La aceptación de las políticas de austeridad y la negativa a una reforma fiscal condicionan un presupuesto claramente antisocial y nada participativo
El Consejo Económico y Social celebrado hoy ha sido una vez más un trámite en la elaboración del presupuesto de Navarra para 2020. La participación social y sindical tampoco es una prioridad para este Gobierno de Navarra. No se dan unas condiciones mínimas participación, ya que no hay ni información suficiente ni tiempo para analizar el presupuesto, pero sobre todo, no hay voluntad política. Ninguna de las aportaciones o críticas hechas por quienes hemos acudido al CES será incorporada al presupuesto ni se va a tener en cuenta.
El compromiso del Gobierno de Navarra de cumplir con las políticas de austeridad (regla de gasto, límite de déficit, pago de la deuda, tasa de reposición...) y la negativa a una reforma fiscal que aumente la recaudación de forma justa condicionan un presupuesto claramente antisocial en el que se priorizan los intereses de las entidades financieras por encima de las necesidades sociales. Prueba de ello es la decisión del Gobierno de Navarra de destinar el superávit de 2018 a amortizar deuda, incumpliendo incluso una moción del Parlamento de Navarra. Por otro lado, la reforma fiscal aprobada la semana pasada perpetúa un sistema fiscal injusto en el que las rentas del trabajo cargan con el peso de la recaudación mientras que las empresas aportan cada vez menos. La eliminación del gravamen al patrimonio empresarial supone rebajar aún más los impuestos a las empresas, algo totalmente inaceptable cuando Navarra es el territorio de todo el Estado donde menos Impuesto de Sociedades se paga.
Además este presupuesto prevé financiación para el diálogo social. Esto, junto con la reactivación del Consejo del Diálogo Social, ratifican la apuesta de este Gobierno por volver a los tiempos de Sanz y Barcina en el que se garantizaban paz social a costa de financiar con dinero público a UGT, CCOO y la CEN. Asimismo, este presupuesto contempla un estructura de Gobierno totalmente desmesurada, cuyo coste ha sido cuantificado por el propio ejecutivo en más de 6 millones de euros anuales.
Por último, ELA emplaza a que la izquierda institucional ejerza de oposición y sirva de instrumento para aquellas fuerzas sindicales y sociales que defendemos la transformación radical de las políticas presupuestarias y fiscales.