Regularización y SMI propio por antirracismo y justicia social

Mientras la mayoría sindical vasca se halla inmersa en la preparación de la huelga del 17 de marzo, este hito de la democracia pretende ser un avance importante en los derechos fundamentales de las personas migradas que ya se encuentran en este territorio, y nos pone delante una serie de cuestiones:

Por un lado, que la ILP como herramienta fundamental para la participación ciudadana sirve para avanzar en derechos, y no es posible entender, cuando de democracia se trata, que los gobiernos den la espalda, como ha sucedido en la CAPV y Navarra con la ILP por un SMI propio, apoyado por 140.000 firmas y como ocurrió con la iniciativa para la equiparación de las pensiones al SMI llevada a cabo por el movimiento de pensionistas de Euskal Herria. Ambas buscaban un reparto más justo de la riqueza, y mejorar las condiciones de vida de muchas personas, principalmente mujeres y personas migradas.

Por otro lado, que las luchas feministas, antirracistas y de clase deben ir de la mano, porque no es posible avanzar en derechos cuando cientos de miles de personas que se encuentran en situación administrativa irregular no pueden acceder a un empleo ni a otros derechos fundamentales.

Y por último, que la lucha antirracista no concluye con la regularización de estas personas. Necesitamos seguir avanzando para la abolición definitiva de la Ley de Extranjería, y en la mejora de las condiciones materiales y de vida de quienes ya han podido regularizar su situación administrativa.

Por eso decimos que la lucha por la regularización de las personas migradas y la lucha por un salario mínimo interprofesional propio de al menos 1500 euros deben ser parte de un mismo continuum de reivindicaciones, entre otras cosas, porque en ambos casos hablamos de mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, no como un gesto de caridad, sino como una medida fundamental de justicia social.

En un contexto en el que EEUU nos deja las imágenes más atroces de racismo a través de las continuas vulneraciones de derechos humanos llevadas a cabo por la ICE, la amenaza de la ultraderecha no es algo ajeno en este territorio, y tenemos que estar preparadas.

En ese sentido, la lucha no termina con la aprobación de la regularización mediante dicho decreto ley; debemos asegurar que esa ley sea realmente garantista y seguir avanzando en derechos, ya que esta es la mejor forma que tenemos de frenar a la ultraderecha.

No hay lucha de clases ni feminismo sin antirracismo. El 17 de marzo nos vemos en la huelga general.