La patronal española de restauración colectiva interpone una demanda contra el Acuerdo Interprofesional de la CAPV

04/09/2019
Pretende dejar sin efecto la estructura de la Negociación Colectiva que da prioridad a los convenios provinciales frente a los convenios estatales y así poder aplicar condiciones de trabajo miserables en el sector de las colectividades, con salarios que apenas superan el salario mínimo interprofesional.

La patronal de Restauración colectiva española (FEADRS) interpuso el pasado día 30 de agosto una demanda ante el Consejo de Relación Laborales de Euskadi contra el Acuerdo Interprofesional que estructura la negociación colectiva en la CAPV, por el que los convenios de la CAPV tienen prioridad sobre los convenios estatales.

Con esta demanda, FEADRS tiene un doble objetivo: Por un lado, atacar el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos mayoritarios en el sector de la Restauración Colectiva en el ámbito de la CAPV -más del 80% de la representación sindical-, y poner en cuestión la validez del Acuerdo interprofesional acordado entre la patronal y los sindicatos más representativos de la CAPV. Por otro lado, FEADRS y sus empresas asociadas (Eurest Colectividades, Auzolan, Serunión, Sodexo, Aramark entre otras) pretenden imponer a las trabajadoras de restauración las condiciones de miseria del convenio estatal, que suponen, entre otras cuestiones, la rebaja de salarios en un 50% y jornadas laborales más altas respecto a los convenios que rigen en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

FEADRS ya interpuso una demanda contra el Acuerdo interprofesional en 2018 con el mismo objetivo. Dicha demanda fue posteriormente retirada ante la presión y convocatorias de huelga realizadas por el sindicato ELA frente a las empresas que componen dicha patronal. En dicha ocasión el Parlamento Vasco solicitó a dicha patronal que retirara la demanda con el fin de no interferir en la negociación colectiva que los agentes legitimados llevamos a cabo en el ámbito de la CAPV.

ELA analizará la situación generada y pondrá todos sus medios para que empresas esclavistas como estas no puedan trabajar en nuestro ámbito de actuación.

ELA denuncia, además, que las empresas señaladas gestionan ámbitos públicos subcontratados dependientes del Gobierno Vasco, fundamentalmente los departamentos de Educación y Sanidad. Las consecuencias de esta demanda pueden repercutir en el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras que hoy están protegidos por el Acuerdo Interprofesional, por el que se les aplican condiciones muy superiores a los de los convenios estatales. Por ello es muy importante que la acción del sindicato venga acompañada de una decisión política contundente por parte del Gobierno Vasco para que estas empresas tengan claro que no podrán hacer negocio con actuaciones como estas.