ELA llama a participar en las movilizaciones

Desde el 8 de octubre de 2023, las autoridades israelíes mantienen ataques indiscriminados contra la población palestina en Gaza, violando las normas más básicas del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos. Nos encontramos ante una catástrofe humanitaria sin precedentes. En la Franja, desde el 8 de octubre de 2023, casi dos millones de personas, prácticamente el 90% de la población, ha sido desplazada de manera forzosa.  

Asimismo, son más de 1.300 las personas palestinas asesinadas desde el alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre del 2025. Personas expertas en derechos humanos de la ONU no dudan en manifestar que “el genocidio continúa sin tregua”. Estos asesinatos se están produciendo lejos de la supuesta “línea amarilla”, tras la cual se iba a retirar el ejercito de Israel. Se siguen destruyendo sistemáticamente edificios residenciales y mandando órdenes de evacuación minutos antes de ataques con aviones de combate.

Según la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, la ayuda alimentaria sigue sin poder entrar en Gaza libremente. Al no tener acceso a las tierras de cultivo o al agua, la población de palestina no puede alimentarse por sí misma.
La violación del mal llamado acuerdo de paz ha sido sistemático. Por si fuera poco, en julio Israel decidió rechazar el plan de 15 puntos auspiciado por Donald Trump para avanzar hacia la segunda fase de alto el fuego en Gaza. El gobierno israelí ha expresado que no abandonará Gaza hasta que Hamás entregue la totalidad de sus armas.

En Cisjordania, los colonos armados siguen ejerciendo terror sobre la población palestina. El pasado julio, por ejemplo, fueron asesinadas 14 personas palestinas en dicho territorio. El terror de los colonos no es espontáneo; opera con la protección, y a menudo la participación, de las fuerzas de ocupación israelíes. Operan con total legitimidad. La Corte Internacional de Justicia ya en 2024 declaró que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal, y pidió que se ponga fin a la misma lo más rápidamente posible. 
Por tanto, los Estados que ayudan o asisten a Israel, económicamente, comercialmente, institucionalmente o políticamente están contribuyendo al genocidio.

Por tanto, ELA interpela a los Gobiernos de Chivite y Pradales, y exige lo siguiente;
    • Que cesen de inmediato los acuerdos de cooperación, contratos públicos y relaciones comerciales vigentes. Ambos gobiernos mantienen proyectos conjuntos con universidades, centros tecnológicos y empresas israelíes en sectores estratégicos como la innovación, la energía, la salud o la digitalización.
    • Ambos Gobiernos deberían revisar todos los acuerdos y contratos vigentes e incorporar criterios que impidan la colaboración con empresas que participen directa o indirectamente en la ocupación y colonización de Palestina.
     • Que paralicen las ayudas económicas o relaciones con empresas vascas y navarras que se lucran del genocidio y operan en tierras ocupadas. Los beneficios empresariales no pueden prevalecer sobre los derechos humanos.

ELA, a finales del año pasado, ya registró una solicitud en ambos Gobiernos para conocer los vínculos y contratos de estas administraciones con las de Israel. En el caso del Gobierno Vasco, la respuesta fue ambigua e insuficiente y en el del Gobierno de Navarra ni siquiera hubo contestación. La falta de transparencia es total. Estas relaciones contribuyen a normalizar y sostener un régimen que vulnera sistemáticamente los derechos humanos del pueblo palestino.

Por todo lo expuesto, ELA exige a los Gobiernos de Chivite y Pradales que expongan información sobre los vínculos y contratos con Israel. Así mismo, ELA llama a participar en las movilizaciones convocadas durante las próximas semanas con el objetivo de denunciar el genocidio y reclamar libertad para el pueblo palestino.