Limitación del acceso a la justicia

El proyecto señala que se impondrá una tasa de 550 euros para los recursos de suplicación y de 750 euros para los de casación.

La imposición de tasas es un ataque frontal al acceso a la justicia. Supone un paso más para que solo puedan acceder a la justicia quienes tienen un determinado nivel de ingresos, dejando sin derecho real a los colectivos sociales más desfavorecidos. Solo podrán recurrir quienes se lo puedan permitir, restringiendo el acceso al servicio público de la justicia. De esta forma se va en contra del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El papel protector de la justicia, su función de equilibrar las relaciones de poder para evitar que la parte más fuerte imponga a la débil condiciones injustas, queda muy tocado con estas medidas.

Por otro lado, las tasas son un impuesto puro y duro, con ánimo recaudador (el gobierno pretende recaudar 140 millones de euros más al año con las nuevas tasas). En ningún caso estas tasas son un punto final. Abren el camino a implantar nuevas tasas futuras y a que se incrementen las cuantías de las existentes.

En línea con las últimas reformas (como la limitación del acceso a la sanidad) el gobierno recurre a la vía económica, estableciendo con carácter general las tasas.

Las formas acompañan al fondo del asunto. El gobierno, una vez más, ha evitado el debate en el Pleno del Congreso. Tramitan la reforma por la vía de urgencia, habiéndose ya aprobado el texto en una Comisión del Congreso. Ahora va al Senado, donde se pretende dar carpetazo al asunto rápidamente, evitando el debate social, a pesar de contar con la oposición de todo tipo de organizaciones sociales y de quienes trabajan en la Justicia.