Acampada del 17 al 19 de junio en Donostia en contra de la brecha salarial

14/06/2019
Las trabajadoras que se ocupan de la limpieza de comisarías y juzgados de Gipuzkoa harán una acampada de tres días para dar a conocer su situación a la sociedad. El 19 de junio cumplirán nueve meses de huelga para superar la brecha salarial que padecen con respecto al sector de la limpieza viaria.

Los sindicatos que convocan la acampada –ELA, ESK, LAB y UGT– han realizado una comparecencia conjunta para explicar este conflicto laboral. Ya han pasado más de nueves meses desde que comenzara la huelga. En este tiempo –la huelga comenzó el 19 de septiembre del 2018– han realizado numerosas movilizaciones, pero los responsables de este servicio público no han hecho nada para solucionar el conflicto. Las huelguistas están hartas, y han decidido dar nuevos pasos en sus movilizaciones. Como ejemplo, los días 17, 18 y 19 de junio harán una acampada en el Boulevard de Donostia.

El objetivo de esta huelga es acabar con la brecha salarial; es decir, la diferencia que hay en los salarios entre hombres y mujeres por hacer el mismo trabajo. La diferencia es de un 13% en la limpieza de comisarías, y de un 7% en la limpieza de edificios judiciales.

En las últimas semanas no ha habido ningún avance en las negociaciones , y los departamentos de Justicia e Interior del Gobierno Vasco, últimos responsables del servicio, hasta la fecha, no han sido capaces ni tan siquiera de reunirse con las trabajadoras para escuchar su reivindicación de primera mano. El quid está en que no quieren aceptar que hay brecha salarial. Resultaría un precedente muy peligroso, pues es un problema que afecta a todo el resto de limpiadoras de la CAPV. La adjudicataria del servicio –la empresa Garbialdi tampoco ha puesto en marcha una negociación seria.

Los sindicatos aplauden el esfuerzo de las trabajadoras para conseguir un acuerdo. Hasta ahora las únicas que han mostrado voluntad para solucionar el conflicto son las trabajadoras. En un primer momento, renunciaron a acabar en este convenio con la brecha salarial, siempre que se lograra en el siguiente convenio. Pero tampoco les pareció suficiente. Más adelante, la parte social les dejamos claro que si en este convenio se eliminaba el 70% de la brecha firmaríamos el acuerdo, sin mencionar la existencia de la propia brecha, ni condicionar su eliminación de cara al siguiente convenio.  Gracias a este movimiento cerramos el acuerdo en este punto. En un momento, parecía que conseguiríamos ese objetivo, sin embargo, finalmente  no ha sido posible.

¿Por qué? ¿Cuál es el problema ahora? Además de la brecha en el salario base, también hay brecha en los complementos. Los convenios vigentes regulan los pluses de toxicidad y penosidad, sin  embargo no se les abonan. La empresa no quiere reconocer que las trabajadoras se expongan a riesgo alguno mientras trabajan.  Sin embargo, está claro que están expuestas a esos riesgos, tal y como lo han reconocido en los diferentes decretos de servicios mínimos.

Lo que pedimos sindicatos y trabajadoras es que se aplique lo que dice la ley. Ellos no están de acuerdo con nuestra lectura, y no quieren aplicar lo que se recoge en el convenio. En vista de que no nos poníamos de acuerdo propusimos sacar el tema de la negociación. Es decir, planteamos llevar el tema a los tribunales y que un juez o jueza decida quién tiene razón. Pero tampoco quieren eso. Si en este punto se aplicara lo que pedimos las trabajadoras supondría una subida de entre un 20%, 25% y 30% por el tiempo en que estén expuestas al riesgo.

Ante esta situación los sindicatos lanzamos la siguiente pregunta al Gobierno Vasco y a su líder Inigo Urkullu:  Cómo es posible que en una subcontrata pública un tema de salud laboral sea la excusa para no cerrar un acuerdo, más cuando la parte social está dispuesta a acatar lo que dicte una sentencia? Las administraciones públicas tienen una oportunidad inigualable para para llevar a la práctica su discurso político en favor de la igualdad. La actual legislación sobre contratación pública les permite incluir cláusulas sociales para eliminar todo tipo de discriminaciones, incluidas las de género. Pero su actitud ha sido bien distinta. En este sentido son especialmente graves los dos decretos del departamento de Justicia en los que ordenaba la limpieza de estos edificios. Se han convertido en juez y parte del conflicto. La brecha salarial es tóxica, y seguiros luchando para erradicarla.