Ante el "no" de Madrid

German Kortabarria, secretario general adjunto de ELA

La negativa del Congreso de los Diputados a tomar en consideración la propuesta de nuevo Estatuto presentada por el Parlamento vasco puso final traumático al procedimiento formal iniciado en la Cámara de Gasteiz. El partido en el gobierno y el primer partido de la oposición coincidieron en el rechazo categórico, no ya del contenido de la propuesta, sino incluso de la posibilidad de que la misma fuera debatida. Más allá de las evidentes diferencias de estilo entre Rodríguez Zapatero y Rajoy, el acuerdo de fondo entre los dos partidos españoles mayoritarios acreditó, una vez más, su solidez. Este acuerdo de fondo, hay que decirlo, trasciende a estos dos partidos y alcanza al conjunto de "fuerzas vivas" españolas, desde la monarquía hasta los sindicatos, pasando por la iglesia, la patronal o los grandes grupos de comunicación.

La sesión de las Cortes generales trasmitió algunos mensajes muy claros:

• Cualquier proyecto político que cuestione a la nación española como única fuente de legitimidad y soberanía va a ser combatido por todos los medios.
• El pueblo vasco no tiene ni tendrá otra soberanía que la que deriva de su disolución en la nación española.


• Sus instituciones representativas sólo tienen competencia sobre los temas que las instituciones del estado les hayan concedido y dentro de los límites que en cada caso el estado establezca.


• La ciudadanía vasca sólo podrá ser preguntada y, por tanto, expresar su voluntad, sobre las cuestiones respecto de las cuales el estado haya dado previamente su aprobación.


• Los proyectos políticos que reclamen el derecho del pueblo vasco a decidir democráticamente su futuro no tienen espacio en el actual marco jurídico-institucional, un marco que los partidos españoles mayoritarios se han comprometido a mantener.

En definitiva, las "instituciones de la democracia" se mostraron incapaces de abrir un proceso de diálogo sobre una propuesta democrática, y mostraron las miserias de una democracia-aparato de poder, que se ha dotado de mecanismos de perpetuación del status quo que excluyan la viabilidad de cualquier iniciativa que no sea bien vista por quienes controlan el entramado institucional y normativo. El propio Tratado de la Unión que se somete a referéndum el próximo 20 de febrero es una garantía añadida de perpetuación de este status quo, como PSOE y PP recuerdan constantemente.

El cierre, por fuerza mayor, de la etapa institucional de la propuesta del Gobierno vasco ofrece la ocasión de abrir una nueva fase cuyo eje sea la consulta popular, una consulta en la que la ciudadanía tenga la ocasión de afirmar su voluntad de ser dueña de sí misma. Este ejercicio de soberanismo es la respuesta necesaria a la negación de las instituciones españolas.

La nueva etapa debiera servir para rectificar errores y cubrir insuficiencias de la fase anterior en dos aspectos fundamentales: gestión de la propuesta, que se ha reducido casi exclusivamente al ámbito institucional, y carencia de una alianza política y social capaz de reunir a las fuerzas partidarias del derecho de autodeterminación. Esta alianza debiera basarse en el acuerdo sobre contenido, forma y plazos de la consulta.

Debo reconocer que no tengo motivos para ser optimista sobre el éxito a corto plazo de este planteamiento, pero creo que es el escenario que tenemos que reivindicar y por el que tenemos que trabajar quienes pensamos que la acumulación de fuerza política y social por el derecho de autodeterminación es un previo necesario de la consecución de tal derecho. Por eso me descoloca escuchar de labios de antiguos socios de Lizarra-Garazi que el fracaso de aquella iniciativa se debió a que "no estaban todos" o que la solución vendrá de una mesa multipartita en la que se sentaría, ésta vez sí, una fuerza decisiva de las que faltaron en Lizarra. Me gustaría equivocarme, pero, cuando no se ha desvanecido todavía el eco de los mensajes unívocos de las fuerzas mayoritarias españolas en el pleno del pasado martes, es difícil creer que Downing Street esté poco menos que a la vuelta de la esquina de la Carrera de San Jerónimo o del Palacio de la Moncloa.

No quiero decir con esto que no se deba buscar el diálogo más amplio posible, que no haya cuestiones que sea urgente tratar con el estado, ni que el conflicto político se pueda resolver sin que en la solución "estén todos". Pero pienso que un escenario como el actual, en el que quienes afirmamos el derecho de este pueblo a decidir no somos capaces ni siquiera de establecer unas referencias mínimas comunes, es muy negativo. Pensemos, por ejemplo, en qué situación nos encontraríamos ahora mismo para responder al rotundo no del parlamento español si se hubieran rehecho las relaciones y recreado las condiciones de Lizarra-Garazi. Imaginemos en qué condiciones nos encontraríamos, en tal caso, para acordar el qué, el cuándo y el cómo de la consulta popular.

No parece que esté próxima la recomposición en esta clave de las huestes dispersas tras el estallido de Lizarra-Garazi. Es posible incluso que aquel escenario no llegue a repetirse. La cuestión es, en cualquier caso, la de si la consecución del acuerdo más amplio posible entre las fuerzas autodeterministas es un paso necesario de la estrategia por la autodeterminación. En ELA creemos que sí.