El Gobierno vasco pretende fijar los servicios mínimos para la huelga de Oficinas y Despachos sin reunirse previamente con el comité de huelga

Además de empresas de ingenierías y consultoras, colegios profesionales, despachos administrativos... es un sector que engloba a las personas informáticas que hacen posible la normalidad con la que vivimos en el día a día. Hacen posible muchas cosas: desde el acceso al metro, hasta la posibilidad de sacar dinero en un cajero automático, pasando por gran parte de la actividad diaria de ayuntamientos, diputación, Gobierno vasco u otras instituciones desde la precariedad de las subcontratas. Si nos paramos a pensar en lo que puede suponer la paralización de la red informativa, empezaremos a visibilizar el trabajo del personal llamado a la huelga.

Es por ello que compatibilizar el derecho a la huelga con el establecimiento de servicios mínimos por parte del departamento de Trabajo y Justicia requiere de un nivel de conocimiento y de detalle superior al de otro tipo de sectores.

Entendemos que este proceso debería realizarse por parte del Departamento de Trabajo en un orden concreto, y con unas pautas que ayuden a ese objetivo. Primero deberían instar a las empresas a que realicen sus solicitudes detalladas de servicios mínimos, para que luego la parte social pueda estudiarlas y rebatirlas en su caso; por último, debería celebrarse una reunión para escuchar a las partes. Creemos que sin un proceso de estas características volveremos a vivir la vulneración del derecho fundamental a la huelga.

Sin embargo, el Gobierno vasco simplemente nos ha trasladado un escrito en el que nos da la posibilidad de realizar alegaciones previas, sin conocimiento de las solicitudes de las empresas. Hemos solicitado una reunión y nos la han negado. Todavía hay tiempo. Faltan 6 días para el inicio de la huelga. Hace falta voluntad para elaborar una orden de servicios mínimos lo más detallada posible para conjugar derechos, sin olvidar el derecho fundamental a la huelga. De lo contrario acabaremos teniendo una orden de servicios mínimos genérica, que será aprovechada por las empresas para conculcar el derecho de huelga, y con demandas ante los tribunales que nos darán la razón, pero demasiado tarde. Aún hay tiempo para que esto no suceda.