ELA califica de despropósito la decisión de ADEGI de denunciar por “amenazas” al Diputado de Política Social de Gipuzkoa
El Diputado, Sr. Ander Rodríguez, ha condicionado con su actuación pública que se puedan establecer unas condiciones de trabajo dignas.
ELA aplaude ese hecho y, como es obvio, le gustaría que se extendiera a más ámbitos. Desgraciadamente este tipo de ejemplos no abundan a nuestro alrededor.
ADEGI, por su parte, se ha dedicado a bloquear cualquier acuerdo, tanto en el sector de residencias como en cada una de las empresas del mismo. La patronal gipuzkoana, en los ámbitos de negociación colectiva en los que está, lo dejó muy claro: “Que no se negocie, salvo que no quede más remedio”. Ninguna voluntad de negociación con el objeto de impedir cualquier referencia de contenidos diferentes a los que ellos imponen.
Era evidente, en opinión de ELA, que si las trabajadoras querían convenio con garantías de aplicación había que romper la estrategia de ADEGI y luchar; así lo han hecho. Con ese objetivo ELA decidió que había que ir a las empresas a plantear en ellas lo que ADEGI negaba en el sector. Pues bien, hoy más de medio centenar de residencias y 50 centros de día tienen acuerdo, lo que supone el 93% del colectivo; sólo 3 de las residencias que empezaron el conflicto no lo han logrado. ELA felicita a las trabajadoras por la lucha que han desarrollado.
La decisión de ADEGI de denunciar al Diputado de Política Social por “amenazas” es un despropósito, un acto propio de una patronal profundamente autoritaria; una patronal que sabe que en este conflicto ha perdido.
ADEGI, como patronal, añora los tiempos de la denominada “colaboración público-privada” (la antigua Gipuzkoa Aurrera); una colaboración en la que ellos -el sector privado- terminaba decidiendo qué se hace en el sector público para abrir áreas de negocio en el sector privado. A buen seguro que si las condiciones establecidas por la Diputación Foral conllevaran la explotación de los y las trabajadoras, ADEGI se mostraría muy satisfecha. ELA denuncia la hipocresía y el cinismo con que ADEGI presenta sus argumentos para la denuncia.
Cuando ELA insiste en que hay que deslegitimar socialmente a este tipo de patronales, lo hace consciente de que se han convertido en un lobby, financiado con dinero público, que trabaja para destruir lo público y los derechos laborales y para criminalizar la acción sindical, social y política que no colabore con su estrategia.