ELA combatirá la persecución sindical y política contra el presidente de la Comisión de Personal de Policía Foral

ELA exige la retirada inmediata del expediente sancionador impuesto por el director de Interior del Gobierno de Navarra contra el presidente de la Comisión de Personal de la Policía Foral. La propuesta de sanción contra Raúl Juandeaburre Lacasta es la máxima posible (tres meses de suspensión de funciones), y constituye un ataque frontal contra la libertad de expresión y la libertad sindical, todo ello impulsado por un interés político contra el máximo representante de los trabajadores de la Policía Foral.

Cabe recordar que todos los sindicatos exigieron la retirada de dicho expediente (escrito oficial registrado el pasado 30 de septiembre), basándose en que a los representantes sindicales no se les pueden imponer sanciones por “acciones en el ejercicio de su representación” (Estatuto de la Función Pública). No cabe imaginar una sanción a cualquier otro delegado sindical por criticar decisiones empresariales o productivas, y en cambio el Gobierno foral se empeña en una clara persecución sindical contra el máximo representante de un colectivo de más de 1.000 trabajadores/as públicos/as.

ELA considera demostrada la ineficacia del dispositivo policial desplegado el pasado 13 de julio en la Plaza de Toros, y así quedó acreditado en la comparecencia parlamentaria del consejero de Presidencia, Justicia e Interior (Javier Morrás), que fue incapaz de despejar dudas y no supo o quiso explicar por qué a partir del día siguiente ya no hubo cordón policial en el callejón. Para ocultar dicha ineptitud, la dirección de Interior ha decidido cargar contra la libertad de expresión y la libertad sindical en la persona del presidente de la Comisión de Personal, lo que constituye una clara represalia que será combatida por el sindicato ELA de forma contundente.

Si Interior continúa adelante con el expediente, el sindicato ELA defenderá al presidente de la Comisión de Personal con toda la información y medios a su alcance, para dejar en evidencia el papel del inspector-jefe de Régimen Interno, que no ha practicado numerosas pruebas solicitadas y se ha plegado a los intereses políticos y antisindicales del Gobierno de Navarra. Esta manera de proceder no está exenta de consecuencias judiciales, que ELA se reserva el derecho de ejercer.