ELA plantea una salida feminista a la crisis mediante una reforma fiscal progresiva que satisfaga las necesidades materiales, priorice los cuidados y fortalezca el sector público

ELA considera imprescindible hacer camino hacia un modelo económico feminista y ecologista, que ponga las vidas, los cuidados y el medio ambiente en el centro, “dejando atrás la visión productivista, mercantilizada y especulativa que suele prevalecer en los marcos económicos dominantes”.

Algo que, denuncian, aún está lejos. Y es que aseguran que las medidas que se están planteando hoy en día para salir de esta crisis responden al mismo modelo de ruta neoliberal que se siguió en 2008: políticas de austeridad, recortes de los servicios públicos mientras no se toca la fiscalidad... “Y ya sabemos qué repercusiones tendría la aplicación de las mismas recetas de hace una década: la pobreza y la precariedad serán cada vez más feminizadas, se reforzarán los roles de género y también la violencia machista, LGTBI-fóbica y racista, se hará un reparto más injusto del tiempo, el trabajo y la riqueza...”

Por ello, presentan medidas concretas para evitar que eso ocurra, medidas entre las que se encuentran las siguientes:

Garantizar unos ingresos suficientes y el derecho a la vivienda:

• Fijar el salario mínimo en 1.200 euros.

• En los ERTEs por COVID-19, que los salarios se complementen hasta el 100%.

• Superar la brecha salarial entre mujeres y hombres, eliminando las brechas existentes entre sectores feminizados y masculinizados equivalentes.

• Complementar las pensiones inferiores hasta los 1.080 euros, reduciendo así la brecha existente en las pensiones.

• Igualar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Renta Garantizada (RG) con el 100% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) (1.108 euros en 12 pagas) para las personas que viven solas, sumando un 50% por cada conviviente.

• Garantizar unos ingresos equivalentes al SMI a todas las personas desempleadas.

• Garantizar el derecho a una vivienda de alquiler social y limitar el precio del alquiler, en general. Son en mayor medida mujeres las que sufren situaciones de pobreza y por lo tanto, las que tienen más complicado el acceso a una vivienda.

Poner la vida y los cuidados en el centro:

• Que en las leyes de servicios sociales se reconozca el derecho subjetivo a la atención de la dependencia que sea cubierto mediante un sistema público, universal, gratuito y de calidad.
• Equiparar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar con las de los y las demás trabajadoras (régimen general de la Seguridad Social, Estatuto de los Trabajadores e igualdad en salud laboral).
• Derogar la Ley de Extranjería: caminar hacia la regularización administrativa de todas las personas, garantizando la posibilidad de empadronamiento.
• Exigimos que la jornada laboral disminuya a, por lo menos, 35 horas semanales. Esto, además de impulsar la corresponsabilidad del cuidado, también ayudaría a crear más puestos de trabajo.
• Aumentar y mejorar los permisos legales de conciliación.
• Reconocer el derecho al desempleo u otra prestación equivalente en los casos en los que se reduzca la jornada o se coja una excedencia por cuidados.
• Aumentar el límite de edad hasta los 18 años, en el derecho de acogerse a medidas de conciliación por cuidado de menores, tanto en el caso de la flexibilización o reducción de la jornada como en caso de excedencia.
• Reorganización del tiempo y corresponsabilidad en los trabajos domésticos y del ámbito del hogar.

Medidas para fortalecer el sector público:

• Creación de 10.000 puestos de trabajo por parte de las administraciones para crear un sistema público, universal y gratuito de cuidado que recoja las distintas situaciones y realidades de dependencia.
• Superar en un plazo de tres años el déficit existente en sanidad y educación respecto al promedio europeo.
• Educación gratuita de 0 a 3 años.
• Consolidar el empleo de todo el personal con contrato temporal en las administraciones de la CAPV y Navarra, teniendo en cuenta que en la administración la temporalidad y la precariedad tienen rostro de mujer.
• Publificación de sectores subcontratados: residencias, ayuda a domicilio, ambulancias, limpieza...

Afirman que para conseguir todo esto es necesario aumentar los ingresos públicos, algo que exige una reforma fiscal que también proponen en el documento. Así, ELA solicita un aumento progresivo del impuesto sobre las grandes fortunas y riqueza patrimonial mediante un recargo específico de entre el 1% y el 10%, o un recargo especial del 20% en la declaración del Impuesto de Sociedades, entre otros.

“Cuando exigimos la transformación de un sistema fiscal que busca una distribución más equitativa y justa de la riqueza, también lo hacemos porque ello tiene una incidencia positiva directa en las vidas de las mujeres. Porque dotar al Sector Público de ingresos y convertirlos en presupuestos más sociales, feministas, ecológicos, participativos y, en definitiva, más justos, permitirá llevar a cabo un reparto más equitativo de la riqueza en términos de clase y de género”.

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