También una parte del poder judicial en España desprende olor a podrido

Al Gobierno le basta con tener en cuenta la composición de los tribunales -acordados con el PP haciendo uso de la designación por cuotas políticas- y los turnos de guardia en la Audiencia Nacional para asegurar que las resoluciones judiciales se adecúan a sus intereses. Este gravísimo hecho afecta a buena parte de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Solo los Tribunales Europeos pueden cambiar estas decisiones, años después de que se producen como sucedió con la Doctrina Parot, claro está.

ELA califica de repugnante la decisión de poner en libertad provisional a Bárcenas. Ese trato de privilegio se corresponde con un mensaje: “Es uno de los nuestros”. Claro que lo es; él y otros dos tesoreros del PP están imputados. De la misma manera, denunciamos las operaciones contra el colectivo de abogados que defienden a presos y presas vascos, así como la decisión de no computar la estancia en la cárcel en otros países de la UE a la hora de cumplir las sentencias y la apertura de nuevos sumarios contra Santiago Arrospide tras pasar más de 27 años en la cárcel. Detrás de todas esas decisiones -no nos cabe ninguna duda- existe un impulso político por parte del PP.

El PP tiene dos objetivos. El primero, desviar la atención sobre los casos de corrupción que le afectan apelando a la víscera y la irracionalidad con la intención de dar la vuelta a los malos resultados electorales que le auguran las encuestas. Y el segundo, el carácter netamente involutivo de todas sus políticas. El partido que gobierna en España trabaja para desmontar, en todos los órdenes, los exiguos avances democráticos y sociales que existían.

Sería conveniente que las fuerzas políticas vascas pasaran a limpio esta evidencia a la hora de establecer sus respectivas estrategias. Con el PP solo se pueden compartir agendas de política neoliberal, que es lo que se está haciendo. Todo lo demás es unilateral e involutivo.