ELA denuncia la muerte de un trabajador forestal en Iturmendi (Nafarroa)
Un trabajador de 62 años falleció ayer por la tarde en Iturmendi (Nafarroa), al ser golpeado por un árbol cuando realizaba tareas forestales. En primer lugar, el sindicato quiere manifestar su apoyo y solidaridad a los compañeros y a las personas allegadas de la víctima, y reclama que se lleven a cabo las debidas investigaciones con el fin de esclarecer lo sucedido y depurar las responsabilidades que pudieran existir.
Según los datos de ELA, en los diez primeros meses de 2025 han fallecido 20 personas en accidente laboral en Nafarroa. En la actualidad, Nafarroa es el territorio con la tasa de mortalidad laboral más alta del estado, y cada dos semanas muere una persona en el trabajo o de camino a él. La de ayer es la segunda muerte del año en el sector forestal, en el que las empresas están obligadas a implantar medidas específicas de seguridad para evitar este tipo de siniestros, y sin embargo las tasas de siniestralidad son especialmente elevadas debido a su ausencia.
ELA considera que la responsabilidad es de la patronal y de las instituciones públicas. Los datos oficiales indican que las empresas de Nafarroa no hacen prevención, o si la hacen, se queda en el papel. Pese a todo, la patronal sigue alimentando su falso discurso sobre el absentismo, cuando son las propias empresas quienes lo causan, ya que la mitad de las bajas comunes guardan relación con las deficientes condiciones de trabajo, Por su parte el ISPLN y la inspección de trabajo continúan colapsadas por falta de medios, y el Gobierno de Navarra renuncia a tomar medidas disciplinarias contra las empresas incumplidoras. La impunidad de unos y la complicidad de otros van de la mano.
En febrero de este año el Gobierno aprobó un nuevo Plan de Empleo por el que durante los próximos años se asignarán millones de euros a CEN, UGT y CCOO, al pretexto de derivar las bajas comunes traumatológicas a las mutuas y habilitar la figura del Delegado Territorial de Prevención. Esto supone retomar el modelo de concertación de UPN que durante décadas ha sido totalmente ineficaz para reducir la siniestralidad, y supone un paso más en la privatización del sistema público de salud y protección social. En opinión de ELA, y con la que está cayendo, es totalmente inaceptable.
Por ello, ELA insta a romper con las políticas de Diálogo Social y destinar dichos recursos a triplicar la plantilla de la inspección de trabajo hasta 45 personas, para igualarla a la ratio media recomendada, y poder así controlar los incumplimientos en seguridad y salud laboral que se vienen dando en las empresas y centros de trabajo de Navarra.