El 37% de los fondos para la formación continua en 2010 para la patronal, CCOO y UGT

ELA ha denunciado que EL 37% de los fondos destinados en 2010 en la CAPV a la formación continua a través de Hobetuz se asignaron directamente a la patronal, a CCOO y a UGT.

Estos datos confirman que cada año crece el porcentaje de los recursos públicos que van a parar a estas organizaciones. En 2009 se les atribuyó el 34% y un año más tarde el 37%.

 En concreto, en 2010, CCOO y UGT recibieron 2.075.000 euros cada organización, y las distintas organizaciones empresariales obtuvieron la cantidad 3.557.657 euros. Así, la patronal y CCOO y UGT se autoasignaron (con el acuerdo del Gobierno Vasco) el mencionado 37% del total de los fondos que Hobetuz gestiona para formación continua.

Resulta paradójico que siendo el montante general de la ayuda inferior al de los años anteriores (20,7 millones de euros en 2010, frente a los 21,2 millones del año anterior), las cuantías asignadas a los miembros de la mal llamada mesa de diálogo social sean superiores a los años precedentes.

ELA entiende que la formación debe ser impartida por la red de centros de formación de la CAPV, y no por organizaciones cuyos fines no son, precisamente, la formación. 

Cabe recordar que la aceptación por parte del Gobierno Vasco de los fondos ofrecidos por el Gobierno español para formación continua, condicionando los mismos a la aplicación del modelo español, y en contra de las decisiones de Hobetuz, supuso la salida de ELA (conjuntamente con LAB) de dicho organismo. 

El actual modelo de Hobetuz, copia del estado, supone un fracaso, ya que es reconocida su baja calidad y no responde a las necesidades existentes en la CAPV en materia de formación. Es una apuesta por la privatización y el lucro de las entidades que se financian con fondos públicos. 

Lo que ocurre en formación continua es un ejemplo más de cómo las instituciones utilizan el diálogo social como coartada para aplicar políticas que perjudican a la clase trabajadora. Todo vale  a cambio de la asignación y gestión de una parte de los fondos públicos por las organizaciones que forman parte de dicho diálogo.

Esta claro que las políticas resultantes del diálogo social no sirven para resolver los problemas de la clase trabajadora. La actual crisis económica así lo evidencia.