Memoria y justicia para superar el olvido oficial

El régimen fascista impuesto tras la sublevación militar de 1936 generalizó la represión en Hego Euskal Herria. ELA, como otras muchas organizaciones, padeció la represión por su lucha a favor de la democracia: muchos afiliados y afiliadas fueron a la cárcel, a campos de concentración, fueron ejecutados o forzosamente exiliados; la organización como tal sufrió “la pérdida total de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes”.

Los niveles de represión militar, política, social y cultural cobraron especial violencia en Hego Euskal Herria, si bien contemplaron matices diferenciados y grados de perfeccionamiento distintos, según el territorio. Navarra, que no registró frente de guerra alguno, padeció a pesar de ello una represión singular: más de 3.400 personas fueron asesinadas en un puro ejercicio de venganza. Personas cuyo único delito había sido colaborar o simpatizar con una Navarra más justa, más solidaria, euskaldun o defensora del comunal, fueron exterminadas de forma sistemática. El terror se inoculó entre los nuestros, que tuvieron que soportar además durante décadas la prepotencia de los asesinos y los beneficiados de sus prácticas. Fueron los años donde además se consolidaron estructuras de poder y de influencia que, en gran parte todavía, permanecen y siguen adoleciendo de una mínima raigambre democrática y transparencia.

El dolor de las víctimas, incluso la existencia de muchas de ellas, jamás fue reconocido; víctimas y familiares fueron condenadas a vivir como si nada hubiera pasado, sin posibilidad de duelo, de llorar a sus muertos desparramados en fosas y cunetas. Pese a ello, muchos enarbolaron la bandera de la dignidad esperando que a la muerte del dictador se restauraría, con la democracia, la memoria.

Sin embargo, la amnesia del sufrimiento–junto a otros elementos como la partición territorial o la monarquía– se constituyó en uno de los puntales de la llamada transición política española, como condición impuesta a los vencidos para poder inaugurar un nuevo régimen “democrático” homologado en el concierto internacional.

ELA cree que es de justicia recuperar y reparar la memoria. Que deben ser transmitidas la historia de tanta violencia a las siguientes generaciones y que los familiares tienen derecho a algo tan elemental como el duelo y la verdad. Pero ELA cree además, que esa memoria es condición necesaria también para el cambio político al que aspira, toda vez que su ejercicio desvela la verdadera naturaleza del sistema político vigente. Los pasos sucesivos que en la lucha por su recuperación puedan darse contribuirán sin lugar a dudas a hacer ese cambio más posible.

Por todo ello, este congreso confederal, exige a los poderes públicos que se admitan las correcciones que diferentes organismos que trabajan en pos de la recuperación de la memoria han planteado a la llamada Ley de Memoria Histórica. Sólo las víctimas de la represión de los militares sublevados contra la República y del régimen franquista- apoyados por las estructuras de poder de la Iglesia- necesitan la reparación moral y el reconocimiento jurídico y político. Una ley debe condenar además la dictadura y declarar ilegítimos a sus órganos represores, desde el Tribunal de Responsabilidades Políticas hasta el Tribunal de Orden Público, y a las sentencias emanadas de ellos.

Exige también a los Gobiernos de Iruñea y Gasteiz la eliminación sistemática de todos aquellos símbolos que hagan ostentación del régimen franquista en nuestros pueblos y barrios y que constituyen una afrenta para los que padecieron la dictadura. No puede consolidarse una democracia perpetuando la injusticia que supone el contemplar símbolos de exaltación de un régimen criminal.

Exigimos, asimismo, la restitución de la memoria y buen honor de cuantas organizaciones fueron represaliadas y condenadas a la clandestinidad, a la vez que reclamamos la compensación íntegra de los bienes incautados tras la sublevación.

Es inexcusable exigir también que instituciones públicas y privadas, incluida la iglesia católica, faciliten el acceso a cuanta información dispongan al respecto, posibilitando así el pleno conocimiento de los hechos para la recuperación de la memoria.

Con esta resolución, ELA recoge nuevamente el testigo de quienes trabajaron en escuelas, fábricas, campos, casas y centros de trabajo por un futuro de libertad y justicia para nuestro pueblo.