ELA solicita a la Diputación Foral de Gipuzkoa que no privatice la dirección de la Residencia San José de Ordizia
La residencia San José de Ordizia es la única ubicada en la localidad. Se trata de una residencia que hasta hace 3 años gestionaba el Ayuntamiento, aunque la mayoría de las trabajadoras están subcontratadas. La sede pasó a manos de la Diputación hace 3 años y el centro está dirigido por su organismo autónomo, KABIA. Un total de 12 trabajadoras de Kabia y otras 55 trabajadoras subcontratadas de Eulen.
En los primeros meses de la pandemia ha sido una residencia duramente golpeada por la enfermedad. Más de 25 de los 68 residentes murieron por este virus. Otros residentes enfermaron y 26 trabajadoras. De estas últimas tuvieron que ser hospitalizadas 7.
En estos primeros meses en la residencia las trabajadoras vivimos el caos, el miedo, la ansiedad y un stress terrible, porque no había suficiente protección para los trabajadoras (trabajamos sin EPI) y como se ha visto después, el edificio no estaba preparado para tomar las mínimas medidas organizativas que hay que tomar ante esta pandemia en las residencias. Al final, tuvimos que interponer una demanda en los juzgados para que establecieran medidas de protección. En toda esta trayectoria,no se ha contado para nada con nosotras, las trabajadoras.
El día 19 de junio se procedió al cierre del centro para la ejecución de las obras y acondicionamiento del edificio. En este proceso, tenemos que decir que por parte de Kabia no ha habido ninguna voluntad de negociar de forma colectiva sobre los cambios de las condiciones de las trabajadoras. En la negociación de los cambios en las condiciones laborales de las trabajadoras subcontratadas por Eulen, ELA no logró un acuerdo, sobre todo, porque las trabajadores eventuales fueron despedidas.
La semana pasada hemos tenido conocimiento a través de la empresa subcontratada de la apertura del centro el próximo miércoles, 23 de septiembre, y:
- Que la dirección de la residencia pasará de Kabia a Eulen, es decir, de manos públicas a privadas.
- Los abuelos que vendrán, que serán enfermos con el COVID.
- Que se pasará de ser una residencia "normal" a una residencia "medicalizada".
Ante esta situación, desde ELA hemos solicitado tanto a la empresa subcontratada como a Kabia la nueva evaluación de riesgos laborales y el plan de Contingencia, ya que no han negociado nada con los representantes como exige la ley. Por mucho que lo hayamos pedido, todavía no hemos recibido nada.
Por todo ello, queremos manifestar por parte del Comité de ELA:
- Que nos parece muy grave que una residencia con dirección pública pase a manos privadas. Si algo ha demostrado esta pandemia es que dejando en manos de empresas y multinacionales cuyo objetivo es ganar dinero en los cuidados y los servicios imprescindibles nunca va a ser prioritarios ni los residentes ni las trabajadoras.
- Las trabajadoras de la residencia de Ordizia, debido a la situación que nos ha tocado vivir en los últimos meses, que la salud psicológica y anímica del colectivo no es buena y que no se han puesto en marcha mecanismos para reparar esto ni por parte de la Diputación ni de Eulen. A petición de ELA, acabamos de empezar a discutir con Eulen el procedimiento de riesgos psicosociales, pero como se ha dicho, todavía no se ha realizado ninguna evaluación.
- Desde una perspectiva local, convertir la sede de Ordizia en una residencia "medicalizada", supone dejar sin este servicio a sus abuelos, tanto los que estaban antes en la residencia como los próximos abuelos que quisieran vivir en ella. ¿Qué va a pasar con los abuelos de Ordizi que necesitan este servicio?
- En cuanto a la formación del personal, ha sido muy precaria, casualmente en vísperas del juicio, en abril, se limitaron a un vídeo por whatsapp para que cada una vieramos en casa. Las trabajadoras no estamos preparadas para hacer el trabajo que nos quieren dar.
- Para convertirla en una residencia "medicalizada" creemos que el edificio debe ser adecuado y desconocemos la idoneidad de las obras que aquí se han realizado para ello.
Por todo lo expuesto, solicitamos a la Diputación:
- Que dé marcha atrás con la decisión de privatizar la dirección de la Residencia San José de Ordizia, así como la amortización de las empleadas públicas en la residencia. La pandemia ha dejado claro que el sector de los cuidados y los servicios imprescindibles deben ser públicos, dignos y seguros.
- Que también se retracte con la decisión de eliminar los servicios que tienen los pueblos y que desarrolle residencias donde las y los abuelos vivan y les cuidemos adecuadamente, contratando más plantilla y eliminando la precariedad que padecemos las trabajadoras a través de condiciones laborales dignas. Le recordamos que las trabajadoras de Ordizia también hemos hecho 243 días de huelga y todavía seguimos sin convenio.
- En este tipo de procesos, que tengan en cuenta a las representantes de las trabajadoras. Para hacer frente a la pandemia la urgencia y la desinformación no son nunca buenos amigos.
Desde ELA seguiremos luchando por mejorar la calidad de vida y cuidados de nuestros abuelos y para que las condiciones laborales de las trabajadoras sean dignas y seguras.