ELA denuncia el acuerdo de liberaciones sindicales en la Administración del Estado

Este acuerdo deriva del decreto aprobado el 13 de julio por el gobierno de Rajoy en el que planteaba, entre otras medidas, la supresión de la paga extra, el aumento de la jornada por diferentes vías, la eliminación de los complementos a la incapacidad, la falta de sustituciones y la eliminación de empleo público. También recogía la eliminación de los derechos sindicales para la defensa colectiva de los trabajadores/as de los servicios públicos.

En la reunión de la Mesa General de la Administración General del Estado del 29 de octubre, los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, USO y CIG llegaron a un acuerdo con el gobierno de Rajoy en materia de liberaciones, obviando los restantes apartados del decreto de julio que han supuesto el mayor ataque conocido contra los trabajadores/as de los servicios públicos.

ELA ha venido defendiendo que lo único que corresponde negociar es el modo en que se deben restituir todos los derechos laborales, sociales y sindicales eliminados por el gobierno español; todo lo demás es aceptar el chantaje al que pretenden someternos. Tras constatar que se excluía

la opción de negociar un marco global de restitución de derechos y se aceptaba lo propuesto, ELA ha reiteró su rechazo al acuerdo alcanzado por el resto de sindicatos y no acudió a la

reunión.

Además de subrayar la gravedad del acuerdo que da cobertura al decreto de Rajoy en este apartado, tenemos que denunciar que el acuerdo será sólo de aplicación a las organizaciones que lo firmen, esto es, para aquellas que acepten el chantaje del gobierno. Ante este acuerdo discriminatorio que limita el derecho a la defensa colectiva, ELA interpondrá el pertinente recurso solicitando la anulación del acuerdo por su carácter discriminatorio.

El Gobierno de Rajoy pretende así comprar voluntades a cambio de unas cuantas liberaciones sindicales, cuando ha sido precisamente él quien las ha anulado. Pretende, también, condenar al ostracismo a quien no comparte la restricción de derechos discriminándolo injustamente. ELA se reafirma en su compromiso con los trabajadores/as de los servicios públicos y será coherente con su posición, sin aceptar migajas ni tolerar chantajes. ELA persistirá en su trabajo de organización de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos para activar la concienciación y la lucha ante los recortes presentes y venideros.

Es importante señalar que a este acuerdo de liberaciones se llega en el mismo momento que la Ministra de Empleo confirma que el paro ha crecido por la destrucción de empleo en el sector público y la vicepresidenta del Gobierno anuncia, entre otras medidas, una Comisión para la

R eforma de la Administración Pública y los procedimientos que hay que seguir para que se puedan hacer despidos colectivos del personal laboral de la Administración.