“La falta de avances en Navarra deja una sensación de oportunidad perdida”

Se han cumplido 10 años desde que UPN dejó el Gobierno de Navarra. Ese acontecimiento abrió un nuevo tiempo político.

La salida de UPN del Gobierno de Navarra después de 25 años en el poder fue un momento muy ilusionante. Además hay que recordar que la salida de UPN llegó como consecuencia de una dinámica de movilizaciones muy potente en contra de la corrupción y de los recortes sociales. ELA, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, fue protagonista de esas movilizaciones, por lo que nuestra militancia se siente orgullosa de haber contribuido a la apertura de un nuevo ciclo político en Navarra.

En el documento que hemos presentado hemos intentado hacer un análisis riguroso y sincero del balance de estos diez años, dando centralidad al contenido de las políticas, sin condicionar la valoración de esas políticas en función de los partidos políticos que las impulsan.

No sé si podemos hablar de luces y sombras. O, si quieres, más sombras que luces. Empecemos por los aspectos positivos o cosas que consideres importantes destacar. Cosas que, simplificando, no se hubieran podido hacer con un gobierno de UPN.

A la hora de hacer el balance de estos diez años es importante recordar de dónde veníamos. Esos 25 años, popularmente conocidos como ‘Régimen’ o ‘Corralito Foral’, fueron años muy duros, donde se practicaba un hostigamiento contra los sectores populares y abertzales, ELA incluido. La salida de UPN del Gobierno supuso un reconocimiento a la pluralidad de la sociedad navarra y un paso adelante enorme.

Durante esta década se han impulsado políticas que eran impensables en tiempos de UPN, como el reconocimiento a las personas torturadas por cuerpos policiales, la ley de víctimas de pederastia dentro de la iglesia católica o la implantación del programa Skolae en educación. En todo lo relacionado con la memoria democrática también ha habido avances importantes, pero esos avances se han visto empañados por la decisión de PSN, Geroa Bai y EH Bildu de no demoler el Monumento a los Caídos.

El documento elaborado por ELA se titula: ‘10 años sin UPN: el cambio pendiente’. ¿Qué está, sobre todo, pendiente?

Sin lugar a dudas que mantener a UPN fuera del Gobierno es una magnífica noticia, pero limitar la reflexión política a esa realidad impide hacer una valoración sobre el verdadero alcance del cambio. La realidad es que una década después en Navarra se mantiene prácticamente la misma fiscalidad, se sigue construyendo el TAV, no se ha normalizado la situación del euskera y se sigue financiando con dinero público a UGT, CCOO y la Patronal.

La falta de avances en materias tan importantes ha provocado una sensación de frustración y de oportunidad perdida, sobre todo en aquella primera legislatura en la que los votos del PSN no eran necesarios.

Uno de los puntos centrales del documento es el reparto de la riqueza. Esta década ha aumentado la riqueza, pero, a la par, también han aumentado la pobreza y la desigualdad social. ¿Es éste el mayor ‘fracaso’ del cambio durante esta década? ¿Es el mayor déficit?

Posiblemente el dato más duro de todo el informe es que, a pesar de que la economía navarra ha crecido considerablemente estos diez años, la tasa de riesgo de pobreza en Navarra ha pasado del 13,9% al 18,3%. Ese dato confirma que el reparto de la riqueza no ha sido una prioridad estos diez años para los partidos a la izquierda de UPN. Solo así se explica que mantengamos prácticamente la misma fiscalidad que en los tiempos de Sanz y Barcina. Como ejemplo de esto último hay que recordar que la reforma fiscal acordada en 2023 entre PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Contigo Zurekin fue del agrado de UPN, que incluso llegó a anunciar su voto a favor.

Una de las excusas que se han puesto durante estos años son las supuestas limitaciones competenciales en algunas materias. ¿Hasta qué punto es verdad esta excusa?

En el sector público la temporalidad y la pérdida de poder adquisitivo han aumentado estos diez años. Los sucesivos Gobiernos de Navarra han manifestado insistentemente que nada podían hacer al respecto, alegando falta de competencias. Pero la realidad es que ni la Constitución, ni el Amejoramiento del Fuero, ni ninguna otra Ley Orgánica establece que la cuantía máxima de las retribuciones en el sector público o que la cantidad de personal (tasas de reposición) sean competencia exclusiva del Estado.

La única limitación legislativa que impide a Navarra tener capacidad en el sector público viene de la Ley de Presupuestos Generales, negociada, consensuada y aprobada anualmente en el Congreso. Estas restricciones tienen su origen en los recortes que comenzaron en el año 2010. Estos recortes se mantuvieron en los presupuestos del PP y siguen vigentes actualmente desde que gobierna Sánchez, con el apoyo de PNV y EH Bildu a los presupuestos generales de cada año. Por tanto, el conflicto no es tanto competencial como de voluntad política.

Como sindicato, una de las mayores críticas que le hacíamos a los Gobiernos de UPN era que Navarra parecía un Corralito Foral, un régimen donde la administración regaba con millones a patronal y algunos sindicatos –UGT y CCOO– para garantizar la ‘paz social’ y que el ‘régimen’ siguiera funcionando. ¿Ha cambiado algo esta década?

En Navarra el diálogo social tiene una larga y oscura historia. Se trata de un entramado en el que los participantes reciben financiación pública a cambio de legitimar las políticas antisociales del Gobierno. Una de las primeras medidas que se tomaron en cuanto al diálogo social fue la eliminación de los convenios entre el SNE y la CEN, UGT y CC.OO, algo que fue aplaudido por ELA, aunque conviene recordar que este cambio vino originado por un cambio en la legislación estatal.

Sin embargo, desde la salida de UPN en Navarra se han firmado dos Planes de Empleo (2021-2024 y 2025-2028), lo que ha supuesto poner en manos de UGT, CC.OO y la Patronal más de 1.200 millones de dinero público. Esto era algo que ya sucedía en los Gobiernos de UPN y PSN, donde se firmaron otros cuatro planes. Ninguno de los planes de empleo firmados hasta ahora ha sido eficaz ni ha servido para hacer frente a los principales problemas laborales.

A pesar de todos los millones de dinero público otorgado a UGT y CC.OO, hemos conseguido subir en elecciones sindicales y ese aumento de nuestra representación ha hecho que los dos últimos planes de empleo carezcan de legitimidad democrática, puesto que hace años que UGT y CC.OO no representan a más del 50% de los trabajadores y trabajadoras navarras.

Uno de los elementos que más se inciden en el documento es todo lo relacionado con el euskera. ¿Qué balance hacéis de estos diez años en materia de euskera?

La política institucional respecto al euskara en Navarra durante esta última década debe analizarse a la luz de la herencia recibida: el hostigamiento y arrinconamiento que los sucesivos gobiernos de UPN y PSN impusieron al euskara fue una seña de identidad de su acción política.

Es cierto que en estos diez años se han producido avances: mayor presencia del euskara en la calle y en las instituciones, extensión de la zona mixta a cerca de 50 municipios, posibilidad de implantar el modelo D en toda Navarra, fin de la persecución y asfixia económica a organizaciones que trabajan por el euskara, impulso al aprendizaje de personas adultas…

Pese a estos avances, el balance es insuficiente. Los derechos lingüísticos siguen sin estar garantizados y se mantiene una zonificación que atenta contra la igualdad. La consecuencia de este marco es la perpetuación de situaciones absurdas: en algunas convocatorias se valora el conocimiento de inglés, francés o alemán, pero no el de euskara.

ELA comparte la frustración de colectivos y personas que trabajan en favor del euskara: los avances son claramente insuficientes, especialmente en la legislatura del Gobierno de Barkos, cuando el voto del PSN no era necesario. ELA hizo una propuesta para una nueva ley sobre el euskera que la defendió en el propio Parlamento. El posicionamiento del PSN no ha cambiado en esta década. En junio de 2018 altos cargos del Gobierno, incluido el actual consejero de Educación, participaron en la manifestación organizada por la extrema derecha contra el euskara. Y en febrero de 2025 el PSN votó junto a UPN, PP y Vox para garantizar la continuidad del programa PAI, diseñado por Barcina para arrinconar el euskara bajo la excusa del fomento de otras lenguas. La sensación que queda es que el PSN con solo 11 parlamentarios y parlamentarias está consiguiendo imponer su política lingüística.

¿De cara al futuro, qué pasos crees que deberían darse para conseguir avanzar en esas materias en las que el cambio apenas se ha notado?

La experiencia nos dice que el papel de los movimientos sociales y sindicales tiene que ser presionar desde la calle y desde los centros de trabajo para que las políticas respondan a las necesidades sociales y no a los intereses de las élites económicas y religiosas.

Somos conscientes de las dificultades del reto. Por eso seguiremos trabajando, desde nuestra independencia económica y política, e impulsando las alianzas necesarias para conseguir una Navarra más solidaria, más euskaldun y más igualitaria.