un lobby empresarial formado por empresarios y empresarias vascas. Lo forman consejeros de Repsol, Dominion, Aernnova, Caixabank, Mediaset (Telecinco), Grupo Velatia, CIE Automotive, Universidad de Deusto, Schneider Electric, IKEA o Zabala Innovation consulting, y también algunas personas vinculadas a la ONG Save the Children, periodistas, etc. En su momento, el Gobierno Vasco participaba de la mano de Juanjo Alvarez.
Hay que recordar que Juanjo Alvarez lo abandonó porque hubo alguna fricción entre Zedarriak y el Gobierno de Urkullu. Este enfrentamiento vino por un informe que publicó este lobby anarcoliberal en el que decía que Euskadi estaba perdiendo liderazgo en términos económicos y empresariales, sobre todo comparándolo con Madrid, cosa que no sentó bien en el Gobierno Vasco, y sobre todo a Urkullu. Informe, por cierto, que ha desaparecido de su web. A pesar de ello, la relación entre este grupo y el Gobierno Vasco es estrecha.
Zedarriak escribe informes donde defiende sin ningún tipo de complejos los intereses de las empresas: la utilización mercantilista de las personas migrantes para cubrir los empleos más precarios, la necesidad de atracción de talento o políticas para mejorar la competitividad empresarial: en otras palabras, bajar los impuestos a las empresas y al capital. Su animadversión por la cosa pública es algo del todo sabido. La intervención pública en temas económicos les provoca urticaria, salvo cuando beneficia económicamente a las empresas.
No obstante, en la presentación de su último informe sobre política industrial han decidido dar una vuelta de tuerca más (siempre a la derecha) y han planteado cuestiones de una gravedad enorme y con un cierto olor a Varón Dandy. En un contexto de auge de la extrema derecha, de olas reaccionarias y de estrategias bélicas (la OTAN ha pedido subir la inversión en defensa del 2 al 3% del PIB o más), este grupo ve una buena oportunidad de negocio en el sector de la defensa y seguridad. No importa si es armamento para continuar con el genocidio en Gaza, si es tecnología para evitar la llegada de personas migrantes a las fronteras de Europa o para fabricar drones que vigilen (o maten) a civiles en cualquier parte del mundo. Tal y como advertimos en el informe que publicamos junto a los compañeros y compañeras del OMAL, el capitalismo verde oliva es la nueva estrategia de las oligarquías europeas y la oligarquía vasca no podía quedarse fuera. Para ellos y ellas, los beneficios empresariales están por encima de los derechos humanos.
Otra patinada viene en el tema energético. Mientras la crisis climática sigue azotando con fuerza en todo el planeta y nos pisa los talones (el desastre de la DANA tiene un coste económico de 9.500 millones de euros), y las estrategias europeas van encaminadas a una transición verde (aunque de verde tiene poco), no se les ha ocurrido otra idea que plantear la energía nuclear como alternativa a nuestra dependencia energética. Sólo los Gobiernos más ultras (a la derecha) se atreven a plantear medidas así.
Para salvar a Euskadi del declive industrial han calculado que es necesario invertir al año 5.000 millones, utilizando de referencia el Informe Draghi, de los que 1.000 deberían ser fondos públicos. Es decir, 1 de cada 5 euros vendrían de un sistema fiscal que sostiene la clase trabajadora, porque ellos y ellas cada vez aportan menos (y si pudieran no pagarían nada).
Es una cuestión muy grave, pero algo que puedes esperar de un lobby de este tipo. El negocio por encima de los derechos humanos, la ética y la moral. Lo que es más grave es que Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, valore positivamente las conclusiones de este grupo. Quizá es necesario aclarar que el próximo Plan Industrial para la CAPV lo va a realizar por 242.000 euros una de las empresas que componen Zedarriak, Zabala Innovation, al que el Gobierno Vasco ha subcontratado. Pero tan grave como apoyar es guardar silencio ante tan graves planteamientos.
“Durante esta época de transformaciones e incertidumbre, más que nunca, necesitamos del compromiso y de las aportaciones de la sociedad civil para mejorar y potenciar nuestra política industrial”, ha dicho el Consejero de Industria. Nosotros también somos una organización de la sociedad civil y creemos que hay sectores que deberían desaparecer de la economía por inmorales e injustos, y uno de ellos es el sector militar y armamentístico. Y creemos que hay que desarrollar energías realmente renovables y que no supongan un impacto climático negativo como la nuclear. Y también pensamos que las administraciones públicas deben tener un papel activo en todo ello y no alinearse con el poder económico.
Nos encontramos ante un momento clave, pero parece que el Gobierno Vasco ya ha tomado el camino de la derecha.