Diferentes organizaciones sindicales y sociales exigen incrementar el presupuesto para vivienda

Situación ACTUAL DEL DERECHO A LA VIVIENDA

El derecho a la vivienda no existe en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ni en el conjunto de Euskal Herria. Muestra de ello es que 145.000 jóvenes no puedan emanciparse por la precariedad laboral y el alto precio de la vivienda. De hecho, un 11,5% de la población asegura que quiere formar un hogar independiente y no puede hacerlo a pesar de que tres de cada cuatro personas afectadas tengan un empleo. Además, quienes se emancipan, lo hacen a costa de un esfuerzo económico y personal sobre-humano.

La actual situación de crisis no ha hecho sino empeorar la situación, ya que a los problemas ya existentes, se le suma el dramático aumento del desempleo, con la consiguiente incapacidad de hacer frente a los gastos en vivienda. Así, son numerosas las personas que están siendo  desahuciadas, habiendo una media de 4 casos diarios e incrementándose en un 20% el número de juicios por impagos. Por su parte, se permite que los Ayuntamientos sigan incumpliendo la ley según la cual los municipios de más de 20.000 habitantes deban disponer de alojamientos de emergencia para dar solución a estas casuísticas.

Respuesta de las administraciones

El Gobierno Vasco hace caso omiso de esta lacra de la vivienda, y destina a esta materia tan sólo el 0,3% del PIB. Es más, en plena crisis, cuando mayores son los problemas de acceso a la vivienda, disminuye el gasto público en vivienda; resulta asombroso que el gasto presupuestado para el ejercicio 2010 (178,1 millones de euros) haya sido el más bajo desde 2007.

Además, en vez de incrementar el número de viviendas protegidas en alquiler (aumentado el gasto público), el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales han preferido seguir alimentando la espiral de precios de las viviendas en propiedad. De hecho, las desgravaciones fiscales han sido el motivo de gran parte del aumento de los precios durante la burbuja inmobiliaria, llegando a estimarse que han supuesto entre un 15% y un 20% del incremento del precio de la vivienda. En su política de favorecer las desgravaciones fiscales, han  llegado a una situación en la que estas desgravaciones duplican el gasto público (425,2 millones frente a los 188,9 millones en el ejercicio 2007, año en el que se dejó de publicar esta información en el proyecto de presupuestos). Así, cada año, más del 90% de las desgravaciones en vivienda acaba teniendo como destino la propiedad.

Ahora que la situación económica no es buena, y el sector de la construcción ha dejado atrás su época dorada, el Gobierno Vasco está utilizando la política de vivienda para potenciar el mercado inmobiliario y el sector de la construcción, dejando de lado su función de garantizar el derecho a la vivienda.

REIVINDICACIONES

-    Exigimos al Gobierno Vasco que priorice las necesidades sociales, entre ellas la de la vivienda, dando respuesta a las mismas en esta situación tan sangrante. Para ello resulta necesario incrementar sustancialmente la dotación presupuestaria para vivienda, siendo el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2011 una oportunidad que no puede ser perdida.

El de la vivienda es un derecho tan básico como el de la sanidad o la educación, y por tanto, habría que equiparar su dotación presupuestaria al de estos departamentos, de forma que al pasar del 0,3% del PIB actual al 5% del PIB que se destina en sanidad, se multiplicaría por 17 la dotación presupuestaria actual en vivienda.

-    Pedimos al Gobierno aumentar considerablemente la oferta de vivienda pública en alquiler, priorizando sacar al mercado las viviendas vacías y no mediante la nueva construcción. Resulta necesario alcanzar el nivel de alquiler social de los países más avanzados a nivel europeo.

En concreto, el 35% de las viviendas son de alquiler social en Holanda, el 27,2% en Dinamarca, el 24% en Suecia, y el 17,2% en el vecino estado francés, mientras que en